La jefa de la Fiscalía Federal en la Isla, Rosa Emilia Rodríguez informó el lunes que el jueves pasado un gran jurado federal sometió una acusación con 17 cargos contra el exteniente del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, Sergio Calderón Marrero por una conspiración para obtener permisos ilegales de portación armas para obtener ganancias de más de 100 mil dólares.

Según Rodríguez, la acusación es por conspiración para cometer fraude de identidad, producción ilegal de documentos de identificación, robo de identidad agravado, tentativa de manipulación de testigos y tentativa de obstrucción de la justicia.

La fiscal federal detalló que Calderón Marrero habría obtenido certificados falsificados de cursos para portar armas, habría falsificado firmas de sus clientes y que utilizaba el sello notarial de un abogado y notario público fallecido para eludir el proceso legal correspondiente para obtener el permiso de armas.

Rodríguez dijo que según la acusación, entre enero de 2012 y febrero 18 de 2014, el imputado conspiró para violar las disposiciones para la otorgación de permisos de armas. El individuo cobraba a sus clientes por concepto de cuotas y servicios que no que fueron prestados y entregó los documentos falsos a la Policía.

Por otro lado, la fiscal federal señaló que el esquema de Calderón Marrero involucró permisos falsos y declaraciones juradas falsas y usó ilegalmente la identificación de otra persona que contenía el nombre y firma del superintendente de la Policía. Además, utilizó los nombres de los sujetos de los permisos y el nombre del abogado fallecido.

Rodríguez señaló que este caso fue investigado por el personal del Negociado Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés). El mismo está a cargo de los fiscales Luke Cass y José Capó Iriarte. Si resulta convicto, el acusado enfrenta 15 años de prisión por identidad de fraude, 15 años por producción de documentos de identificación falsos, 20 años por intentar manipular testigos y dos años por robo de identidad agravado. Además, el imputado enfrenta una orden de confiscación por 105 mil dólares.