No empece a los movimientos de vecinos influyentes en contra del desarollo económico y turístico de Ocean Park, en Condado, el Tribunal Supremo falló a favor de la hospedería Hostería del Mar y en contra de la organización Calidad de Vida Vecinal que, como supuesta representante de los vecinos del sector, buscaban que el establecimiento fuera declarado estorbo público.

Esa decisión del máximo foro judicial de la Isla permite que la estructura hotelera continúe operaciones de forma regular en la zona costera. Sin embargo, aún falta que la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPE) conteste una solicitud de los propietarios del local para convertirlo en un hotel boutique.

Hostería del Mar no es la única propiedad turística en OceanPark que ha llegado a los tribunales en pleitos presentados por la organización de vecinos.

Al igual que ese lugar, el guesthouse DreamCatcherparalizó sus operaciones esta misma semana por orden del Tribunal de Primera Instancia en San Juan, solicitud que el ayuntamiento presentó en el foro judicial alegando que el permiso era nulo pues nunca se celebraron vistas públicas para el inicio de los trabajos en la hospedería. Ese permiso, no obstante, fue otorgado en abril 2013 por el mismo Municipio de San Juan.

A tales efectos y luego de que 21 turistas quedaran en la calle con el cese de los trabajos, la propietaria de la casa de huéspedes, Sylvia de Marco, pidió una reconsideraciónal tribunal.

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‘En qué les afecta a estas personas mi pequeño negocio cuando ni siquiera viven en la calle donde está Dreamcatcher? Voy a defender mi casa y las habichuelas de mis empleados. Nadie tiene derecho a dictar lo que yo hago dentro de mi hogar. Este clima de abuso y atropello daña a las pequeñas empresas que nos estamos levantando en Ocean Park’, puntualizó de Marco quien atribuyó el cierre de su negocio a las presiones que el MSJ recibió del matrimonio entre María Luisa Ferré Rangel y Ciryl Meduña, vecinos de la exclusiva urbanización.

De Marco denunció, además, que la administración de la alcaldesa, Carmen Yulín Cruz Soto, teniendo sus propios abogados y lidiando con un municipio con problemas económicos, contrató los servicios legales del exsecretario de Justicia, Roberto Sánchez Ramos, para que la represente.

En una vista ante la Oficina de Gerencia de Permisos el pasado 11 de septiembre, del lado del abogado de la alcaldesa se encontraba la licenciada Maretsa Rodríguez Portela, quien dijo representaba a la presidenta del Grupo Ferré Rangel, María Luisa Ferré Rangel, y su esposo, Cyril Meduña, residentes de la urbanización y promotores de las acciones contra ambos negocios.

La paralización de labores en DreamCatcher dejó sin trabajo a 12 empleados que hasta nuevo aviso no devengarán ingresos.