En el contexto de sus contratos con el gobierno y las miles de horas que ha facturado.

El asesor de comunicaciones Carlos Bermúdez Urbina ha sido referido por posibles violaciones de ley a cinco instrumentalidades fiscalizadores, además al Senado y la Compañía de Turismo de Puerto Rico.

El referido, que es anónimo, le pide a la Oficina del Inspector General, a la Oficina del Contralor, a la Oficina de Ética Gubernamental y  a los departamentos de Justicia y Hacienda investigar alegaciones realizadas contra Bermúdez Urbina, colaborador por años de la gobernadora Jenniffer González y suscribiente de múltiples contratos de servicios profesionales con entidades gubernamentales a través de su compañía OEIL, Inc.

La petición de investigación emana de un reportaje del Centro de Periodismo Investigativo que se centra en la figura de Bermúdez Urbina y que fue publicado el 25 de agosto. Entre otras revelaciones, indica que entre marzo y diciembre de 2025, la compañía del publicista facturó 1,688 horas, a razón de $100 y $120 cada una. En total, son $185,450 en 10 meses, es decir, poco más de $18,500 mensuales en promedio.

“Este referido no pretende establecer como hechos probados las alegaciones contenidas en publicaciones periodísticas, ni atribuir responsabilidad civil, administrativa, contributiva o penal a ninguna persona. Su propósito es solicitar que las autoridades competentes corroboren o descarten las alegaciones mediante documentos oficiales, contratos, facturas, registros de horas, registros contributivos, nóminas, comunicaciones, acuerdos interagenciales, testimonios y cualquier otra evidencia pertinente”, lee el escrito anónimo.

En el caso de la Compañía de Turismo, se busca que se aclare cualquier posible conflicto de interés en que haya incurrido Bermúdez Urbina al haber recibido auspicios, incentivos o pago y su relación con las empresas Sorasan Productions LLC, Publicidad Tere Suárez y San Juan Moda.

“Se solicita, además, que como parte de la investigación se examinen los contratos, facturas, órdenes de compra, solicitudes y aprobaciones de auspicio, comunicaciones, informes, registros de pagos y cualquier otra documentación pertinente que permita establecer los hechos. El propósito de este referido no es prejuzgar la existencia de un conflicto de interés, sino solicitar una investigación independiente y objetiva que permita determinar si los hechos descritos ocurrieron, si fueron debidamente divulgados y si se observaron los controles internos, políticas y normas aplicables”, se indica.