Durante la noche del martes, alrededor de una docena de residentes de Condado se apostaron con sus sillas entre la calle Barranquitas con la Avenida Ashford para que la compañía AR5 Group no terminara de instalar un gigantesco ‘billboard’ en la zona.

Cuando los residentes se percataron del movimiento de un camión grúa con materiales adicionales para el ‘billboard’, a pesar de que supuestamente la Oficina del Inspector General de Permisos (OIGPE) revocó el permiso de construcción, llevaron sus sillas hasta el lugar para que no siguieran el trabajo de instalación.

Jennifer Mayo, Inspectora General de Permisos, explicó en un comunicado de prensa que ‘uno de nuestros inspectores intervino de inmediato con las personas que se encontraban en el predio objeto de la controversia. Sin embargo, ellos evidenciaron la existencia de un permiso de construcción emitido por la Oficina de Gerencia de Permisos’.

De acuerdo a la información ofrecida por la titular, la Ley 161 del 2009 es la que establece los procesos que se llevan a cabo para la solicitud, revisión y fiscalización de estos permisos. La Oficina de Gerencia de Permisos es la encargada de evaluar estas solicitudes de permiso, mientras que la Junta Revisora de Permisos y Uso de Terrenos tiene la facultad legal de revisar las determinaciones finales de la Oficina de Gerencia de Permisos cuando una parte así lo solicite dentro de los 20 días de emitido el mismo. Una vez emitido un permiso y concluido el periodo de revisión, éste se presume correcto y válido. Esta presunción solamente puede ser rebatida mediante un proceso judicial ante el Tribunal de Primera Instancia.

‘Hay que entender que en este caso existe un permiso para la construcción emitido por la Oficina de Gerencia de Permisos. Nosotros hemos realizado una auditoría expedita de dicho expediente para poder rebatir la presunción de corrección y legalidad del permiso. De hecho, hemos detectado varias irregularidades en la emisión del mismo. Por tal razón, emitimos la Orden Temporera para la paralización de la obra y recurrimos al Tribunal de Primera Instancia para solicitar la paralización permanente,’ aclaró Mayo.

‘Nuestra agencia no tiene facultad legal para revocar permisos. Ese proceso tenía que llevarse ante la Junta Revisora y no se hizo. Ahora, el único remedio disponible es a través del Tribunal’, añadió.

La queja generalizada entre los residentes es en cuanto a la contaminación lumínica que representaría una instalación de este tamaño.

Según uno de los portavoces comunitarios, Ricky Díaz, la protesta se decidió porque a pesar de la revocación del permiso, y una orden de cese y desista del tribunal, la compañía decidió continuar su trabajo, que ya incluía la base para el letrero. Además, la estructura preliminar ya tiene conexión eléctrica. La orden de cese y desista había sido entregado al dueño del terreno donde se construye el proyecto, José Passalacqua.

Para el 24 de septiembre se sostendrá la vista sobre este caso.

El camión grúa aún no sale del lugar y los residentes no están dispuestos a acostarse si no se marcha con los materiales. ‘No nos vamos del lugar si no sale el camión’, sentenció Díaz.

Demanda OIGPE – NotiCel_4012