Otro cambio que propone la nueva ley es la sustitución del “Permiso Único” por un “Registro de Uso”.

El proyecto para crear la nueva “Ley para Simplificar el Sistema de Permisos de Puerto Rico” fue presentado ayer por el presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, y entre las propuestas de la medida, está el requerimiento de una evaluación ambiental solo en los proyectos que causarían un impacto significativo.

El proyecto está basado en las recomendaciones del informe del task force creado el pasado año por orden ejecutiva de la gobernadora, Jenniffer González Colón, y que propuso una “reforma integral del marco legal, operativo y tecnológico para acortar tiempos de tramitación y modernizar la fiscalización” de los permisos.

La medida busca declarar política pública “que los procesos que rigen la emisión de permisos sean sencillos, de suerte que impulsen el desarrollo y el disfrute de la propiedad, sin desplazar nuestra responsabilidad de proteger nuestros recursos naturales”.

De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto, el principio rector de la nueva ley será que “quienes cumplen la ley no deben enfrentar obstáculos para emprender, construir, crear un negocio o generar riqueza. Quienes mienten, falsifican o manipulan el sistema para obtener un permiso que no merecen enfrentarán consecuencias igualmente severas”.

El marco legal que creará la nueva ley busca facilitar que los empresarios puedan “emprender, invertir y crear riqueza con mayor certeza y agilidad” y que los usos y las obras se integren de manera ordenada y responsable a las comunidades, a la infraestructura existente y al medio ambiente.

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Agrega la medida que la evaluación ambiental “se limitará al análisis del impacto ambiental real de la actividad o acción propuesta, y será requerida únicamente en aquellos casos en que dicho impacto sea significativo, entendiendo que la mayoría de los permisos de construcción son en áreas ya impactadas o con infraestructura existente”.

“Es importante enfatizar que, al realizar esta evaluación, no podrán considerarse elementos ajenos al componente ambiental, que no guardan relación directa con la protección del medio ambiente. De esta forma, la ley busca evitar que ciudadanos y desarrolladores enfrenten retrasos irrazonables por trámites que no están vinculados a las condiciones ambientales de sus proyectos”, agrega la medida de Rivera Schatz.

También desparece el Permiso Único

Otro cambio que propone la nueva ley es la sustitución del “Permiso Único” por un “Registro de Uso”. El registro se basa en la creencia de que nadie debe necesitar un permiso del gobierno para comenzar una actividad económica que cumpla con los objetivos de la ley.

“El ciudadano notifica. El Estado registra. La fiscalización opera después, no antes. Y quienes hayan decidido qué usos son compatibles en cada zona no son los funcionarios de turno mediante evaluaciones caso a caso — son las propias comunidades, a través de las decisiones acumuladas que han dado forma a su entorno a lo largo del tiempo”, afirma la medida, identificada como P. del S. 1173.

Prometen reducir la discreción administrativa

El proyecto de Rivera Schatz también dice que, de aprobarse la nueva ley, se reducirán de forma “significativa la subjetividad y la discreción administrativa”.

“Esta discreción quedará limitada únicamente a aquellos casos en los que concurran elementos que razonablemente no puedan ser automatizados, o a solicitudes que no cumplan con los requisitos establecidos en este estatuto y que requieran un cambio formal en la clasificación del suelo, los parámetros aplicables o la intensidad autorizada”, dice también la medida.

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