AEE: Reclamaciones de consumidores no traen costos adicionales
Por su parte, LUMA entiende que armar un equipo para atender las reclamaciones de los abonados le costaría $1.5 millones anuales.
(Archivo/NotiCel)
Tras cuatro meses de discusión pública y litigio, el primer estimado de lo que podría costar que ahora LUMA no sea inmune a reclamaciones de los abonados por negligencia en sus operaciones es $1.5 millones.
Tanto el operador de la red eléctrica, LUMA Energy, como el operador de las plantas termoeléctricas, Genera PR, y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) tuvieron que someter por escrito ayer al oficial examinador del Negociado de Energía (NE), Scott Hempling, sus estimados de los costos adicionales que trae la decisión del Tribunal Supremo del 1 de diciembre que eliminó el relevo de responsabilidad que disfrutaba LUMA.
Las entidades hicieron sus estimados en el contexto del proceso de revisión tarifaria que continúa en el NE y como parte del cual se intenta hacer una proyección de cuánto costará correr el sistema, para así llegar a cuánto será el aumento en la tarifa básica. Esta tarifa no cambia desde 2017.
El estimado de $1.5 millones compara con los entre $1,231 y $1,648 millones que suma la petición presupuestaria de LUMA. En el escenario presupuestario más grande, sería un 0.1%.
Ninguna de las tres entidades presentó al negociado un cálculo del monto de las reclamaciones que los abonados podría presentar. Pero la AEE señaló que sus corredores de seguros le indicaron que ese riesgo de pagar enseres dañados se puede cubrir en la cobertura actual y sin aumento de primas. “Por tanto, la AEE espera no tener costos incrementales asociados con la decisión del Supremo”, consignaron. Genera, por su parte, no proveyó realmente una respuesta y dijo que necesitaba de seis meses a un año para tener claridad sobre las implicaciones de la decisión para ellos.
El relevo de responsabilidad solo existe desde que LUMA entró a operar el sistema en 2020. Antes de eso, la AEE estaba expuesta a responder por daños. A pesar de esa trayectoria de décadas, el operador privado planteó a Hempling que, “al presente, no hay una base para estas cantidades (de las reclamaciones) y, por tanto, LUMA no tiene punto de partida para desarrollar un estimado”. En contradicción a lo que dijo la AEE sobre su seguro, el operador afirmó que es “incierto” que aparezcan aseguradores con los que puedan cubrir este riesgo.
El operador, sin embargo, proveyó su estimado de lo que costaría desarrollar la estructura para atender las reclamaciones, que es lo que sumaron en $1.5 millones. Esto incluye retener abogados, personal adicional de servicio al cliente, analistas y peritos electricistas que puedan verificar las reclamaciones. De esa cantidad, unos $400,000 corresponden a un gasto único, no recurrente, para desarrollar un sistema de querellas en línea.
LUMA no dijo directamente a Hempling que estos costos deban ser recuperados a través de la tarifa. Pero la corporación pública sí subrayó que los costos “caen dentro de las responsabilidades operacionales de LUMA, no de la AEE”.
“Intentos de revertir los límites de responsabilidad resultarán en un aumento en las tarifas de la luz”, había dicho el presidente de LUMA, Juan Saca Asencio, cuando el Supremo acogió la demanda del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) sobre el relevo de responsabilidad. “Reiteramos que cualquier cambio en el relevo de responsabilidad podría afectar el costo y la operación del sistema eléctrico de Puerto Rico, el marco legal actual y el plan fiscal para la AEE”, dijo el operador después de la decisión del Supremo.
Durante la vista de revisión tarifaria ayer, surgió también que LUMA ni Genera PR tienen detalles todavía sobre la Reserva del Sector Energético que el gobierno creó y que debe tener $683 millones. LUMA también criticó el flujo de dinero que provoca la interacción entre la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3) y la Administración Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y lo señaló como razón para la falta de progreso en proyectos de reconstrucción.
“El dinero es nuestro mayor obstáculo hoy día para realizar el trabajo”, declaró Andrew Smith, principal oficial financiero de LUMA.
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