La decisión de frenar una medida aprobada por consenso legislativo vuelve a encender las tensiones entre Senado y Cámara y reabre el debate.

El veto de la gobernadora Jenniffer González Colón al Proyecto del Senado 752 (P. del S. 752), que buscaba restringir el uso de escoltas a exfuncionarios públicos y exgobernadores, no solo detuvo una iniciativa legislativa de alto consenso, sino que volvió a destapar una guerra interna dentro del Partido Nuevo Progresista (PNP) que llevaba semanas cocinándose en torno a este tema.

La medida, impulsada por el senador Juan Oscar Morales, pretendía modificar la Ley de la Policía de Puerto Rico para eliminar el derecho automático a escolta una vez los exgobernadores concluyeran su mandato, salvo que existiera una amenaza real y específica certificada por el superintendente de la Policía. Además, establecía la pérdida automática de ese beneficio para exfuncionarios convictos de delitos graves o menos graves, sin importar el foro judicial de la convicción.

Morales, por su parte, reaccionó este domingo con decepción al veto, al sostener que el proyecto respondía a un reclamo ciudadano de responsabilidad fiscal y uso eficiente de recursos públicos.

Según explicó, la medida permitiría un ahorro anual estimado entre $1.2 y $1.5 millones y no dejaba a los exfuncionarios desprotegidos, ya que contemplaba protección temporera en casos de riesgo comprobado.

Sin embargo, la decisión del Ejecutivo se dio en un contexto político marcado por el ‘tiri-jala’ entre el Senado y la Cámara de Representantes, particularmente por el caso de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, quien se declaró culpable en el Tribunal Federal por aceptar una promesa de contribución política antes de las primarias del PNP en 2020.

Pese a esa convicción, Vázquez Garced mantiene su escolta policial, amparada en lo que la Policía ha descrito como un derecho adquirido bajo el marco legal vigente.

El tema ha provocado fuertes choques internos en el PNP

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, criticó abiertamente a la Cámara por negarse a descargar la Resolución Conjunta de la Cámara 188, que buscaba retirar específicamente la escolta a Vázquez Garced. Para Rivera Schatz, la discusión no requería mayor análisis y debía resolverse con prontitud.

La Cámara, sin embargo, cerró el paso a esa resolución tras un debate entre el representante popular Ramón Torres Cruz y el presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez. Mientras Torres Cruz defendió la eliminación de la escolta como una medida de ahorro y justicia, Méndez sostuvo que el retiro de ese beneficio no está bajo la discreción del cuerpo legislativo mientras el ordenamiento jurídico reconozca el derecho a escolta para exgobernadores.

Paralelamente, el propio P. del S. 752 fue devuelto a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara, a pesar de que debía llevarse a votación en sesión ordinaria. El presidente de la comisión, Félix Pacheco, rechazó señalamientos de que el proyecto hubiese sido derrotado y aseguró que continúa en evaluación junto con la Resolución 188, mediante vistas públicas.

Durante ese proceso, el Departamento de Justicia expresó respaldo al proyecto del Senado, al considerar que es una medida razonable, proporcional y alineada con la política pública de ahorro y equidad, siempre que se garantice el debido proceso. Justicia advirtió, no obstante, que medidas dirigidas a cancelar escoltas en casos individuales, como la Resolución 188, podrían levantar señalamientos constitucionales.

Por su parte, el superintendente de la Policía, Joseph González, ha reiterado que la agencia se encuentra limitada por la legislación vigente y por determinaciones del Tribunal Supremo que reconocen las escoltas de los gobernadores como derechos adquiridos. Según explicó, la única vía para modificar ese escenario es mediante legislación expresa aplicable de forma prospectiva.

Actualmente, cuatro exgobernadores —Alejandro García Padilla, Luis Fortuño, Pedro Pierluisi y Wanda Vázquez— se benefician del servicio de escoltas. La división de Seguridad y Protección de la Policía cuenta con 39 agentes asignados específicamente a la protección de dignatarios, dentro de un cuerpo más amplio que supera los 100 efectivos.

Pese a que el P. del S. 752 logró avanzar previamente hasta La Fortaleza tras ser aprobado de forma unánime en ambos cuerpos legislativos luego de un comité de conferencia, el veto de la gobernadora devolvió el debate al punto de partida.

Más allá del contenido del proyecto, la controversia ha dejado al descubierto una fractura interna en el PNP entre quienes impulsan limitar privilegios y quienes defienden ceñirse estrictamente al marco legal existente.

Con el veto ya consumado y a la espera de una nueva propuesta desde el Ejecutivo, el tema de las escoltas continúa siendo un punto de fricción política, fiscal y partidista que mantiene la división del PNP a flor de piel.