La medida enmienda la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública y le impone requisitos adicionales a las solicitudes de información en poder de las agencias gubernamentales.

El secretario general del Partido Popular Democrático (PPD), Manuel Calderón Cerame y la coordinadora general del Movimiento Victoria Ciudadana, Eva Prados, se expresaron el domingo a la firma del Proyecto del Senado 63.

“Nuevamente, el País recibe otro golpe a la democracia por la mayoría del liderato Partido Nuevo Progresista (PNP). Esta medida tiene el repudio de las organizaciones periodísticas. La medida contó con la oposición de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD), en el Senado y la Cámara, así como de cuatro miembros del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara y de la representante de Proyecto Dignidad Lisie Burgos Muñiz, junto con los tres miembros del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP). Es una medida propia de las dictaduras que tanto critican”, dijo Calderón Cerame. en declaraciones escritas.

La medida enmienda la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública y le impone requisitos adicionales a las solicitudes de información en poder de las agencias gubernamentales. “Si usted requiere información pública, ahora se impone un término de 20 días laborales para la entrega de información, en lugar de los 10 días actuales, pero solo para aquellos documentos que no excedan las 300 páginas o que su antigüedad sea menor a tres años contados a partir de la fecha en que fue producido originalmente”, añadió.

Por su parte, Prados sostuvo que “desde Victoria Ciudadana denunciamos que el liderato legislativo del PNP ha actuado, en su primer año de este cuatrienio, de forma revanchista, autoritaria y antidemocrática, aprobando medidas sin un análisis riguroso, sin escuchar a los sectores expertos y sin evaluar seriamente sus consecuencias para el país. “El país necesita más democracia, más transparencia y más derechos, no menos. Desde el Movimiento Victoria Ciudadana continuaremos denunciando estos retrocesos y organizándonos para defender un Puerto Rico donde el gobierno rinda cuentas y donde se respeten plenamente los derechos humanos de todas las personas”, expresó Prados.

“En momentos en que la tecnología digital ha acelerado los procesos gubernamentales en todo el mundo libre, ahora en Puerto Rico se eleva a 30 días laborables para producir la información que sobrepase las 300 páginas o tenga tres años de antigüedad. Sumado a eso, el lenguaje de la medida deja permite la solicitud de una extensión de 20 días adicionales para cumplir con la petición de información. En resumen, esa medida tiene el efecto se reducir las garantías de fiscalización pública, pues se extienden los plazos de entrega de información y establecer nuevas condiciones para las solicitudes”, finalizó Calderón Cerame.

En tanto, la presidenta del Overseas Press Club, Wilma Maldonado Arrigoitía, calificó la firma como un duro golpe al derecho de la información y a la fiscalización pública.

“Al firmar este proyecto, la Gobernadora envía el mensaje de que, al igual que los líderes legislativos,
quiere poner trabas a la fiscalización y al acceso a la información o que le faltó liderato para enfrentar
al autor de esta medida que es el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz”, dijo Maldonado Arrigoitía.

«Las acciones de González desde que está en La Fortaleza han mostrado su interés en afectar el derecho a la información. Algunas de las prácticas de su administración han sido negar información pública, obligando a medios y a periodistas a recurrir al Tribunal, imponer el requisito de portar una identificación de prensa otorgada por el Departamento de Estado —que no constituye una licencia para el ejercicio periodístico en Puerto Rico— para cubrir sus conferencias de prensa, e incluso mantener parte de su calendario público oculto para algunos medios de comunicación. Tras casi un año en La Fortaleza, la Gobernadora no ha anunciado quién ocupa el cargo de secretaria o secretario de Prensa y los periodistas solo han asumido que el puesto recae en Marieli Padró. Contradictoriamente, entre el paquete de medidas que firmó González se encuentra la ahora Ley 152- 2025 que “reducir significativamente el gasto público, que el gobierno sea ágil, eficiente y menos burocrático, y que mejore sustancialmente la prestación de servicios al pueblo”, pero el PS 63 (Ley 156-2025) establece un proceso que es contrario a todo lo antes descrito», agregó.