La primera ejecutiva denunció, además, un patrón de chantaje por parte del operador energético.

Luego que la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, anunció un paso decisivo con demandas para disolver el acuerdo con LUMA Energy con miras a conseguir otro operador privado, las reacciones y preocupaciones no se han hecho esperar.

Sin embargo, en conferencia de prensa la mandataria fue categórica en que “se acabaron las excusas” y aclaró que la acción judicial, presentada ante dos foros judiciales, uno de ellos, el Tribunal Supremo, busca poner fin a lo que la ejecutiva califica como un abuso contra el pueblo puertorriqueño, debido a los reiterados incumplimientos contractuales de la empresa encargada de operar la red eléctrica.

González Colón explicó que, pese a la promesa inicial de LUMA de ser expertos en la gestión de fondos federales tras el embate de los huracanes y con la expectativa de gestionar $17,000 millones para reconstruir el sistema eléctrico, la realidad ha sido “decepcionante”.

La empresa solo ha recobrado $550 millones, mientras que otras compañías privatizadoras han logrado reembolsos completos y avances notables en infraestructuras como autopistas, muelles, ferris y el aeropuerto. 

“LUMA ha sido un desastre ejecutando los proyectos; ni siquiera cumplen con las tareas básicas para la estabilidad del servicio. Pero mes tras mes, LUMA acudía ante el Negociado de Energía para solicitar aumentos, mientras el pueblo paga altos costos sin recibir el servicio adecuadamente”, denunció.

Según lo expuesto, el contrato fue extendido de forma indefinida, careciendo de mecanismos claros de supervisión y métricas, lo que ha conducido a la situación actual de descontento social.

González Colón aseguró que, durante más de un año, ha intentado por todas las vías posibles alcanzar soluciones con la empresa, agotando recursos administrativos y ejecutivos, sin éxito. 

“No me queda más opción que cancelar el contrato. Tenemos un caso sólido y múltiples mecanismos legales para hacerlo”, afirmó con determinación. 

A la fecha, el gobierno estatal ha pagado a LUMA más de $900 millones fuera del acuerdo de contrato original, sin haya una mejora en el servicio.

González Colón fue tajante al aclarar que la cancelación no ha sido un acto improvisado, sino un proceso bien analizado.

“Nombramos un zar de energía, auditamos, enviamos comunicaciones y dimos todas las oportunidades posibles”, sostuvo. 

Sobre el futuro de los empleados de LUMA, aseguró que forman parte del proceso de transición y que su experiencia será considerada, independientemente de la empresa que asuma el servicio. Además, adelantó que ya existen negociaciones con al menos dos compañías estadounidenses interesadas en gestionar la red eléctrica, pero es imprescindible primero prescindir el contrato vigente.

Asimismo, ante la preocupación de apagones frecuentes durante un proceso de transición, la gobernadora no descartó que puedan ocurrir. Pues asegura que la relación actual con la operadora energética ha sido un “chantaje” recurrente donde las amenazas de apagones, relevos de carga y desatención de incidencias para presionar al gobierno han sido una constante.  Sin embargo, resaltó que “amenazar con afectar servicios esenciales es un acto irresponsable que podría catalogarse como terrorismo”, sentenció.

“Creo que ellos (LUMA) deben pensar bien y ser cautelosos al momento de ponerse a jugar con esas cosas”, agregó.

 Reiteró que su meta es ponerle un punto final a lo que catalogo como un “abuso hacia el pueblo”. “No estoy aquí para defender ninguna compañía ni para defenderle los negocios a nadie, estoy aquí para defender al pueblo de Puerto Rico”, sostuvo González Colón.

Durante la conferencia de prensa que estuvo enmarcada en la colocación de la primera piedra de un proyecto de reconstrucción en la carretera PR-803, en Corozal, para  reparar 19 deslizamientos de terrenos, González Colón repasó algunos esfuerzos recientes de la administración para mejorar el sistema energético del país. Entre ellos la incorporación de 1,200 megavatios (MW) de nueva generación, contratos temporales para 800 MW adicionales y la licitación para sumar 3,000 MW permanentes, así como 430 MW en almacenamiento con baterías y 600 MW de renovables. 

“Ya no hay excusas para apagones ni para fluctuaciones que dañen enseres. Estamos estabilizando el sistema y preparando a Puerto Rico para el futuro”, concluyó.