Gobernadora insiste en que la vigilancia recae en el Coast Guard, mientras pilotos denuncian que decisiones de New Fortress ponen en riesgo la entrada principal de suministros del país.

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón evitó asumir responsabilidad directa sobre las preocupaciones de seguridad vinculadas a las operaciones de New Fortress Energy (NFE) en la Bahía de San Juan.

Ante preguntas de la prensa sobre las advertencias de los pilotos portuarios, la mandataria sostuvo que la vigilancia y cumplimiento de las medidas recaen en autoridades federales y no en el gobierno local.

“Sobre la seguridad de las entradas de barcazas, es un tema nuevo. Estamos trabajando junto al Coast Guard y a la Administración de los Puertos. Ellos son los que deciden cuándo el barco entra, cuándo no entra, cuándo cumple y cuándo no cumple. Eso, no le corresponde al gobierno de Puerto Rico. Es un área estrictamente federal”, afirmó durante una conferencia de prensa en La Fortaleza.

Las expresiones surgen luego de que siete de los ocho prácticos de la Bahía de San Juan demandaran a NFE en el tribunal federal, señalando que la empresa retiró las cuatro remolcadoras especializadas que escoltaban sus barcazas y pretende sustituirlas por otras de menor capacidad, pese a que las naves crecieron de 30,000 a 145,000 metros cúbicos, un aumento de 383%.

Según los capitanes, esta decisión “relaja la seguridad” y coloca en riesgo vidas, propiedades y el flujo de suministros que dependen del puerto capitalino.

En su respuesta, González Colón recordó que el contrato con NFE no se originó bajo su administración y alegó tener las manos atadas.

“Ese contrato lo heredé. Puerto Rico está en un estado de indefensión contra este tema”, sostuvo.

Según explicó, la propiedad donde NFE descarga gas no pertenece al gobierno, lo que limita sus alternativas a un costoso proceso de expropiación, una negociación directa con la empresa o depender de su infraestructura para gasificar el producto de otros suplidores.

La controversia se intensificó tras un incidente el 12 de julio, cuando la barcaza Energos Princess ya había iniciado su tránsito en la bahía y recibió una orden de retiro de parte de la empresa. Los prácticos ejecutaron una maniobra de emergencia para devolver la nave al mar abierto, acción que describieron como “altamente riesgosa” y reservada para amenazas extremas.

A la vez, NFE enfrenta cuestionamientos financieros tras reportar pérdidas de 500 millones de dólares en su más reciente informe. Consultada sobre por qué el gobierno insiste en negociar exclusivamente con esta compañía, la gobernadora respondió que aún se evalúan precios y alternativas, pero recalcó que su objetivo es lograr que el gas llegue “lo más barato posible”.

Mientras pilotos y expertos alertan sobre riesgos de seguridad en la bahía, la posición de la mandataria ha sido clara: el gobierno local no asume responsabilidad.

“En el pasado la Guardia Costanera no ha dejado entrar barcazas porque no cumplen con disposiciones de seguridad”, concluyó, dejando la supervisión en manos federales.

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