Mientras, el zar de Energía, el ingeniero Josué Colón, insiste en que dice la verdad.

La Cámara de Representantes refirió el jueves a las autoridades estatales y federales a los funcionarios implicados en el proceso de adjudicación del fallido contrato de generación temporera con el consorcio Power Expectations.

El organismo legislativo formuló referidos contra el zar de Energía, el ingeniero Josué Colón; la exdirectora de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Mary Carmen Zapata; y el presidente de la Oficina Independiente de Adquisiciones (3PPO, por sus siglas en inglés), el licenciado Osvaldo Carlo Linares.

Entre las conclusiones que encontró el informe preliminar de la Comisión de Gobierno de 120 páginas está la posible comisión de delitos por omisiones de información, conflictos de intereses, “contradicciones aparentes” en el testimonio bajo juramento del ingeniero Colón, entre otras potenciales violaciones a normativas anticorrupción.

“Hoy, estamos pagando que no tengamos suficiente generación porque hubo un proceso mal hecho… con funcionarios de gobierno que lo tuvieron de frente, lo vieron, lo tuvieron en sus manos, y callaron”, reprochó el presidente de la Comisión de Gobierno, Víctor Parés Otero, durante la presentación del informe ante el pleno.

“El informe detalla lo que dijo bajo juramento el ingeniero Josué Colón y lo que la evidencia lo contradice”, puntualizó Parés Otero, quien informó que el extenso documento estará disponible al público en la página oficial de la Cámara de Representantes.

La Cámara también remitió a Power Expectations y sus representantes a las agencias estatales y al Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) por alegaciones de fraude, extorsión, así como el supuesto uso de firmas falsificadas de ERock Inc.

Mientras tanto, el debate en el hemiciclo cameral estuvo marcado por la exigencia de los legisladores del Partido Popular Democrático (PPD) para que el zar de Energía renuncie a su cargo.

Los representantes Héctor Ferrer Santiago y Ramón Torres Cruz también peticionaron que las denuncias sean presentadas inicialmente al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI), antes que, al Departamento de Justicia, para acortar el plazo del proceso de investigación.

“Es momento de asegurarle al país una red y un sistema eléctrico estable, seguro y confiable y, para ello, hace falta que se tomen decisiones y que el referido también tenga consecuencias de que Josué Colón no continúe en su puesto”, manifestó el representante Ferrer Santiago.

Por su parte, Josué Colón Ortiz insistió en que “respaldamos que se investigue, porque siempre hemos actuado de manera legal y correcta, hemos dicho la verdad y la evidencia documental respalda nuestras actuaciones. Nuestra versión de los hechos no ha cambiado y fuimos nosotros los que pusimos desde el primer momento a disposición de las autoridades competentes la información necesaria para que se conozca la verdad”.

«La AAPP y el Zar de Energía no administraron el procedimiento competitivo, no evaluaron propuestas, no seleccionaron proponentes ni adjudicaron el contrato de Power Expectations, tampoco evaluaron ni aprobaron la sustitución de uno de los miembros del consorcio. Esas funciones correspondían al 3PPO, como administrador independiente del proceso, y a la AEE, como entidad contratante. Una cosa es dar seguimiento a la política pública del Gobierno para atender una emergencia energética y otra muy distinta es dirigir o intervenir indebidamente en un proceso de contratación. Esa distinción está respaldada por la documentación y los testimonios presentados ante la propia Comisión», afirmó.

Además, el informe recoge referidos contra el licenciado Juan González Galarza por prestar servicios simultáneos a la AEE, a la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) y al zar de Energía. Según los hallazgos parciales, González Galarza recibió información material relacionada al acuerdo y no la comunicó a la AEE.

En cuanto a la participación de 3PPO, la comisión legislativa determinó que la instrumentalidad tiene responsabilidad principal en la ejecución del proceso debido a que decidió reiniciar la competencia sin constancia de aprobación.

A su vez, adjudica que el 3PPO recomendó negociar con el proponente que puntuó en último lugar y firmó el contrato a pesar de conocer las alegaciones de fraude desde el 16 y 17 de junio de 2026.

Por su parte, el análisis legislativo señala que la AEE tiene responsabilidad atenuada, toda vez que la corporación pública, como compradora, debió verificar la autoridad de las partes antes de firmar; exigir la fianza al vencer el plazo; y no consentir a una cesión sin el expediente completo.

La Comisión de Gobierno detalló sobre una veintena de recomendaciones, entre otras, la cancelación del contrato entre la AAPP y Regulatory Compliance Services Corp. para la administración de 3PPO.

Asimismo, el ente legislativo sugirió encauzar los futuros procesos de adquisición de energía bajo el Reglamento Conjunto 8815 de 2016, dirigido por la AAPP, en sustitución del mecanismo de 3PPO.

El informe igualmente destaca la radicación de legislación dirigida a separar o “delimitar con claridad” las funciones del zar de Energía de las del director ejecutivo de la AAPP, que son ocupadas simultáneamente por el ingeniero Colón.