Avaló también medida del Senado para establecer el reconocimiento oficial de la Lengua de Señas Puertorriqueña como lengua natural de la comunidad sorda.
José Aponte Hernández. (Archivo/NotiCel)
La Cámara de Representantes aprobó este lunes de manera unánime una medida para ordenar al gobierno a iniciar la cancelación de los contratos de suplido de gas y de alquiler sobre los muelles por donde entra ese combustible en la bahía de San Juan.
La Resolución Conjunta de la Cámara 428 fue descargada durante los trabajos de la sesión legislativa luego de que el representante José Aponte Hernández radicara la legislación el pasado 29 de octubre en respuesta a supuestos incumplimientos en el suplido de gas.
La medida se refiere a dos contratos de la empresa NFEnergía LLC. Uno, con la Autoridad de los Puertos (AP) vigente hasta 2038, le da control exclusivo de los muelles A y B de la bahía de San Juan, único punto de entrada del gas natural por la costa norte de la isla. Otro, con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la convierte en suplidor casi exclusivo de gas para la generación eléctrica hasta 2032.
NFEnergía es una subsidiaria de New Fortress Energy (NFE), como lo es también Genera PR, la operadora privada de las plantas de generación de la AEE.
“Vamos a cancelar ya el contrato… Porque, mientras eso no se dé, van a seguir utilizando el control del muelle y el contrato de suplido de gas para chantajearnos y hacer lo que les dé la gana a ellos, no lo que le beneficia al pueblo de Puerto Rico”, manifestó Aponte Hernández al presentar la medida ante el pleno.
La medida fue presentada el mismo día en que el director general de NFEnergía, Zak Ahmed, compareció ante la Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara para responder las interrogantes sobre la entrada tardía del buque AMUR River.
Durante la audiencia, el ejecutivo reveló que Puerto Rico podría quedarse sin suplido de gas durante varios días y que NFE aún no confirmaba la llegada de la barcaza que traería el nuevo cargamento.
Además, la empresa confirmó en esa vista pública que la Unidad 6 de la Central San Juan continúa operando con el uso de diésel debido a que el barco arribó la Isla con 49,000 metros cúbicos de gas, a pesar de que la embarcación tiene una capacidad de 150,000 metros cúbicos.
Entre otras medidas aprobadas, la Cámara refrendó el Proyecto del Senado 470, que enmienda la Ley para Fomentar las Industrias Creativas para establecer prioridad en la concesión de permisos, licencias y certificaciones gubernamentales. También busca facilitar que puedan arrendar mediante un canon anual accesible ciertas propiedades públicas.
Mientras tanto, el pleno favoreció el Proyecto del Senado 806 para enmendar la Ley 58-2018 y el Código de Incentivos de Puerto Rico, con el propósito de impulsar el emprendimiento entre la población de la tercera edad.
También contó con el apoyo cameral el Proyecto del Senado 897, que propone incluir a miembros de varias agencias de ley y orden, así como efectivos de las Fuerzas Armadas, entre los funcionarios que pueden beneficiarse de la compra de productos en tiendas militares y cantinas operadas por la Guardia Nacional.
El cuerpo legislativo igualmente dio paso al Proyecto del Senado 1013, que busca crear un sistema electrónico unificado para la solicitud, otorgación y renovación de licencias para pescadores en Puerto Rico.
Otra pieza legislativa apoyada por la Cámara fue el Proyecto del Senado 1185, que propone enmendar el Código de Incentivos para permitir la transferencia de la Certificación de Agricultor Bona Fide al cónyuge que sobrevive tras fallecimiento.
A su vez, el Proyecto del Senado 1259 pasó el cedazo cameral a los fines de reducir de seis a tres meses el término de espera para que una persona menor de 18 años, pero mayor de 16, con licencia de aprendizaje, pueda obtener el certificado de licencia de conducir.
Entre otras legislaciones, el pleno cameral dio paso al Proyecto del Senado 1463, que pretende establecer el reconocimiento oficial de la Lengua de Señas Puertorriqueña como lengua natural de la comunidad sorda en Puerto Rico.
El pleno también acogió el primer informe parcial de la Resolución de la Cámara 738, que analiza las denuncias de un alegado patrón de maltrato al que han sido sometidos los integrantes de la Federación de Canotaje de Puerto Rico.
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