Los firmantes sostienen que la legislación alteraría la distribución de facultades establecida en el artículo V, sección 7, de la Constitución de Puerto Rico, que atribuye al Tribunal Supremo la aprobación de reglas para la administración de los tribunales y a su presidencia la dirección de esa administración.

Un grupo de 102 profesores de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, la Universidad Interamericana y la Pontificia Universidad Católica solicitó el jueves a la gobernadora Jenniffer González Colón que vete el Proyecto del Senado 1096, al considerar que sus disposiciones podrían violar la Constitución y afectar la independencia y administración del Poder Judicial.

“El Proyecto del Senado 1096, aprobado por la Asamblea Legislativa, propone cambios sustanciales a la estructura de gobierno y a la administración del Poder Judicial. La medida plantea serias objeciones constitucionales y riesgos operacionales que podrían afectar la independencia judicial, la protección de los derechos y el acceso a la justicia”, expresaron los académicos en una declaración conjunta.

Los firmantes sostienen que la legislación alteraría la distribución de facultades establecida en el artículo V, sección 7, de la Constitución de Puerto Rico, que atribuye al Tribunal Supremo la aprobación de reglas para la administración de los tribunales y a su presidencia la dirección de esa administración.

Según la declaración, el proyecto transferiría al pleno del Tribunal Supremo decisiones relacionadas con el nombramiento de personal directivo, la organización de oficinas adscritas a la Oficina de Administración de los Tribunales y las funciones de su director administrativo.

Los profesores argumentan que esa redistribución limitaría las facultades de la presidencia del Tribunal Supremo y modificaría el modelo de administración judicial establecido constitucionalmente, por lo que requeriría una enmienda a la Constitución.

Para sustentar su posición, citaron decisiones judiciales como Pueblo v. Tribunal Superior, de 1958, y Torres Montalvo v. Gobernador ELA, de 2016, relacionadas con las facultades administrativas de la presidencia del Tribunal Supremo y la distribución de responsabilidades entre sus integrantes.

La declaración también advierte que establecer nuevos niveles de decisiones colegiadas podría ocasionar demoras, duplicidad de funciones y dificultades de coordinación en asuntos de personal, recursos y continuidad de servicios durante emergencias.

A juicio de los académicos, estas modificaciones podrían restar tiempo a los jueces del Tribunal Supremo para atender sus funciones adjudicativas.

Otro señalamiento se relaciona con el impacto fiscal de convertir prospectivamente plazas de jueces municipales en plazas de jueces superiores, una medida que, según los profesores, requiere evaluar no solo las diferencias salariales, sino también los costos de personal de apoyo, tecnología, instalaciones y equipamiento.

Los firmantes consideran que los estimados fiscales examinados durante el trámite legislativo no contemplan suficientemente esos gastos ni identifican de manera integral las fuentes de financiamiento.

Asimismo, reclamaron que cualquier reforma judicial incluya una evaluación independiente de sus consecuencias jurídicas, fiscales y administrativas, con participación de jueces, abogados, académicos y usuarios del sistema de tribunales.

“La preocupación es institucional, no personal. La gobernanza judicial requiere estabilidad, responsabilidades claras y capacidad de respuesta”, señalaron en el documento.

Entre los profesores que suscribieron la declaración figuran Efrén Rivera Ramos, Carlos Ramos González, Edna Santiago Pérez, Carlos Iván Gorrín Peralta, José Julián Álvarez González, William Vázquez Irizarry, Julio Fontanet Maldonado, Dora Nevares Muñiz, Hiram Meléndez Juarbe y Annette Martínez Orabona.

Los académicos reconocieron la necesidad de modernizar el sistema judicial y mejorar su eficiencia, pero insistieron en que los cambios deben responder a necesidades demostradas y respetar las disposiciones constitucionales.

“Por estas razones, instamos a la gobernadora a vetar el P. del S. 1096 y a promover una evaluación amplia y rigurosa de las reformas que el sistema judicial necesita. Preservar la independencia judicial y la capacidad de los tribunales para proteger los derechos es una responsabilidad con todo Puerto Rico”, concluye la declaración.