La incineración impacta negativamente la salud y el medioambiente y no elimina la necesidad de disposición responsable los residuos, afirmó la organización.

La organización CAMBIO rechazó la propuesta del secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles, de impulsar la construcción de varias plantas de incineración de residuos (waste-to-energy) en Puerto Rico, se informó.

La ingeniera ambiental Ingrid Vila Biaggi, presidenta de CAMBIO, denunció que esta propuesta representa un intento de convertir «la evidente falta de capacidad de la administración de implementar la política pública vigente de reducción, reúso y reciclaje» en una justificación para promover la incineración, en lugar de atender las causas del problema y desarrollar soluciones que conserven los recursos y protejan la salud pública.

“Es inaceptable que el secretario de Recursos Naturales culpe al pueblo por el fracaso del reciclaje cuando su propia agencia tiene la responsabilidad legal de promoverlo, desarrollar los programas educativos necesarios, coordinar con los municipios y fiscalizar la implantación de la política pública. No se puede abandonar una obligación gubernamental y luego utilizar los resultados de ese abandono como argumento para justificar la incineración de los residuos”, expresó Vila Biaggi.

La Ley 70 de 1992, según enmendada, establece como política pública la reducción y el reciclaje de desperdicios sólidos, y asigna al Gobierno responsabilidades específicas para desarrollar e implantar programas que permitan reducir la cantidad de residuos que requieren disposición final. Entre estas responsabilidades se encuentran coordinar con los municipios, promover la infraestructura necesaria y desarrollar programas educativos que fomenten la participación ciudadana. La legislación también dispone obligaciones municipales relacionadas con los planes de reciclaje. Por tanto, el supuesto desinterés ciudadano no puede presentarse como una explicación suficiente sin rendir cuentas sobre el cumplimiento de estas responsabilidades.

“¿Dónde está el programa integral de educación ciudadana? ¿Dónde está la fiscalización efectiva de los planes municipales? ¿Dónde están las metas medibles, la infraestructura accesible y los mecanismos para recuperar materiales y crear condiciones para uso? Antes de afirmar que la gente no quiere reusar ni reciclar, el secretario debe explicar qué ha hecho para que reducir, reusar y reciclar sean opciones reales y accesibles en todos los municipios”, planteó Vila Biaggi.

La incineración impacta negativamente la salud y el medioambiente y no elimina la necesidad de disposición responsable los residuos. Destruye materiales que podrían recuperarse y los convierte en emisiones y cenizas tóxicas que también requieren manejo y disposición adecuados. El papel, el cartón, los metales, el vidrio y determinados plásticos contienen materiales que pueden recuperarse y reincorporarse a procesos productivos. La materia orgánica, por su parte, puede aprovecharse mediante el compostaje y otras alternativas apropiadas. Quemar materiales recuperables supone perder oportunidades de reutilización, reciclaje, desarrollo de empresas locales y creación de empleos vinculados a una economía circular, indicó.

“Los residuos no son simplemente algo de lo que tenemos que deshacernos: contiene recursos que podemos recuperar y aprovechar. La política pública vigente exige que el secretario priorice la reducción en la fuente, el reúso, la reparación, el reciclaje y el compostaje, y reservar la disposición final para aquello que realmente no se pueda recuperar. Apostar por incineradores impone una infraestructura que necesita un flujo constante de materiales creando una dependencia perversa, cuando lo que debemos procurar es generar menos desperdicios y recuperar más materiales”, sostuvo Vila Biaggi.

CAMBIO advirtió que el argumento de que Puerto Rico necesita incinerar basura para generar electricidad no debe presentarse como justificación particularmente ante los avances en la adopción de la energía renovable distribuida con almacenamiento. El secretario del DRNA estimó que los incineradores propuestos podrían aportar aproximadamente entre 30 y 40 megavatios de generación. Puerto Rico cuenta ya con sobre 1,400 megavatios de capacidad solar fotovoltaica instalada en techos, la mayoría acompañada de almacenamiento. La capacidad solar instalada en techos ya es, por tanto, más de 35 veces el estimado de generación.

“Mientras el Gobierno promueve quemar recursos para obtener una cantidad relativamente limitada de electricidad, las familias y los comercios de Puerto Rico ya han instalado más de 1,400 megavatios de capacidad solar en sus techos. La comparación demuestra la escala que ha alcanzado la generación distribuida y la necesidad de priorizar soluciones que permitan a las comunidades producir y almacenar energía, en vez de comprometer recursos públicos con una nueva infraestructura de incineración”, expresó Vila Biaggi.

CAMBIO también cuestionó que se intente adelantar una decisión de esta magnitud sin que se haya presentado públicamente una evaluación integral, transparente y comparable de las alternativas disponibles y si el DRNA las evaluó. Existen alternativas estudiadas como Generación Circular que se han presentado al gobierno, municipios y al DRNA como estrategia pública para impulsar una economía circular en el manejo de residuos.

“Tenemos que prestar atención a quiénes están impulsando esta propuesta, qué empresas podrían beneficiarse, cuáles serían las condiciones de los contratos y quién asumiría los costos, así como los riesgos financieros y ambientales. Ya el país ha vivido caminos muy amargos con Power Expectations, New Fortress, Luma y Genera. Contrataciones hechas a la medida del proponente sin evidencia de estudios de necesidad, ni viabilidad y que solo responden a intereses económicos en perjuicio del interés público”, afirmó Vila Biaggi.