La acusación sostiene que, a partir de 2022, la organización de narcotráfico distribuyó heroína, fentanilo, base de cocaína (crack) y cocaína, entre otras drogas, en varios residenciales y barrios del sur.

Un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico emitió una acusación formal contra 28 miembros de una pandilla de los municipios de Juana Díaz, Villalba y Coamo, imputándoles delitos de conspiración para poseer con intención de distribuir, posesión y distribución de sustancias controladas, así como infracciones relacionadas con armas de fuego, según anunció Héctor Ramírez Carbó, fiscal federal interino para el Distrito de Puerto Rico.

Esta investigación fue dirigida por la Administración de Control de Drogas (DEA) y la Fuerza de Choque de Ponce de la Policía de Puerto Rico (PRPB), con la colaboración del Negociado de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos (USPIS).

Hoy, durante las detenciones, brindaron apoyo las siguientes agencias: el Buró Federal de Investigaciones (FBI), Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (US Marshals Service) y el Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico.

“Las detenciones en este caso subrayan la determinación de la fiscalía federal y de sus socios encargados de hacer cumplir la ley de defender el Estado de derecho y llevar ante la justicia a los delincuentes violentos que amenazan a nuestras comunidades”, declaró el fiscal federal interino Ramírez Carbó. “Estas detenciones reflejan nuestra firme voluntad de erradicar a las bandas violentas de nuestras comunidades”.

La acusación sostiene que, a partir de 2022, la organización de narcotráfico distribuyó heroína, fentanilo, base de cocaína (crack), cocaína, marihuana, tramadol y clonazepam en un radio de 1,000 pies de los complejos de vivienda pública Enudio Negrón, Maximino Miranda y Villa Del Parque, así como en el barrio Pastillo y zonas aledañas, todo ello con el fin de obtener importantes ganancias y beneficios económicos.

Esta organización también transportaba y distribuía cantidades de cocaína del orden de los kilogramos en los Estados Unidos continentales. Los acusados ​​se comunicaban entre sí mediante radios bidireccionales y teléfonos celulares, así como a través de mensajería instantánea y redes sociales.

Se alega que miembros de la organización de narcotráfico participaron en actos de violencia, incluidos tiroteos y asesinatos, para mantener el control del tráfico de drogas en las zonas que dominaban.

Los acusados ​​desempeñaron diversos roles para promover los objetivos de la conspiración de narcotráfico, incluyendo los de líderes, proveedores, propietarios de puntos de venta de drogas, encargados de hacer cumplir las reglas, mensajeros, vendedores, vigilantes y facilitadores. Veinte (20) acusados ​​enfrentan un cargo de posesión de armas de fuego en relación con un delito de narcotráfico, y catorce (14) de ellos enfrentan un cargo de posesión de una ametralladora en relación con un delito de narcotráfico.

El fiscal federal adjunto (AUSA) y jefe de la Sección de Pandillas, Alberto López Rocafort, la subjefa de la Sección de Pandillas y AUSA, Teresa Zapata Valladares, y el AUSA Joseph Russell están a cargo de la acusación en este caso. De ser condenados por los cargos relacionados con drogas, los acusados ​​se enfrentan a una pena mínima de 10 años y hasta cadena perpetua. Si resultan condenados tanto por los cargos de drogas como por los de armas de fuego incluidos en el sexto cargo de la acusación, se enfrentan a una pena mínima de 15 años y hasta cadena perpetua.

Los acusados ​​imputados por la posesión de ametralladoras en relación con el narcotráfico, según el séptimo cargo, se enfrentan a una pena mínima obligatoria de treinta años de prisión, la cual deberá cumplirse de manera consecutiva a cualquier otra pena impuesta por los cargos de narcotráfico.

Todos los acusados ​​enfrentan una solicitud de decomiso de bienes derivados del narcotráfico por un valor de $4.158.080.