Robert Mujica advierte que la iniciativa sería “fiscalmente irresponsable”, mientras que la gobernadora insiste que buscará alternativas.

Mientras la Junta de Supervisión Fiscal afirma que la propuesta de aumentar las pensiones a unos 55,000 jubilados empleados del gobierno es “fiscalmente irresponsable”, la gobernadora Jenniffer González Colón insistió que buscará alternativas para darle paso a la iniciativa que requeriría sobre $230 millones anualmente.

Sin embargo, Robert Mujica, director ejecutivo de la Junta, repitió que la propuesta va en contra del Plan de Ajuste aprobado y que el gobierno no ha demostrado cuáles serían las estrategias alcanzables para financiar semejante incremento.

“De los 143,000 pensionados, unos 55,000 reciben, muchos de ellos maestros que no aportaron al seguro social y reciben menos de $1,000 mensuales. Son hombres y mujeres que dedicaron sus vidas en servir a Puerto Rico y no deben cargar el peso de una crisis fiscal que no causaron”, reclamó González Colón durante una reunión virtual con los integrantes de la Junta de Supervisión Fiscal.

“En total cumplimiento con el Plan de Ajuste, el gobierno ha contribuido $4,400 millones para la reserva de pensiones que apoyaría los pagos hasta después del 2031. Estoy comprometida en mejorar las condiciones de aquellos que reciben las cantidades más bajas de manera responsable”, indicó la gobernadora. “Mi administración está buscando alternativas de ingresos y, además, bajar los gastos de servicios profesionales”.

No obstante, Mujica advirtió que el gobierno está amarrado al Plan de Ajuste y no es posible considerar legislación sobre las pensiones hasta después del 2032.

“Los aumentos de pensiones son promesas. Dieciocho proyectos de pensiones son 18 promesas, y son promesas que hacemos por décadas. Si hacemos una promesa hoy, debemos identificar hoy cómo pagarla. No creando déficits futuros ni dejándole el problema a un gobierno futuro. Eso sería regresar a las prácticas que llevaron a Puerto Rico a la quiebra. Así que el asunto no se trata de restringir las pensiones. Se trata de cómo mantener esas promesas financiadas responsablemente hacia el futuro”, expresó.

“Antes de PROMESA, sucesivos gobiernos hicieron promesas de pensiones sin los fondos para apoyarlas. Para el 2016, el gobierno les debía a los retirados $55,000 millones sin una manera de pagar esas responsabilidades. El Plan de Ajuste aprobado por la Asamblea Legislativa reducía la deuda del gobierno central por casi un 80% y protegió las pensiones en el proceso”, respondió Mujica.