El llamado “laboratorio viviente” enfrenta congelamiento de plazas y medidas de austeridad, como el resto de la UPR.

El área del Jardín Botánico de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en la que el 4 de septiembre se desató un incendio que el Cuerpo de Bomberos ha calificado preliminarmente como “provocado” no estaba en las zonas de patrullaje de la empresa privada que presta servicios de vigilancia en la instalación, confirmó una funcionaria de la administración central de la UPR.

La empresa que presta vigilancia es Bridge Security Services.

Como respuesta al incendio, que conllevó el desalojo de vecinos, la UPR realizó el viernes un conversatorio comunitario en la que enfrentaron preguntas y preocupaciones de los residentes del área no solamente con la seguridad y operación del jardín, sino con su propia permanencia. Esto último, particularmente, por intenciones expresadas del presidente cameral Carlos Méndez Núñez para permitir por legislación las construcciones y desarrollo en el Corredo Ecológico del Noreste. El jardín de la UPR es parte del Corredor Ecológico de San Juan.

Migdalia Sánchez Betancourt, directora interina de Servicios Administrativos de la Administración Central, prometió a los vecinos que la seguridad se había “duplicado” para llegar a 24 horas los siete días a la semana. A preguntas de NotiCel, precisó que el área en la que se originó el fuego del 4 de septiembre está ahora dentro del área de seguridad ampliada, pero no lo estaba ese día. Añadió que la ampliación de la seguridad todavía no abarca las 289 cuerdas que componen el Jardín Botánico porque hay extensiones del mismo que no tienen caminos por los cuales dar las rondas.

La funcionaria abundó que no habían visto la necesidad de incluir el área entre las vigiladas y que un primer incendio, el 21 de agosto, no les provocó cambio porque ese fue clasificado por los bomberos como “forestal”, o espontáneo. Pero con el segundo, y con la evaluación de los bomberos de que fue “provocado”, activaron esa medida de seguridad. Ante increpaciones del público, admitió también que hay unos portones que estaba controlando LUMA para tener acceso a una instalación eléctrica y que lo retomarían ya que, como le indicó uno de los asistentes, se quedaba abierto.

El Cuerpo de Bomberos todavía no le ha emitido un informe formal a la UPR con su investigación del incendio, pero durante el desalojo estos le indicaron a Sánchez Betancourt que su impresión de que fue “provocado” se debió a la quema “lineal” que se observaba en el terreno, en vez de una quema más irregular, como ocurriría en un incendio “forestal”. La funcionaria aceptó que “provocado” no es igual a con “intención criminal”.

El plan inmediato es limpiar el área, “comenzar a hacer caminos” y volver a sembrar, dijo.

El incendio puso en vitrina la reducción severa de recursos con la que opera el jardín, que es hogar de más de 30,000 plantas, donde se realizan experimentos de flora y fauna y en donde ubican no solo las oficinas de Administración Central, Editorial y Preescolar de la UPR, sino también dependencias del Servicio Forestal federal, el Instituto de Dasonomía Tropical, la Estación Experimental Agrícola de San Juan y del Fideicomiso Para la Naturaleza.

Sánchez Betancourt afirmó que “el jardín es el único que no ha sufrido ningún tipo de recorte (en el sistema UPR) porque el jardín tiene su propia cuenta”. Pero, a preguntas de NotiCel, la oficial ejecutiva a cargo de la instalación, Marisol Irizarry Pastrana, detalló que esa cuenta apenas alcanza a unos $90,000 anuales. Y ese es dinero que se gestiona el propio jardín por medio de donativos, uso de instalaciones y otras actividades.

Para operar de manera más óptima, necesitarían $300,000 anuales. Y para recuperar las 20 posiciones de trabajadores agrícolas que tenían pero que se han dejado sin sustitución después de que 12 de estos se jubilaran, necesitarían otros $300,000, para un total de $600,000.

“Más que presupuesto, yo realmente identifico la necesidad del recurso humano… ya nos dijeron que tenemos que trabajar con lo que tenemos”, comentó la funcionaria universitaria. Desde la Administración García Padilla, cuando se eliminó la fórmula con la que se le asignaba una parte del Fondo General, pasando por recortes dictados por la Junta de Control Fiscal desde 2017, la UPR ha tenido una reducción de $4,200 millones en asignaciones y fondos especiales.

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