«No hay derecho a que los bandidos estén armados hasta los dientes y la gente decente no pueda defenderse», dijo. La medida levanta una suspensión que impedía a los titulares de permisos vigentes para portar armas sin una autorización especial adicional.

EFE – El Gobierno de Colombia levantó este martes la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego, una decisión que el presidente Abelardo de la Espriella justificó alegando que la restricción dejaba en desventaja a los ciudadanos que cumplen la ley frente a los criminales.

«Durante la campaña dije que iba a levantar la suspensión de los permisos para el porte de armas. No hay derecho a que los bandidos estén armados hasta los dientes y la gente decente no pueda defenderse», dijo De la Espriella en un video divulgado en sus redes sociales.

El mandatario aseguró que la decisión no significa un porte indiscriminado de armas, sino que se mantienen los controles, requisitos y permisos de las autoridades competentes.

«Lo que termina es la suspensión general que convertía la prohibición en regla», añadió De la Espriella, quien defendió que «la seguridad de Colombia no puede seguir construyéndose desarmando al ciudadano que cumple la ley y dejando armados a los bandidos».

La medida levanta una suspensión que impedía a los titulares de permisos vigentes para portar armas sin una autorización especial adicional y restablece la eficacia de esos permisos, aunque no habilita el porte cuando estos estén vencidos, suspendidos, cancelados o revocados, ni cuando exista una prohibición legal o judicial.

El decreto, que entrará en vigor este miércoles, ordena a las autoridades militares adoptar las medidas necesarias restablecer la eficacia de los permisos individuales que se encuentren vigentes.

El presidente aseguró que entre el 1 de enero y el 3 de septiembre de este año las autoridades incautaron 15,700 armas de fuego, de las cuales 14,179 estaban relacionadas con delitos.

Según De la Espriella, 980 de esas armas estaban vinculadas a las disidencias de las FARC, 551 al Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país, y 339 a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
«Ese es el poder de fuego que el Estado tiene que perseguir y destruir», manifestó el mandatario, quien prometió que las autoridades van a «quitar» las armas ilegales «a los criminales».