La reacción surge luego de que la contralora divulgara el informe de auditoria OC-26-40, en el que señaló que la ASG entregó una propiedad federal excedente valorada en $46,785 a una entidad cuya certificación para participar en el programa había expirado.

La Administración de Servicios Generales (ASG) rechazó este lunes varios de los señalamientos incluidos en un informe de la Oficina de la Contralora de Puerto Rico sobre el Programa Federal de Donación de Propiedad Excedente, al asegurar que algunas de las conclusiones del organismo fiscalizador responden a interpretaciones con las que la agencia no coincide.

La reacción surge luego de que la contralora divulgara el informe de auditoria OC-26-40, en el que señaló que la ASG entregó una propiedad federal excedente valorada en $46,785 a una entidad cuya certificación para participar en el programa había expirado.

Según el informe, la transferencia fue aprobada ocho días después del vencimiento de la certificación, y la propiedad fue entregada 23 días más tarde. La entidad receptora actualizó su elegibilidad 149 días después de haber recibido el bien.

La ASG sostuvo que el señalamiento relacionada con la propiedad transferida «induce a error», ya que, según la agencia, la entidad beneficiaria -en este caso un municipio- cumplía con los requisitos de elegibilidad al momento de solicitar la propiedad.

«Agradecemos siempre a la Oficina de la Contralora de Puerto Rico por la continua fiscalización que realizan en nuestras oficinas. Cada dos años la Oficina de la Contralora, tiene el deber de auditar uno de los programas de donación federal que la ASG administra. Este programa es el encargado de tramitar la donación de propiedad federal a municipios, agencias, organizaciones sin fines de lucro, entre otros, que así lo necesiten. Auditorías previas bajo la nueva reorganización de la ASG han concluido con informes positivos, incluyendo las auditorías federales del programa», indicó la agencia en declaraciones escritas.

«Sin embargo, el señalamiento que trae el auditor sobre la propiedad donada, en el que indica, que el participante no estaba activo luego de recibir la propiedad induce a error. El auditor omitió, que al momento de solicitar la propiedad el participante, en este caso un municipio, estaba elegible. Por tal razón, podía recibir la propiedad sujeto a su inspección. No obstante, la totalidad de nuestra respuesta que fue sometida con la evidencia, no formó parte del informe», agregó.

La agencia también rechazó otro señalamiento relacionado con la actividad de la Junta del Programa de Propiedad Excedente, en una controversia que gira principalmente en la interpretación legal sobre las disposiciones aplicables al programa.

«La junta del programa de Propiedad Excedente, se mantuvo activa. Evidencia de ello es, la implementación de sistemas tecnológicos como Propex para el manejo eficiente de la propiedad, reglamentación vigente y aprobada por GSA Federal tan reciente como el 2024. Cabe señalar que la Ley 73-2019, según enmendada, no exige dichas reuniones. Pero el auditor entendió en su interpretación legal que la Ley 28-1979, no está derogada por la Ley 73-2019. Interpretación que ciertamente no compartimos. Por lo tanto, este señalamiento es producto de una visión del auditor y no una falta a la Ley 73-2019, según enmendada», concluyó.