La decisión forma parte del plan para la estabilización, recuperación y transición trazado por la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, en Venezuela.

CARACAS — Estados Unidos sentó este jueves en una mesa de negociación al Parlamento opositor de 2015, que defiende su continuidad, y al actual Legislativo chavista en un intento por acelerar la transición en Venezuela después de casi seis meses de la captura del ahora presidente depuesto Nicolás Maduro.

En una decisión que tomó por sorpresa a varios sectores y dejando al margen el liderazgo de María Corina Machado, quien se perfilaba como la principal referente negociadora de la oposición con el chavismo, el Departamento de Estado estadounidense designó a Dinorah Figuera, presidenta de la antigua Asamblea Nacional (AN, Parlamento), para encabezar reuniones con el actual jefe del ente legislativo, el chavista Jorge Rodríguez.

La decisión forma parte del plan para la estabilización, recuperación y transición trazado por la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, en Venezuela.

Las partes celebraron una primera reunión en esta misma jornada, horas después de la llegada de Figuera al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, donde fue recibida por personal diplomático estadounidense.

En el encuentro, designaron «una mesa técnica y política paritaria con una agenda que contiene hitos y cronogramas concretos» para contribuir «al fortalecimiento de la democracia, la consolidación de la paz y la búsqueda de un futuro de bienestar» para los venezolanos, según un comunicado publicado por la AN que no profundizó en detalles.

Agenda

Horas después, el Departamento reveló en un comunicado que la agenda entre Rodríguez y Figuera «incluye prioridades clave como la reconstrucción de las instituciones democráticas de Venezuela, el fortalecimiento del Consejo Nacional Electoral, el restablecimiento de garantías duraderas para la participación política y la obtención de libertades cívicas esenciales para el discurso político abierto».

«Este es un primer paso en lo que será un proceso reflexivo para asegurar una sociedad venezolana libre y abierta (…) Esperamos continuar las conversaciones entre los partidos políticos de Venezuela y el Gobierno interino en las próximas semanas en Caracas para comenzar formalmente su trabajo», añadió la nota.

Figuera ya había adelantado a la prensa a su llegada a Venezuela que esta primera reunión —de varias previstas— buscaba organizar una agenda «que va a permitir a todos los venezolanos y a los medios de comunicación tener libertad de expresión» y que contribuirá a «dirimir las diferencias».

La opositora, que tenía orden de captura en su contra bajo acusaciones de usurpación de funciones y el robo de Citgo, la filial de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) en Estados Unidos, dijo también que se reuniría con el encargado de negocios estadounidense, John Barrett, pero no trascendieron detalles.

La exdiputada sostuvo un encuentro en abril pasado con el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Michael Kozak, con quien conversó sobre vías para una «transición democrática estable, ordenada y consolidada» en Venezuela tras la captura de Maduro en enero pasado por parte de tropas estadounidenses.

Figuera y el Parlamento

La también médico de profesión se exilió en España en 2021, luego de permanecer un tiempo asilada en la Embajada de Francia en Caracas.

Según indicó en una entrevista con EFE en 2023, su asilo y exilio se dio a raíz de sus denuncias por el «asesinato» del concejal Fernando Albán en 2018.

Sin embargo, en enero de 2023, en una reunión virtual, fue nombrada presidenta del Parlamento electo en 2015, pese a que el período legislativo de este ente había vencido en enero de 2021.

Para entonces la Fiscalía, afín al chavismo, la acusó de los delitos de usurpación de funciones, traición a la patria, legitimación de capitales y asociación ilícita y solicitó su detención a Interpol.

Además, el Parlamento electo en 2021 y controlado por el chavismo la acusó a ella y otros cuatro opositores, entre ellos al autoproclamado presidente interino Juan Guaidó, de haber cometido un «gigantesco robo de Citgo», y cuatro años más tarde propuso al Ejecutivo retirarle la nacionalidad.

El conflicto entre el Parlamento opositor y el chavismo se remonta a 2015, cuando la oposición venezolana logró la mayoría en la AN tras histórica victoria en las elecciones legislativas.

Para entonces el Tribunal Supremo de Justicia, vinculado al oficialismo, suspendió la proclamación de tres diputados por el estado Amazonas -lo que impidió la mayoría calificada que le otorgaba más poder a la oposición en la Cámara- y declaró a la AN en desacato, limitando sus funciones.

En enero de 2019, la crisis política se profundizó con la autoproclamación de Guaidó, en una decisión que fue respaldada por Estados Unidos.

Esto dio pie a que ese Parlamento pasara a controlar activos venezolanos en el exterior.

En 2021, tras las elecciones legislativas de diciembre de 2020, el oficialismo volvió a ser la fuerza mayoritaria en la AN.