La cancelación del contrato de Physician Correctional (PC) como proveedor de servicios de salud correccional, que comenzó en julio del año pasado, sigue pendiente por falta de un sustituto y provoca dudas sobre el presupuesto del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR).

El secretario de Corrección, Francisco Antonio Quiñones Rivera, dijo a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, durante una vista para analizar la petición presupuestaria de la agencia, que mantiene $11.7 millones anuales destinados a que la empresa mantenga sus servicios a la población penal. También, que la reclamación legal que tiene la empresa por la notificación de cancelación que recibieron en julio de 2025 puede tener un impacto incierto en el presupuesto.

La empresa administra unos $55 millones asignados al Programa de Salud Correccional. La agencia el miércoles solicitó un aumento de $7.8 millones en el presupuesto de este programa.

Sobre la transición a otro proveedor, el funcionario no pudo precisar cuánto más tomará identificar a un sustituto para PC. Informó que el comité conformado para evaluar las compañías interesadas en asumir el nuevo contrato rindió un informe preliminar el pasado 3 de abril que contiene las propuestas de 10 proveedores. Ocho de estos hicieron ofertas para todos los servicios que actualmente brinda PC, incluyendo tratamientos para la salud mental y física de la población juvenil, así como la salud mental y física de adultos.

El presidente de la comisión, Eddie Charbonier Chinea, se mostró preocupado porque una contratación nueva “nos cueste más cara”. “La preocupación de esta comisión es en cuanto a costos. Costos que, por culpa de una mala decisión… nos dañen otros planes que pueda haber”, señaló. “Quizás el Departamento consiguió unos chavitos para aumentarle los salarios a los empleados públicos y el Departamento, de momento, tiene que pagar la demanda”, añadió.

El representante Gabriel Rodríguez Aguiló solicitó la entrega del borrador y los datos de las 10 compañías que están en revisión. El legislador, quien preside la Comisión de Salud de la Cámara, también adelantó que convocará vistas públicas para estudiar el proceso de transición que se llevará a cabo.

“Yo quiero tener claro cuáles son esas 10 compañías, quiénes son los dueños de esas compañías y si tienen a algún representante que esté haciendo las gestiones por ellos frente a Corrección”, puntualizó Rodríguez Aguiló.

Desde la campaña en 2024, la gobernadora Jenniffer González Colón prometió cancelar el contrato de PC después de que su desempeño fuera cuestionado cuando evaluaron favorablemente para la libertad condicionada por razones de salud del confinado Hermes Ávila Vázquez quien, tras asegurar que sufría paraplegia, comenzó a caminar y mató a una mujer estando disfrutando del pase. La empresa ha negado mala conducta de sus médicos en esta caso.

El secretario del DCR aseguró que, una vez se escoja a la nueva compañía, el proceso de transición “puede tomar meses” y, por lo tanto, PC está obligada a mantener la prestación de sus servicios. “Se vaya a quedar hasta el 2028 o se vaya mañana, mientras nos estén dando servicios y el Departamento esté pagando por ellos, (tenemos que) asegurarnos que el servicio, dentro de las circunstancias, cumpla con nuestras exigencias”, manifestó.

En otros aspectos de su presupuesto, el DCR presentó una solicitud de aumento de $49.8 millones con cargo al Fondo General para el próximo año fiscal. El secretario peticionó a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) un presupuesto del Fondo General de $489.9 millones, de los cuales $274.5 corresponden a nómina y otros $157.8 millones a gastos operacionales.

Según explicó, la partida que requirió para la nómina de la agencia permitirá atender la necesidad de reclutamiento y ascensos requeridos para la supervisión adecuada en las cárceles de adultos y los Centros de Tratamiento Social para los juveniles. El funcionario destacó que parte de esta asignación costeará el gasto de nómina actual, que incluye un aumento al cuerpo de oficiales correccionales por la cantidad de $19 millones que fue alcanzado en el año fiscal vigente.

Entre sus prioridades para el próximo año fiscal, mencionó la instalación de cámaras de seguridad, contratación de personal crítico, remodelación de la institución Ponce máxima y puntualizar sobre el dinero retroactivo de la agencia.