La auditoría cubre el período del 1 de julio de 2020 al 31 de marzo de 2025, informó la contralora Carmen Vega Fournier.

Una auditoría de la contralora detectó deficiencias relacionadas con el otorgamiento de permisos, la fiscalización, la generación de ingresos y el manejo de la propiedad pública en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

La auditoría cubre el período del 1 de julio de 2020 al 31 de marzo de 2025, informó la contralora Carmen Vega Fournier.

Entre los principales hallazgos, la auditoría evidenció irregularidades en el proceso de evaluación y aprobación de autorizaciones, licencias y permisos especiales. Se determinó que solicitudes fueron aprobadas sin contar con la documentación requerida, incluyendo certificaciones contributivas, evidencia de seguros, evaluaciones ambientales y cumplimiento con recomendaciones técnicas.

Asimismo, se identificaron atrasos significativos en el trámite de solicitudes de autorización para el uso de la zona marítimo terrestre y aguas sumergidas; concesión para el aprovechamiento y uso de los bienes de dominio público marítimo terrestre, licencia de pescador comercial, permiso de construcción de pozo y franquicias para el aprovechamiento y uso de las aguas públicas de Puerto Rico, incluyendo casos que excedieron por hasta 138 días el término reglamentario de 30 días, lo que afectó la eficiencia en la prestación de servicios y pudo impactar negativamente los ingresos del Departamento y de los solicitantes.

La auditoría también reveló deficiencias en la determinación de cargos y en el cumplimiento de obligaciones por parte de concesionarios. A estos se les cobra un cargo fijo mensual por persona que participe de la actividad para la que se le otorgó el permiso o autorización. Entre las actividades están embarco y desembarco a la reserva natural de Isla de Mona,
Isla Desecheo, Cayo Aurora; entre otros.

En un caso, se estableció un cargo inferior al requerido por reglamento, lo que representó una ventaja económica indebida para el concesionario. Además, no se evidenció el seguimiento adecuado para la entrega de informes y pagos requeridos, ni la imposición de multas correspondientes por incumplimientos, lo que resultó en la pérdida de ingresos para el Departamento.

En cuanto a la fiscalización, se determinó que el Cuerpo de Vigilantes no contaba con evidencia de inspecciones o verificaciones realizadas a los concesionarios, lo que limita la capacidad del Departamento para garantizar el cumplimiento de las condiciones de los permisos y proteger adecuadamente los recursos naturales.

Otro hallazgo relevante se relaciona con el uso de terrenos sin permisos vigentes y deficiencias en el control de permisos especiales para instalaciones de telecomunicaciones en bosques estatales. Se identificó que la mayoría de los permisos evaluados estaban vencidos y, aun así, las operaciones continuaban. Además, se documentaron limitaciones de acceso del personal del Departamento a ciertas instalaciones, lo que dificulta la supervisión y fiscalización.

En el área de ingresos, la auditoría determinó que no se emitieron múltiples facturas relacionadas con cánones de arrendamiento de permisos especiales, y en algunos casos no fue posible determinar el importe dejado de facturar, lo que representa una deficiencia en la administración financiera del Departamento.

Por otro lado, el informe revela deficiencias en el manejo de la propiedad pública. No se ha realizado un inventario físico de la propiedad en más de 20 años, y durante varios periodos el Departamento no contó con un encargado de la propiedad debidamente nombrado, lo que debilita el control interno y aumenta el riesgo de pérdida o uso indebido de activos.

En sus comentarios, la gerencia del Departamento atribuyó varias de estas deficiencias a la falta de personal, la carga operacional y limitaciones presupuestarias. Indicó que ha iniciado medidas correctivas, incluyendo gestiones para reclutamiento de personal, acuerdos interagenciales para agilizar procesos, revisión de procedimientos de facturación y la contratación de consultores para realizar inventarios de propiedad.

Además, se informó sobre iniciativas para fortalecer el Cuerpo de Vigilantes, incluyendo la celebración de una academia para reclutar nuevos miembros, con el objetivo de mejorar la fiscalización de los recursos naturales.

Como resultado de estos hallazgos, la Oficina de la Contralora emitió recomendaciones dirigidas al secretario del DRNA, incluyendo asegurar el cumplimiento estricto de los requisitos legales en la evaluación de permisos, reducir atrasos en los procesos administrativos, fortalecer la fiscalización mediante inspecciones periódicas, mejorar los mecanismos de facturación y cobro, mantener registros actualizados de permisos y garantizar la realización de inventarios anuales de la propiedad pública.

“La protección de nuestros recursos naturales requiere una administración rigurosa, transparente y en cumplimiento con la ley para salvaguardar el patrimonio ambiental de
Puerto Rico y garantizar el uso responsable de los recursos públicos”, expresó la contralora.

Lea aquí el informe completo de la auditoría: