PPD denuncia peligro de que se reviertan avances logrados a favor de los trabajadores en la isla.

La Comisión del Trabajo y Asuntos Laborales de la Cámara de Representantes celebró una vista ejecutiva el lunes con la intención de emitir un informe positivo para el proyecto 1115, el cual elimina la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo establecida en 2021 mediante legislación que ese cuerpo aprobó unánimemente.

Basada en estudios económicos, la Comisión Evaluadora decidió en 2024 aumentar el salario mínimo a $10.50 la hora, el primer ajuste de ese tipo en 13 años. La intención del 1115 es que esos ajustes no los haga esa comisión, sino que reviertan a que los decidan los legisladores.

El presidente de la comisión cameral, Roberto López Román, no estuvo disponible para confirmar cuál fue el resultado del referéndum sobre el informe positivo. El informe tuvo votos en contra de los miembros de la comisión pertenecientes a los partidos Popular Democrático (PPD) e Independentista Puertorriqueño (PIP). Dos de los miembros del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la comisión, Gabriel Rodríguez Aguiló y Jorge Navarro Suárez, fueron de los que votaron a favor de la Comisión Evaluadora en 2021.

El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer Santiago, y su portavoz alterno, Domingo Torres García, denunciaron la intención de la comisión mediante conferencia de prensa. En el Senado, la legislación de 2021 también tuvo voto unánime, pero los miembros de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) se abstuvieron o estuvieron ausentes.

“(El PNP) no ha dado reforma contributiva, no hay alivio económico, no han suspendido la crudita, pero sí quieren quitarle la oportunidad a mas de 250,000 personas que se han beneficiado de recibir un mayor salario mínimo la oportunidad de que ese salario mínimo se vea evaluado por expertos que saben de economía, y no por políticos”, acusó Ferrer Santiago a la vez que calificó a López Román como “un representante que le hace los encargos a la empresa privada”.

Según copia del informe que se circuló entre los miembros de la comisión, comparecieron a favor del proyecto la Asociación Hecho en Puerto Rico, la Asociación de Restaurantes (ASORE), la Cámara de Mercadeo, la Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), la Asociación de Industriales y la Asociación de Constructores. La mayoría de estos conformaron una coalición que intentó que el tribunal declarara inconsticional la ley de 2021, pero no lo lograron. El 1115 iría a muchos de los puntos que planteaban en su demanda. Otros a favor son el exmiembro de la comisión evaluadora, Luis Benítez Hernández, el Instituto de Libertad Económica (ILE) y el Centro Unido de Detallistas (CUD).

Estas organizaciones, o sus integrantes, conformaron también el comité de acción política Democracia es Prosperidad (DEP) que se activó en las elecciones de 2024 específicamente para invertir en carreras legislativas, y que se mantiene activo. De aprobarse el 1115, los legisladores que pueden beneficiarse de las inversiones políticas de DEP son los que decidirían si se aumenta, o no, el salario mínimo. Parte de la crítica de estos grupos es que la Comisión Evaluadora no tenía suficientes miembros del gobierno o suficiente representación de distintos sectores económicos.

En contra comparecieron la International Union-United Automobile, Aerospace & Agricultural Implement Workers of America (UAW), el Movimiento Solidario Sindical (MSS), Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT), el Instituto de Relaciones del Trabajo (IRT) y la Unión General de Trabajadores (UGT). Como parte de la oposición del IRT, el miembro de la Comisión Evaluadora, Iyari Ríos González, argumentó que desde el aumento salarial de 2021, han incrementado también el Producto Nacional Bruto y la tasa de participación laboral, así como que se ha reducido la tasa de desempleo a su nivel más bajo (5.5%). Eliminar esta comisión, abundó, “devolvería al país a un modelo de inacción legislativa”.

El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos tuvo una posición ambivalente. Por un lado se quejó de que los estudios económicos que realiza la Comisión Evaluadora son una carga a su presupuesto, pero, por el otro, apoyan que esa comisión siga existiendo para darle recomendaciones (con sus estudios) a los legisladores, aunque sean estos los que decidan los ajustes finales. Sin embargo, el único impacto fiscal positivo que cita el informe para eliminar la Comisión Evaluadora es, precisamente, los ahorros que tendría ese departamento cuando ya no se tengan que hacer estudios para un Informe Anual y para analizar los salarios a la luz del costo de la vida.

Ferrer Santiago apuntó a que la consideración del informe positivo ocurre aunque López Román le dijo que haría más vistas públicas, y a pesar de que cuentan ya 40 días sin que la comisión le respondiera un requerimiento de información que incluye la pregunta de cómo el aumento del salario de 2021 afectó a la empresa privada.

De aprobarse el texto del 1115 disponible hasta ahora, se establecería lo que el representante popular llamó el “sinsentido” de que autoriza a la Legislatura a legislar sobre el salario mínimo.

También, encomendaría el “deber de la Rama Legislativa de procurar que ningún trabajador(a) esté bajo nivel de pobreza, que todo(a) trabajador(a) cuente con suficiente ingreso como para cubrir sus necesidades básicas, y asegurar el progreso y mejoramiento de los niveles de vida”.

Vea:

Asociaciones piden al tribunal se paralice del aumento al salario mínimo

Sector privado apoya la eliminación de la Comisión Evaluadora del salario mínimo