El Proyecto de la Cámara 1115 fue presentado por el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP) Roberto López Román.

Las organizaciones Centro Unidos de Detallistas, la Asociación Hecho en Puerto Rico, la Asociación de Bancos, la Cámara de Comercio y la Asociación de Restaurantes, entre otros, apoyan enmiendas la Ley de Salario Mínimo de Puerto Rico.

El Proyecto de la Cámara 1115 presentado por el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP) Roberto López Román pretende eliminar la Comisión Evaluadora independiente de siete miembros cuya responsabilidad principal es revisar periódicamente el salario mínimo para trabajadores del sector privado.

Las organizaciones presentaron sus respectivas ponencias, así como el economista y profesor Luis Benítez Hernández, quien perteneció a la Comisión Evaluadora. Todos coincidieron que la decisión de encomendar estudios para determinar si aumentos en el salario mínimo es viable debe recaer en la legislatura en lugar de un comité compuesto por siete personas no electas.

El Departamento del Trabajo también ofreció su perspectiva del proyecto que enmendaría la composición de la Comisión Evaluadora. El presentado por López Román establece que estaría integrada por el secretario del Trabajo, el secretario del Departamento de Hacienda, el presidente del Senado y el presidente de la Cámara además de ocho miembros adicionales nombrados por el gobernador de los cuáles cinco serían catedráticos de asuntos laborales y tres que representantes de los sectores sindicales, comercial-patronal y cooperativista.

De hecho, el Departamento del Trabajo no respalda el Proyecto de la Cámara 1115 como redactado.

El portavoz del Partido Popular en la Cámara, el representante Héctor Ferrer, criticó la postura del Departamento del Trabajo. Asimismo, sostuvo que lo pertinente era citar a los integrantes de la Comisión Evaluadora que actualmente está compuesta por cinco personas.

“Se tiene que peinar o hacer rolos. No puede coincidir con una intensión legislativa y luego decir que está en contra. Me parece que traer primero al Departamento del Trabajo y luego a la empresa privada para favorecerlo es responder a los grandes intereses. Tenemos una Comisión Evaluadora que tiene quorum, se encuentra confeccionando un análisis para determinar si procede o no un aumento en el verano”, dijo durante una pausa de la vista pública.

Ferrer Santiago destacó que la administración de la gobernadora Jenniffer González Colón no ha nombrado a dos personas cualificadas para ocupar las dos vacantes.

“Me parece que el proyecto responde a los acercamientos de los grandes intereses para presentar algo que desde el saque es inconstitucional. Ninguna asamblea legislativa puede obligar a otra tomar decisiones y eso establece el proyecto”, agregó.

Según el representante Domingo Torres resaltó que la intención de establecer una Comisión Evaluadora era remover de las manos de los políticos decidir si procede revisar el salario mínimo.

“Estamos creando capas sobre unas decisiones que se tienen que tomar. Eliminar una junta que es lo más sabio y propio que se pudo trabajar el pasado cuatrienio para dejar fuera la mano de un político, aquí lo están dejando en las manos de un político”, puntualizó Torres.

En el 2007, el salario mínimo era de $5.85 por hora trabajada. Dos años después aumentó a $6.55. No fue hasta el 2016 que fue establecido en $7.25 por hora y permaneció así hasta el 2020 cuando subió a $8.50 para ciertos trabajadores.

El profesor Benítez Hernández detalló que el salario promedio por hora en Puerto Rico es de $11, lo que equivale a $22,880 anuales. Aunque la vista pública no estuvo centrada en una discusión sobre el salario mínimo, los representantes del sector privado recalcaron que el mercado, entiéndase la oferta y demanda, debería ser el factor que establezca la cantidad para pagar a empleados. Mateo Cidre, en representación de la Asociación Hecho en Puerto Rico, insistió que la intención es pegar mejores salarios siempre y cuando se tome en consideración los ambientes para hacer negocios en Puerto Rico con una intervención mínimo del gobierno.

Sin embargo, la representante del Partido Independentista Puertorriqueño, Adriana Guitérrez Colón, censuró dicha aseveración.

“El sector privado apoya la medida, no sorprende. Sí hubo en la discusión un poco de contradicción porque al principio se basó un poco en no se veían representados en la composición de la Comisión Evaluadora, pero luego están solicitando que se elimine y se alejaron de ese argumento”, indicó.

“Lo que hay es un problema de ejecución como suele suceder en muchas ocasiones donde han sometido sus recomendaciones al ejecutivo, pero no los nombran ni se confirman en el Senado como establece la Ley. No fue hasta que se estableció la comisión que por fin se produce un aumento en el salario mínimo después de la clase trabajadora estar tantos años sin verlo”, concluyó Gutiérrez Colón.