Oficiales del gobierno colaboran y se hacen de la “vista gorda” para permitir el trasiego de drogas.

La infiltración de organizaciones criminales en sectores económicos y gubernamentales en Puerto Rico constituye uno de los factores más desestabilizadores de la seguridad pública en la isla.

El narcotráfico de alto volumen —particularmente el movimiento de cargamentos marítimos de cientos de kilogramos de cocaína— requiere colaboración interna, lo que abre la puerta a la corrupción en puertos, transporte marítimo, logística, aduanas y servicios públicos.

Cuando redes criminales logran influir o corromper a empleados en puertos o agencias de transporte, pueden facilitar el paso de contenedores, manipular inspecciones, alterar manifiestos y obtener información sensible sobre horarios, rutas y vulnerabilidades operativas.

Esto no solo permite el flujo de drogas, armas y dinero, sino que también erosiona la integridad del sistema económico, afectando sectores como comercio, transporte, construcción y servicios esenciales.

“En el ámbito gubernamental, la infiltración puede manifestarse en sobornos, extorsión, manipulación de contratos, interferencia en procesos regulatorios y acceso indebido a información confidencial”, describió el ex fiscal Angel Rivera González.

Cuando actores criminales logran influir en decisiones administrativas o en la asignación de recursos, se debilita la capacidad del Estado para regular, fiscalizar y proteger a la población. Esto genera un círculo vicioso: la corrupción facilita el narcotráfico, el narcotráfico genera más recursos para corromper, y la corrupción reduce la capacidad del gobierno para responder.

A nivel comunitario, la percepción de que instituciones públicas están comprometidas por intereses criminales disminuye la confianza ciudadana, reduce la cooperación con autoridades y alimenta la sensación de impunidad.

La corrupción de empleados gubernamentales ha sido más marcada en la Autoridad de Puertos y la Policía de Puerto Rico.

Los Puertos son punto de entrada de drogas

Las organizaciones criminales transnacionales que operan en Puerto Rico —como la organización La Familia Nunca Muere (LFNM) ha sido ampliamente investigada y documentada por la DEA y el Homeland Security Task Force. Según ha sido descrito por las agencias federales estas organizaciones dependen de una infraestructura compleja que incluye infiltrar empleados gerenciales en los puertos, las entidades de transporte marítimo, para lograr desarrollar la logística, almacenamiento, acarreo y distribución de los cargamentos ilegales.

Aunque los casos federales no siempre nombran empleados específicos, la escala y coordinación de estas organizaciones implican acceso privilegiado a información, rutas y operaciones, lo cual solo es posible mediante infiltración, colusión o corrupción en sectores económicos y gubernamentales.

El narcotráfico en los puertos de Puerto Rico funciona como una operación logística sofisticada que combina rutas marítimas internacionales, manipulación de cargas comerciales y, en muchos casos, corrupción o colusión dentro de la cadena de transporte.

Los cargamentos suelen originarse en Venezuela, Colombia y otros países de Sudamérica; viajan en lanchas rápidas, barcos pesqueros o embarcaciones “madre” que se acercan al Caribe y realizan trasbordos en alta mar hacia embarcaciones más pequeñas o hacia barcos que aparentan transportar mercancía legítima.

Desde ahí, las drogas se dirigen a puertos de Puerto Rico, donde el objetivo principal de las organizaciones criminales es “camuflar” la carga ilícita dentro de flujos comerciales normales para reducir el riesgo de detección.

En los últimos 10 años se han reportado cerca de 14,000 incongruencias entre los manifiestos que proveen los navieros y el contenido de la carga. La gobernadora Jenniffer González Colon, en un comunicado de prensa emitido en agosto de 2025, detalló que los sistemas de seguridad portuaria habían detectado ese año cerca de 3,400 insistencias entre el contenido de la carga en furgones y los manifiestos sometidos al Departamento de Hacienda.

Sin embargo, en aquel momento, no se detallaron las intervenciones hechas por el Departamento de Hacienda, La Policía de Puerto Rico o las agencias federales para incautar o al menos corroborar el contenido de la carga sospechosa.

Según describieron varias fuentes ligadas a la operación portuaria que solicitaron ser mantenidos en anonimato, una vez el barco llega al puerto, la clave está en obtener información de la logística de salida de los muelles, la manipulación de los contenedores y alterar los manifiestos.

La información proviene de empleados corruptos, contratistas, personal de seguridad o intermediarios que venden datos operacionales en busca de que un contenedor con droga puede pasar como parte de un envío de alimentos, materiales de construcción o productos de consumo, y salir del puerto en camiones aparentemente legítimos.

Otra de las estrategias es evadir la inspección del furgón contaminado con drogas y armas al intentar salir del área portuaria durante los turnos más saturados de tráfico y así justificar la autorización de un oficial de la Autoridad de los Puertos de que el contenedor no sea inspeccionado.

Otro empleado de la zona portuaria de San Juan aseguró que, “los narcos utilizan como fachada algunas empresas de importación y exportación para justificar la entrada y salida de mercancías. Pero en verdad, es una mera fachada para evadir la Policía”. En esta etapa, la información interna que tienen los narcotraficantes es valiosa, ya que mantienen contacto con empleados del gobierno para saber qué contenedores se inspeccionan, qué turnos están más saturados, qué áreas del muelle tienen menos vigilancia.

La logística terrestre es el siguiente eslabón. Los contenedores o cargas que llevan droga se trasladan a almacenes, estructuras industriales o puntos de acopio vinculados a empresas fachada o a individuos que sirven de “puente” entre el puerto y las redes de distribución.

En estos almacenes se abre la carga, se separa la droga de la mercancía legal y se reorganiza para su próxima etapa: parte se queda para consumo local en Puerto Rico y otra parte se prepara para ser enviada al territorio continental de Estados Unidos. Esa redistribución puede hacerse por tres vías principales: nuevos envíos marítimos en furgones hacia la costa este de Estados Unidos, carga aérea comerciales o privados escondidos en maletas, y el uso intensivo del sistema de correo donde la droga se envía en paquetes más pequeños hacia ciudades del Estados Unidos.

Todo este proceso requiere una coordinación fina entre quienes controlan las rutas marítimas, quienes manejan la documentación y logística portuaria, quienes operan los camiones y almacenes, y quienes tienen acceso a canales de salida (aviones, barcos, correo).

Las organizaciones criminales utilizan empresas fachada, testaferros y estructuras de lavado de dinero para financiar la operación, pagar sobornos, adquirir vehículos, alquilar almacenes y mantener una apariencia de legalidad. En paralelo, emplean violencia e intimidación para asegurar que nadie dentro de la cadena los delate: empleados portuarios, transportistas y personal de almacén pueden ser presionados, amenazados o cooptados.

“En términos generales, el narcotráfico en los puertos de Puerto Rico no es un acto aislado de “bajar droga de un contenedor, sino una cadena logística completa que incluye la entrada marítima, infiltración en procesos portuarios, manipulación de los manifiestos contenedores, traslado terrestre a puntos de acopio, separación y reempaque, y salida hacia puntos de drogas en la isla y externos. La combinación de información interna, empresas fachada, corrupción puntual y violencia organizada convierte a los puertos de Puerto Rico en el punto crítico de una red que conecta a Sudamérica, y el territorio continental de Estados Unidos”, señaló el abogado criminalista y exfiscal Angel Rivera González.

Los narcotraficantes infiltran la Policía

Durante los últimos quince años, las agencias federales —principalmente el FBI, el Departamento de Justicia (DOJ) y la DEA— han llevado a cabo múltiples operaciones en Puerto Rico que revelan la infiltración del narcotráfico en las fuerzas policiales. Estos casos han expuesto redes de corrupción dentro de la Policía de Puerto Rico y de agencias municipales, donde agentes colaboraban con organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas, lavado de dinero y protección de cargamentos ilícitos.

En 2010, el FBI ejecutó una de las mayores operaciones anticorrupción en la historia de la isla: “Operation Guard Shack”, que culminó con el arresto de 133 personas, entre ellas 89 policías —estatales, municipales y penitenciarios— acusados de proteger cargamentos de cocaína y heroína, escoltar transacciones y vender información a narcotraficantes.

La operación se desarrolló en más de una docena de municipios y reveló una estructura criminal que operaba dentro de la propia fuerza policial.

En 2015, otra investigación federal llevó al arresto de 10 agentes de la Policía de Puerto Rico en la zona de Aguadilla y Mayagüez, acusados de participar en un esquema de robo de drogas y dinero durante allanamientos. Los agentes sustraían narcóticos de escenas de crimen y los revendían en el mercado ilegal. El caso fue procesado por el U.S. Attorney’s Office y la DEA Caribbean Division, que lo calificaron como un ejemplo de “corrupción institucionalizada”.

En 2018, el FBI arrestó a 7 policías en el área metropolitana de San Juan por conspirar con narcotraficantes locales para proteger puntos de drogas y alertar sobre operativos. Los agentes recibían pagos mensuales y, en algunos casos, participaban directamente en la distribución de narcóticos. Las investigaciones revelaron vínculos con organizaciones criminales que operaban en residenciales públicos y zonas portuarias.

En 2021, una operación conjunta del FBI y el Homeland Security Investigations (HSI) resultó en el arresto de 12 oficiales —incluyendo agentes de tránsito y de unidades especiales— acusados de escoltar cargamentos de cocaína desde el sur de la isla hacia el área metropolitana. Los federales documentaron pagos en efectivo, uso de vehículos oficiales y manipulación de evidencia para encubrir las actividades.
Más recientemente, en 2024, el FBI y el Departamento de Justicia federal anunciaron el arresto de 6 policías activos y 3 retirados en una investigación sobre corrupción en la región de Ponce y Guayanilla. Los agentes estaban vinculados a una red que protegía cargamentos marítimos y filtraba información sobre operativos antidrogas. El fiscal federal W. Stephen Muldrow declaró que “la corrupción policial sigue siendo una amenaza directa a la seguridad pública y a la confianza ciudadana”.

En conjunto, estos casos muestran un patrón persistente: el narcotráfico no solo corrompe estructuras económicas y gubernamentales, sino también instituciones de seguridad. La participación de policías en redes criminales ha permitido el flujo de drogas, armas y dinero, debilitando la capacidad del Estado para combatir el crimen organizado. Las agencias federales continúan monitoreando y procesando estos casos, que reflejan la magnitud del desafío de limpiar las instituciones de la influencia del narcotráfico en Puerto Rico.

En sectores económicos, la infiltración criminal también distorsiona mercados: empresas legítimas enfrentan competencia desleal de negocios utilizados como fachadas para lavado de dinero, lo que afecta empleo, inversión y estabilidad económica. El lavado de activos a través de comercios, construcción, transporte y servicios financieros crea economías paralelas que desestabilizan la actividad económica formal y pueden influir en decisiones políticas locales.

En servicios públicos, la infiltración puede afectar la seguridad en carreteras, puertos, aeropuertos y sistemas de correo, creando riesgos directos para empleados y ciudadanos.En conjunto, la infiltración criminal en sectores económicos y gubernamentales convierte al narcotráfico en un fenómeno que trasciende la criminalidad tradicional y se convierte en un problema estructural que afecta gobernanza, economía, confianza pública y estabilidad social. Este tipo de penetración institucional es uno de los factores que más agrava la inseguridad en Puerto Rico, porque debilita la capacidad del Estado para proteger a la población y permite que organizaciones criminales operen con mayor sofisticación y alcance.