Proyecto obliga arrendamientos a corto plazo alertar sobre peligros en playas
Deberán promover la utilización de la aplicación móvil “Swim Safe PR” entre los huéspedes.
La representante Lisie Burgos Muñiz (izquierda) votó en contra y Héctor Ferrer Santiago se abstuvo. (Foto suministrada)
La Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que obligaría a hospederías y arrendamientos a corto plazo proporcionar un aviso de seguridad sobre las condiciones de peligrosidad en las playas y promover la utilización de la aplicación móvil “Swim Safe PR”.
El Proyecto de la Cámara 605, de la autoría de la representante María de Loudes Ramos Rivera, fue respaldado con 43 votos durante la sesión legislativa en medio de las recientes muertes por ahogamiento reportadas en Puerto Rico durante la Semana Santa.
“Es crucial implementar un mecanismo de seguridad adicional con el objetivo de alertar a los huéspedes sobre las condiciones de peligrosidad existentes en las áreas en que se hospedan para prevenir incidentes y proteger tanto a los turistas, como a los residentes que disfrutan de las playas”, expresó Ramos Rivera en la exposición de motivos de la medida.
Inicialmente, la autora propuso que la medida aplicara únicamente a los arrendamientos a corto plazo, pero la Comisión de Turismo de la Cámara acogió enmiendas sugeridas por la Compañía de Turismo, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y la plataforma Airbnb para incluir a hoteles y paradores.
Entre otros cambios, el proyecto dispone que la Junta Interagencial para el Manejo de las Playas y la Compañía de Turismo se encargarán de proveer la rotulación que los alojamientos dedicados al turismo deberán instalar en el interior de las habitaciones o propiedades.
Estos letreros deberán orientar al huésped sobre la importancia de registrarse en la aplicación “Swim Safe PR” donde diariamente se le notificará de las advertencias oficiales antes de dirigirse a la playa, las señales de advertencias y las banderas, así como las alertas vigentes.
La legislación también establece que la Junta Interagencial podrá imponer penalidades por incumplimiento en conformidad con la Ley 293-1999. Sin embargo, el representante Héctor Ferrer Santiago cuestionó durante su turno en el hemiciclo si la omisión de los propietarios constituiría una responsabilidad civil.
El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) solicitó que el proyecto fuera devuelto a la comisión para requerir el análisis del Departamento de Justicia y, tras el rechazo de su moción, el legislador se abstuvo de la votación.
La pieza legislativa obtuvo el voto en contra de las representantes Lisie Burgos Muñiz, Gretchen Hau y del legislador Reinaldo Figueroa Acevedo.
Según trascendió en medios locales, las autoridades han registrado más de 16 muertes por sumersión en lo que va del 2026, de las cuales la mayoría corresponden a turistas.
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