El cabildero ha incumplido múltiples requerimiento para contestar preguntas y producir información que sustentaría, o no, sus alegaciones.

La demanda que el exdirector de campaña Elías Sánchez Sifonte y su esposa, la exsecretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Valerie Rodríguez Erazo, sometieron a fines de 2020 por supuesta difamación sigue empantanada en descubrimiento de prueba porque el matrimonio no ha provisto información solicitada repetidamente.

Los demandados son Josué “Jay” Fonseca Aponte, su exproductor, Antonio “Tony” Mojena Zapico, Telemundo, NBC y otras entidades corporativas. Los demandantes piden compensación de $35 millones.

Ya la reclamación tiene fecha de juicio para noviembre de 2027 y se supone que el descubrimiento de prueba terminara el 13 de febrero pasado. Pero los demandados han sometido varias mociones pidiendo al juez federal Raúl Arias Marxuach que extienda ese plazo hasta junio próximo debido a la falta de respuestas del matrimonio. El tribunal concedió a los demandantes hasta el jueves próximo para plantear por qué no debería posponer el descubrimiento hasta el verano.

Uno de los artículos que no han entregado es la información contributiva que se supone sostenga su reclamación de que sufrieron daño económico debido a la difamación. Tampoco han sometido autorizaciones para que los demandados puedan obtener esos datos de las autoridades pertinentes. “Completamos (las autorizaciones). Salieron para la firma de nuestros clientes”, dijo a los demandados el abogado de la pareja, Lorenzo Palomares Starbuck, el 14 de enero pasado, y todavía esperan por los documentos, según una de las mociones.

Sobre este punto, el martes el juez emitió una orden para que sometan las autorizaciones firmadas para el 11 de marzo o les va a desestimar todas sus reclamaciones que tienen que ver con daños económicos. «Suficiente pérdida de tiempo. El descubrimiento de planillas contributivas es rutina en casos en los que se reclaman daños económicos», indicó el juez.

Fonseca Aponte, quien mantiene espacios en radio, televisión y maneja su propio medio de noticias digital, argumentó al juez que el matrimonio ha usado la demanda para “atacar” su reputación, a la misma vez que “se rehúsan a adelantar” el caso. Los demandados “no han mostrado interés genuino en mover esta caso hacia su resolución, contentos con dejarlo languidecer mientras los demandados se ven obligados a gastar decenas de miles de dólares respondiendo a una reclamación que es frívola de su faz”, añadió.

Las respuestas y prueba que los demandantes no han dado todavía impactan la preparación de deposiciones y de mociones que pueden ser dispositivas del caso antes de llegar al juicio. Las mociones indican que se ha obtenido prueba de otras entidades que no son parte del caso, pero que esos requerimientos también podrían cambiar cuando la pareja conteste. Esas entidades son: Triple-S Advantage, Inc., Triple-S Management, Triple-S Salud, Inc., Triple-S Propiedad, Inc., Triple-S Vida, Inc., el bufete  Wolf Popper P.S.C., World Professionals Group LLC, CDO Group, P.S.C., TPFC LLC, Tactical Media Group, Inc., los departamentos de Salud, Justicia, Policía, la Junta de Planificación, el Senado, la Cámara de Representantes,  Globalize, LLC y Veritas Consulting, LLC.