El Negociado de Telecomunicaciones se unió a las agencias que alertan sobre riesgos de fragmentación y retrasos

El presidente del Negociado de Telecomunicaciones (NET), adscrito a la Junta Reglamentadora de Servicios Públicos, Osvaldo Soto, indicó que la agencia se hace eco de la oposición al proyecto de ley que busca establecer como requisito el endoso municipal para la instalación de torres de telecomunicaciones.

“La postura del Negociado de Telecomunicaciones sobre esa medida es no favorecerla, porque esto daría al traste un marco jurídico distinto en 78 municipios. Entiéndase que cada municipio implementaría reglas distintas para decidir si se coloca o no en ese municipio una torre de telecomunicaciones”, respondió Soto a preguntas de NotiCel. 

Soto argumentó que la medida generaría un marco jurídico fragmentado, lo que resultaría en normativas dispares para la aprobación de infraestructuras, contradiciendo la uniformidad exigida por la normativa federal de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, en inglés). Y que actualmente, solo la Oficina de Gerencia y Permisos (OGPe) y la Junta Reglamentadora tienen la competencia y peritaje técnico para evaluar y autorizar estos proyectos.

El NET, que compareció a la vista pública celebrada por la Comisión de Planificación, Permisos, Infraestructura y Urbanismo, indicó además que la agencia también cuenta con una división de infraestructura donde evalúan las solicitudes de torres de comunicación.

«Es una oficina de mucha pericia, de mucho conocimiento y evaluamos de manera bien detallada y bien específica cada vez que se somete una petición de torres. Pero esta posición que le estoy expresando a usted en la mañana de hoy ya ha sido expuesta en la Comisión, como mencioné, mediante un memorial que así tuvimos a bien a someter al Senado de Puerto Rico”, agregó.

El Proyecto del Senado 764, presentado por el senador y exalcalde de Comerío, José A. Santiago Rivera, fue ampliamente cuestionado. Aunque la legislación plantea que la proliferación de torres ha afectado a varias comunidades, los detractores sostienen que la propuesta complicaría y retrasaría aún más el proceso de permisos.

Actualmente, la Junta de Planificación y la OGPe son responsables de tramitar y otorgar los permisos, y cualquier solicitud recibida por los ayuntamientos debe ser remitida a dicho ente en un plazo de 10 días.

No obstante, el proyecto argumenta que la ubicación indiscriminada de torres afecta la estética y calidad de vida de las comunidades, e incluso alerta sobre autorizaciones en áreas residenciales y zonas ambientalmente sensibles, generando preocupación social y medioambiental.

Por otro lado, Soto anunció que estaría presidiendo una audiencia pública sobre el proyecto “Red Segura de Telecomunicaciones” en Aguadilla, iniciativa que tiene como objetivo desarrollar un plan para gestionar la infraestructura de telecomunicaciones obsoleta o peligrosa en los 78 municipios de Puerto Rico.

Las audiencias tenían como objetivo promover la colaboración entre agencias gubernamentales, municipios, compañías de telecomunicaciones y otros sectores relevantes, con el propósito de abordar de manera responsable y eficiente la infraestructura que incide en la seguridad, el orden y el entorno urbano de las comunidades.

El proyecto “Red Segura de Telecomunicaciones” propone medidas orientadas a fortalecer la seguridad pública, mitigar riesgos asociados a estructuras abandonadas o deterioradas, y optimizar la planificación de la infraestructura en la isla. Con la realización de estas audiencias en la Legislatura Municipal de Aguadilla, el Negociado de Telecomunicaciones ratifica su compromiso con la seguridad, la organización y la cooperación interagencial para enfrentar este asunto prioritario en Puerto Rico.

Previo a la jornada de discusión, Soto informó en conferencia de prensa que uno de los temas a tratar sería la identificación precisa del número de cables en todas las comunidades.

“Las principales empresas de telecomunicaciones de Puerto Rico, ampliamente reconocidas, mantienen actualmente conexiones a estos cables; aunque no serán mencionadas individualmente, cualquier proveedor de servicios de fibra óptica o cable de cobre podría estar implicado. Disponemos de un registro detallado y procederemos a revisar compañía por compañía, garantizando así la inclusión de todos los agentes involucrados y la recopilación de sus observaciones y sugerencias. Esto nos permitirá emitir la orden final del plan consolidado de manera estructurada y eficaz», aseguró.

Este proceso brindará beneficios tanto a las comunidades como a las empresas, facilitando el acceso para nuevas conexiones sobre cables disponibles o infraestructuras actualmente inactivas o interrumpidas en determinados segmentos, según explicó.