El proyecto se acerca a su presentación en la Cámara, con ajustes tras recomendaciones de entidades y especialistas en salud mental.

El representante Gabriel Rodríguez Aguiló confirmó a NotiCel que el proyecto de reforma a la Ley 408 de Salud Mental está “bastante avanzado”, tras una recopilación de información y análisis de recomendaciones de diferentes sectores. Según explicó el proponente de la medida, espera que la pieza legislativa esté lista para incluirse en el calendario de sesión ordinara la primera semana de marzo.

“Prácticamente hemos recogido bastante información adicional además de la que ya teníamos antes de las vistas públicas, durante las vistas públicas y luego de las vistas públicas, por el llamado que hicimos a que se nos enviara la información. Estamos bien adelantados, se está compilando todo, todo a nivel de la técnica legislativa, Donde son las enmiendas, cómo e el lenguaje que se está procurando, las observaciones que hizo el Departamento de Salud, que tiene que ver con las definiciones que se están ampliando y adaptando a la solicitud del secretario de Salud a través de su ponencia. Así que el plan sigue como lo establecimos, que en las próximas dos semanas ya podamos estar listos para presentar el proyecto en el hemiciclo para que sea aprobado”, explicó Rodríguez Aguiló.

El Proyecto de la Cámara 1007 (PC1007), liderado por Rodríguez Aguiló, aborda la salud mental como un derecho humano fundamental y parte esencial del desarrollo. Propone atención integral centrada en el bienestar, priorizando la prevención, detección temprana y tratamiento oportuno, reservando la hospitalización solo para casos graves o de crisis, con el objetivo de reintegrar al paciente a servicios ambulatorios y promover su autonomía.

El legislador detalló que el proceso de análisis que comenzó desde marzo de 2025 y conllevó dos extensas vistas públicas con representantes de distintos sectores “ha sido exhaustivo”.

Según indicó, la pieza legislativa ha reunido aportaciones recibidas antes, durante y después de las audiencias públicas, atendiendo a solicitudes del Departamento de Salud y ampliando definiciones según la recomendación de los diversos sectores.

El representante compartió que recientemente estuvo reunido con la directora de la comisión y el equipo técnico evaluando las preocupaciones y recomendaciones de los distintos entes y de diferentes agencias para fortalecer el proyecto y aclarar ciertas situaciones. Entre las preocupaciones más consistentes están relacionadas al lenguaje empleado al abordar aspectos como la dependencia a drogas o alcohol.

Uno de los cambios principales es que, mientras la medida original exigía la evaluación de nuevos participantes por un psiquiatra, ahora se permite que médicos generalistas, psicólogos, psiquiatras o personal de apoyo certificado realicen la evaluación inicial.

Asimismo, la Administración de Servicios de Salud Mental y Conta la Adicción (ASSMCA) aportó observaciones relacionadas con el impacto fiscal de la propuesta, lo que motivó ajustes para evitar aumentos de presupuesto. 

“Estamos esperando todavía conciliar otras recomendaciones que yo espero que ya para la semana que viene ya tengamos el producto final para así poder convocar a la vista ejecutiva, discutirlos con los miembros de la Comisión y poder someterlo a la aprobación en el hemiciclo”, agregó el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes.

Voces de la comunidad

De otro lado, entidades como El Frente Amplio de Acción Social (FAAS) objetan el proyecto PC 1007 por considerar que no responde a la crisis de la isla y carece de un enfoque de derechos humanos, abogando por políticas públicas integrales y centradas en la dignidad y la justicia social. 

“La salud mental se legisla con la gente, no sobre la gente”, señaló la doctora Alice Pérez Fernández , presidenta de FAAS, durante una vista comunitaria donde se escucharon testimonios de padres, cuidadores y pacientes, quienes denunciaron barreras de acceso, criminalización del paciente y deficiencias en el trato médico. 

En la audiencia, que tuvo lugar en el Colegio de Abogados en San Juan, se escucharon voces como la de Isabel, madre de un niño con autismo, trastorno de déficit de atención con hiperactividad y trastorno oposicional desafiante, quien relató su experiencia la falta de servicios adecuados, llegando a considerar emigrar para obtener mejor atención. 

Igualmente, Camelia Porrata, paciente de bipolaridad, criticó la falta de empatía en los hospitales psiquiátricos y denunció graves problemas en los procesos de admisión.

José, cuidador de familiares con condiciones de salud mental, reclamó la necesidad de mayor acercamiento del poder judicial y la falta de policías capacitados para intervenir en estos casos. Por su parte, la Alianza de Autismo insistió en la necesidad de protocolos claros y formación específica para atender a personas dentro del espectro autista.

Rodríguez Aguiló reconoció que la intervención policial en casos de pacientes descompensados es una práctica común.  Sin embargo, actualmente, se notifica a la policía, quien puede trasladar al paciente a un cuartel y, tras autorización judicial para poner en marcha la Ley 408 y lograr la estabilización.

“El proyecto busca cambiar este procedimiento para que la intervención sea realizada por policía y equipo de emergencias médicas, y el traslado será en ambulancia a una sala de emergencia, donde profesionales evaluarán si se requiere tratamiento involuntario”, explicó.

Además, el proyecto exige adiestramientos para policías y paramédicos, garantizando una atención digna, sin impacto fiscal, ya que las organizaciones de salud mental se han ofrecido a brindar formación gratuita. El tribunal solo intervendrá cuando sea necesario, no desde el inicio como establece la Ley 408 vigente.

La medida también incorpora formación específica para el personal de emergencias sobre autismo, tras un caso trágico en el que un agente disparó a un paciente autista por desconocimiento. 

“Se busca evitar que se repitan situaciones similares y garantizar que los profesionales estén preparados para atender a la población neurodivergente”, agregó el representante.

Rodríguez Aguiló subrayó que el proceso sigue abierto a aportaciones de la comunidad y sectores interesados, pese a que se detuvieron las vistas públicas para avanzar en la redacción del proyecto. 

“Se han seguido evaluando todas las inquietudes y, muchas se han incorporado al proyecto”.

Según Rodríguez Aguiló, el informe justificativo de las enmiendas ya alcanza las 100 páginas, reflejando la magnitud de la reforma tras 25 años de vigencia de la Ley 408. El reto ahora es lograr una legislación que responda a las necesidades reales, contemple la dignidad y garantice una atención adecuada, preparada y empática para todos los pacientes de salud mental en Puerto Rico.