Según los documentos del caso, Elsa Santiago Colón admitió que “conspiró de manera voluntaria y a sabiendas para robar más de mil dólares en fondos federales y aceptó pagos de sobornos a cambio de sus actos corruptos”, según indicó el fiscal federal W. Stephen Muldrow en declaraciones escritas.

Una empleada del Departamento de Hacienda de Puerto Rico se declaró culpable el pasado viernes de una conspiración para defraudar a Estados Unidos mediante el desvío de fondos públicos, informó la Fiscalía federal.

Según los documentos del caso, Elsa Santiago Colón admitió que “conspiró de manera voluntaria y a sabiendas para robar más de mil dólares en fondos federales y aceptó pagos de sobornos a cambio de sus actos corruptos”, según indicó el fiscal federal W. Stephen Muldrow en declaraciones escritas.

La Fiscalía precisó que entre enero y mayo de 2021, Santiago Colón tenía acceso privilegiado a cuentas del Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI) de contribuyentes. Como parte de la conspiración, aceptó dinero en efectivo y beneficios como comidas para modificar y entregar credenciales de acceso a un coconspirador identificado como “Individuo A”. Con esa información, se presentaron solicitudes fraudulentas al programa Business Interruption Grant (BIG), que otorgaba ayudas del Fondo de Ayuda por Coronavirus del Departamento del Tesoro federal.

El Departamento de Hacienda desembolsó alrededor de 128,000 dólares en fondos fraudulentos como resultado del esquema.

“En conjunto con nuestros socios de ley y orden, continuaremos procesando de manera enérgica a los funcionarios corruptos que se aprovechan del sistema para beneficiar a unos pocos a cambio de sobornos. Esta acusación es una advertencia para otros empleados públicos involucrados en este tipo de esquemas”, dijo Muldrow en declaraciones escritas.

Santiago Colón compareció ante la jueza federal Silvia Carreño Coll, renunció a la acusación formal del gran jurado y se declaró culpable de un cargo de conspiración. Enfrenta una pena máxima de cinco años de cárcel, una multa que podría llegar a 250,000 dólares y término de libertad supervisada. La sentencia será determinada conforme a las guías federales.

El Negociado Federal de Investigaciones (FBI) está a cargo de la investigación. La fiscal auxiliar federal Linet Olinghouse dirige la acusación.