Señalaron que las enmiendas al Código de Rentas Internas implementadas por el Departamento de Hacienda han generado un impacto positivo y directo en el sector, traduciéndose en mayores recaudos, más empleos y el fortalecimiento de nuevas destilerías y marcas locales.
Representantes de la industria local de bebidas artesanales defendieron hoy la política pública que ha permitido el resurgir de los espíritus destilados en Puerto Rico, en momentos en que se discuten medidas que reevalúan los avances logrados en años recientes.
Señalaron que las enmiendas al Código de Rentas Internas implementadas por el Departamento de Hacienda han generado un impacto positivo y directo en el sector, traduciéndose en mayores recaudos, más empleos y el fortalecimiento de nuevas destilerías y marcas locales.
“La industria de bebidas artesanales es hoy más diversa y sólida gracias al marco regulatorio existente. Lo que antes era un nicho limitado, ahora es un ecosistema con potencial de exportación y reconocimiento internacional”, destacó Carlos López, de Bravada Vodka.
De igual forma, Joaquín Bacardí, de Ron del Barrilito, subrayó que “Puerto Rico tiene una tradición centenaria en la producción de ron, y en años recientes hemos visto cómo esa misma tradición se ha transformado en innovación. Nuevos proyectos, nuevas marcas, más empleos. Esa es la evidencia de que la política pública actual está funcionando”.
Por su parte, Omar Rosa, de Latin Drinks, recalcó que “cada nueva destilería o marca que abre en el país significa inversión, contratación de suplidores, turismo y oportunidades para jóvenes emprendedores. No podemos perder de vista que este sector aporta directamente a la economía formal y a los recaudos del Estado”.
Los portavoces coincidieron en que la industria de bebidas hechas en Puerto Rico se encuentra en crecimiento sostenido gracias a un marco regulatorio balanceado, que no solo fomenta el desarrollo empresarial sino que también fortalece la base contributiva del gobierno.
Aseguraron que esta evolución demuestra cómo una política pública bien diseñada puede convertir la regulación fiscal en una herramienta estratégica para impulsar la innovación, la competitividad y el orgullo nacional.
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