El Negociado de Energía dejó sobre la mesa una petición de ajuste de la AEE para los meses de julio, agosto y septiembre del año pasado.

Sin mucho ruido, el Negociado de Energía aprobó un aumento en la tarifa de la electricidad de 0.81 centavos por kilovatio hora para el primer trimestre del año.

Pero esta comisión reguladora todavía tiene ante su consideración una petición de ajuste de tarifa para los meses de julio, agosto y septiembre del año pasado, que dejó en suspenso ante incongruencias en los inventarios de combustible de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), alertó el ingeniero Tomás Torres Placa, representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la corporación pública.

A tenor con los estatutos vigentes, la AEE somete revisiones de tarifa trimestralmente, que apoya con datos del costo de la compra de combustible y del costo de la compra de energía a plantas privadas como EcoEléctrica y AES.

Por ejemplo, la tarifa eléctrica se redujo en 5 centavos en junio pasado debido a la baja mundial en el costo del combustible. Pero en la próxima revisión de tarifa, la AEE solicitó un incremento de 2.75 centavos por kilovatio que quedó sobre la mesa.

Según Torres Placa a finales de septiembre pasado, el Negociado de Energía solicitó a la AEE que sustentara esa petición porque la corporación pública sometió datos que no se recogían la realidad del mercado. Pese a que el costo del barril de combustible rondaba los $59, las plantas de San Juan y Palo Seco registraron un costo de $102 por compra de diésel y de $76 por barril de combustible, según la información presentada al ente regulador.

Ante esta situación y de cara a las elecciones generales en noviembre, el Negociado de Energía solo ajustó el costo de la compra de energía.

Torres Placa indicó que ese “desfase”, sin embargo, llevó al Negociado a contratar la firma de auditores Larking and Associates para realizar una auditoría de la compra, adquisición, transportación y almacenamiento; así como los procesos de supervisión y análisis de consumo de los pasados tres años.

“Aquí hay un problema serio de inventario o de control de inventario”, afirmó el ingeniero.

“La responsabilidad no es solo de la Oficina de Combustible, sino que son responsables las oficinas de Finanzas y Planificación, que preparan las estadísticas que la AEE somete al Negociado. El Director Ejecutivo también tiene responsabilidad, que vio esos gastos inflados y no realizó una evaluación antes de enviarlos al Negociado”, agregó.

Hasta que no se atienda esta situación, Torres Placa no favoreció un incremento en la tarifa de la electricidad.

“Debido a que estas incongruencias en el costo de combustible continúan siendo evaluadas, el Negociado de Energía no debió aprobar un aumento hasta que finalmente se completen todas estas reconciliaciones y análisis requeridos”, insistió el ingeniero.

“Toda irregularidad en el costo de combustible tiene que ser detectada y atendida por la AEE antes de pasar la data al Negociado dentro de un marco de diligencia y buena administración. El Negociado por otro lado, como parte de su análisis y auditoria, debe hacer público sus hallazgos y hacer recomendaciones específicas para erradicar de una vez los problemas relacionados a la compra, manejo y los procesos de supervisión y análisis de consumo de combustible en la AEE que perjudican directamente a los consumidores con costos elevados”, abundó.

Pero de aprobarse finalmente ese aumento de 2.75 centavos, Torres Placa apuntó que el Negociado suele diluir su efecto aplicándolo de manera gradual.

Mira la resolución y orden del Negociado de Energía aquí.