En el 2016, un 13% de la humanidad estaba obesa.

Unos 2,000 millones de adultos sufren sobrepeso u obesidad, una cifra que aumenta a un ritmo sin precedentes y ya evidencia una crisis de salud pública de dimensiones globales, según la Federación Mundial de Obesidad.

‘La obesidad afecta a millones de personas, incluso más que los que carecen de alimentos. Puede que sea el principal problema de salud pública, pero recibe muy poca atención y fondos’, asegura a Efe Tim Lobstein, director de Políticas de dicha organización, que agrupa a más de medio centenar de asociaciones dedicadas al estudio y tratamiento de ese problema.

Las últimas estimaciones de la ONU hablan de 672 millones de adultos obesos en 2016, un 13% de la población mundial que, como otras personas con sobrepeso, tiene una acumulación anormal de grasa.

El exceso de masa corporal supone unos 4 millones de muertes anuales, mientras que solo la obesidad cuesta el 2.8 % del Producto Interior Bruto (PIB) mundial, según la comisión especializada de The Lancet, que alerta de que la malnutrición en todas sus formas es la mayor causa de enfermedades y muertes prematuras en el mundo.

Tanto el sobrepeso como la obesidad son considerados factores de riesgo para numerosas enfermedades crónicas, como las cardiovasculares, la diabetes o el cáncer.

Su prevalencia ha crecido de manera acelerada en el último decenio, tendencia de la que tampoco se salvan los países de ingresos bajos y medios, incluso en África y Asia, con las tasas más bajas de obesidad.

Lobstein destacó que el incremento es mayor en lugares como las pequeñas islas del Pacífico y el Caribe, o algunos países del Golfo, ‘posiblemente porque están importando muchos alimentos y con las reglas de la Organización Mundial del Comercio resulta muy difícil impedir la entrada de comida basura’.

La transición a una alimentación poco saludable, influida por el desarrollo económico, la urbanización, el sedentarismo y el acceso a productos baratos de mala calidad, ocurre también en países como los que tradicionalmente han seguido la dieta mediterránea.

‘Si ves lo que los niños comen en los hogares pobres de Italia, verás que pican mucho entre comidas y seguramente delante de la televisión’, advierte el responsable de la federación, que en un simposio en Roma criticó ‘el interés de la industria alimentaria por mantener la obesidad’, especialmente la de los más pequeños.

Detalló que en las últimas dos décadas el peso medio de las personas en países como Reino Unido o Estados Unidos ha crecido 10 kilogramos, una ‘inversión’ desde el punto de vista empresarial, puesto que ‘para mantener la temperatura corporal y moverse hace falta comer un 15% más de calorías’.

Frente a los prejuicios de quienes ven a los obesos como gente ‘irresponsable, vaga o maleducada’, Lobstein afirma que cada vez hay más organizaciones de pacientes y familiares que están empezando a hablar de un problema claramente social.

‘Lo importante es no centrarse en los individuos, sino en las políticas y en los ambientes en los que hacemos nuestras elecciones’, afirma el experto, que urge a encarecer y restringir la promoción de los productos no saludables, abaratando aquellos que sí lo son.

Y manda un mensaje a la industria: ‘Tiene que empezar a hacer los cambios que la sociedad necesita, dejar de pelear cada medida de salud pública o resistirse mientras sigue promoviendo productos de alto contenido en sal, grasas o azúcares’.

Distintos especialistas participantes en el simposio coincidieron en que no se trata de confiar en el sistema, sino en lograr una buena gobernanza en la que los mercados se adapten a las leyes y la sociedad civil participe activamente.

La profesora de la Universidad de Nueva York Marion Nestle denunció que los gigantes de la alimentación, guiados por el rendimiento económico, han imitado el manual de la industria del tabaco ‘dudando de la ciencia, apelando a la responsabilidad personal, llamando a la autorregulación del sector, financiando estudios amigables con ellos y presionando en público’.

Para contrarrestar, Nestle se hizo eco de los llamamientos para acabar con las subvenciones y la externalización de los costes que benefician a las grandes empresas, y para reforzar la rendición de cuentas y la libertad de información en favor de sistemas más sostenibles.