El Coliseo de Puerto Rico, Ticketpop y cinco productores de espectáculos enfrentan demandas por alegadamente violar las leyes de protección a las personas con impedimentos.

El hijo de Jonathan Álvarez Vega y la hija de Widallys Rivera Quiñones andan en sillas de ruedas y tienen uso limitado de sus manos. Cualifican ambos como niños con discapacidad según la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidad (Ley ADA, por sus siglas en inglés).

Según los relatos de las demandas firmadas por el abogado José Carlos Vélez Colón, quien defiende a los demandantes en representación de sus hijos menores de edad, las instalaciones físicas del Coliseo violan la Ley ADA, una ley que existe previo a la construcción de la principal plataforma de espectáculos del país.

Dentro del Coliseo, dice el texto de las demandas, los asientos segregados en vez de integrados, los espacios para sillas de ruedas sin silla de acompañante al lado, la ausencia de sistemas de asistencia para la audición y el pobre campo visual son violaciones a los derechos de dicha población.

La gerente general del Coliseo, Wesley Cullen, indicó a NotiCel que no tenían constancia de la radicación de la demanda, por lo que carecen de conocimiento sobre dichos señalamientos. Sin embargo, Cullen fue enfática en que el Coliseo siempre ha tenido ‘más de lo requerido’ para cumplir con la Ley y velar por la igualdad de acceso a las instalaciones para personas con impedimentos.

No obstante, insistió en que, aunque intentan mantenerse al día, han tenido observaciones en el pasado, las cuales se han atendido a través modificaciones a las instalaciones físicas. Invitó, por lo tanto, a un espacio de diálogo para hacer ‘los ajustes pertinentes’.

En el caso de los asientos segregados, Cullen indicó que existen balcones solo para personas con impedimentos para que sea más cómodo el acceso a una planta superior. En el área de arena, de así requerirlo el ciudadano, habilitan un espacio en los pasillos para sillas de rueda, pero añadió que muchas personas prefieren niveles superiores para un mejor campo visual.

Demandan también a la plataforma de ventas de boletos por internet Ticketpop por no permitir la compra de asientos para impedidos a través de la página web, para los espectáculos del Monster Jam, Disney on Ice, Chayanne: En Todo Estaré, Víctor Manuelle: Que suenen los tambores, Daddy Yankee vs. Don Omar: The Kingdom y Katy Perry: Prisma Tour, son otras de las violaciones.

Otro los señalamientos de las demandas alude al espacio de estacionamiento para impedidos, que ubica en una ‘pendiente excesiva’ y es más estrecho de lo que indica la Ley, por lo que ambos menores de edad tuvieron dificultad saliendo de los vehículos.

De igual forma, señalaron dificultades encontrando espacios para estacionamiento y describieron el camino ‘poco accesible’ del estacionamiento a las puertas del Coliseo.

Según Cullen, es la primera vez en once años de funcionamiento del Coliseo que recibirían una queja referente a los estacionamientos para impedidos, pero estarían atendiendo las quejas con la rapidez posible para realizar las modificaciones necesarias.

Fue cuando asistieron al espectáculo Disney World on Ice que los padres y sus hijos identificaron todas las fallas aludidas. Por lo tanto, también aparecen como demandados los productores de los espectáculos mencionados, Re: Create Grounp, Inc., TM Entertainment, Inc., Elyradical Productions, Inc., Rafael Antonio Pina Nieves y Josantonio Mellado González. Incluso, algunos de estos espectáculos carecen de asientos para impedidos en todos los niveles de arena.

En la demanda, se recalca la frustración y la humillación que sufrieron los menores por la desigualdad de acceso, haciéndolos sentir excluidos, negados de servicios, segregados y tratados de forma diferente. Piden que se alteren las instalaciones así como una compensación en pos de la ley de derechos civiles y por gastos de abogados.

Todavía ni la gerencia general del Coliseo ni Tickepop han recibido comunicación sobre la demanda, confirmó el lunes Cullen. De igual forma, la gerente se comunicó con la Oficina del Procurador de las Personas con Impedimento (OPPI), quienes también aseguraron carecer de conocimiento sobre los casos, agregó.