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Nefasto para la OIG el presupuesto recomendado por la Junta

Compromete la Junta y la capacidad de fiscalización.

Por Javier Colón Dávila May 14, 2026
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Nefasto para la OIG el presupuesto recomendado por la Junta

La inspectora general Ivelisse Torres Rivera. (Archivo/NotiCel)

La inspectora general Ivelisse Torres Rivera advirtió que el presupuesto recomendado de la Oficina del Inspector General (OIG) para el próximo año fiscal es insuficiente y coloca en peligro las operaciones de la organización.

De otra parte, denunció que solo dos dependencias se han negado a cumplir con la disposición de la Ley 15-2017 que ordena transferir los puestos adscritos a las Unidades de Auditoría Interna a la OIG. Las dependencias rebeldes son la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y el Negociado de Emergencias 9-1-1.

La OIG reportó que se ha cumplido con la transferencia del 94% del personal.

“Se han llevado a cabo múltiples gestiones con ambas entidades para lograr la transferencia y los esfuerzos han sido infructuosos. Para resolver estas controversias se continúa invirtiendo mucho tiempo y recursos que, en cambio, su desempeño pudo haber estado dirigido a lograr los proyectos y objetivos de la OIG”, dijo Torres Rivera ante la Comisión de Hacienda del Senado.

En cuanto al presupuesto, la diferencia entre el recomendado por la Junta asciende a $3.1 millones. La OIG solicitó $23.1 millones, cuando el vigente, que resulta insuficiente, alcanzó $19.5 millones.

La Junta propone $19.9 millones.

“Responde directamente a las obligaciones legales y operacionales establecidas bajo la Ley 15-2017, así como al crecimiento sustancial de las funciones que la Oficina está llamada a cumplir”, indicó Torres Rivera al explicar la diferencia.

Indicó que la asignación en nómina de $15.5 millones es insuficiente para cubrir los costos asociados a la transferencia mandatada por ley de auditores internos.

“Dicha asignación no permitiría sostener adecuadamente los procesos de reclutamiento continuo necesario para fortalecer el capital humano de la agencia. La cantidad solicitada, $16,070,398.59, refleja el costo correspondiente a 249 puestos, los cuales son esenciales para garantizar Ia independencia, continuidad y calidad de las auditorías, investigaciones y evaluaciones que la OIG está legalmente obligada a ejecutar”, dijo.

La Junta sí aprobó en septiembre del año pasado tres clases de puestos para reclutar posiciones como auditor en sistemas de información, abogado principal y abogado senior.

Mientras, se está revisando el Plan de Clasificación y Retribución y estará listo, según Torres Rivera, a más tardar el 1 de julio.

Sin embargo, dijo que la asignación vigente de $4.3 millones para gastos operacionales también es insuficiente para costear gastos asociados con el aumento en personal, el aumento en intervenciones y el ofrecimiento de adiestramientos.

“Tampoco, cubre de manera adecuada el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica ni el mantenimiento de las plataformas esenciales para la automatización de procesos críticos, tales como el sistema de manejo de Planes de Acción Correctiva, el registro de planteamientos y la aplicación utilizada para la gestión de investigaciones. La cantidad solicitada de $6,988,097.86 responde directamente a estos requerimientos operacionales indispensables”, dijo.

Rivera Torres advirtió que, si prevalece la propuesta de la Junta, deberá tomar “decisiones operacionales concretas”.

Específicamente, habría un déficit de $505,000 en nómina y un déficit de $2.6 millones en gastos operacionales.

 “Comprometería la continuidad de las plataformas tecnológicas esenciales para la fiscalización diaria, el sistema de manejo de Planes de Acción Correctiva, la plataforma electrónica de planteamientos, la aplicación de investigaciones implantada en octubre de 2025, la actualización de TeamMate Plus para auditorías y la plataforma OIG Institute. Adicionalmente, limitaría el arrendamiento de espacios y servicios públicos necesarios para acomodar la plantilla ampliada y los adiestramientos especializados”, advirtió.

También significaría una reducción de 40 intervenciones en el año fiscal y se afectaría la capacidad de seguimiento de 165 Planes de Acción Correctiva activos y se reduciría la oferta educativa a los servidores públicos.

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