La representante afirmó que el plan presentado por LUMA ante el Negociado de Energía no contiene un cálculo del impacto de la tala y de la aplicación de herbicidas, ni especifica las medidas de mitigación que se van a tomar al realizar esas tareas.

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y LUMA Energy no han acordado la implementación de medida alguna para mitigar los daños que provocaría su plan de manejo de vegetación, denunció hoy la representante Mariana Nogales Molinelli.

Mediante dicho plan de manejo de vegetación, la empresa busca despejar todos los árboles en servidumbres equivalentes a 14 mil millas lineales y entre 10 a 100 pies de ancho, y utilizar herbicidas peligrosos, como el glifosato, para evitar el crecimiento de las plantas.

Nogales Molinelli dijo que eso es lo que se desprende de las respuestas provistas por el DRNA como parte del recurso de acceso a información pública SJ2024CV04694, presentado por la representante al amparo de la Ley 141-2019, según enmendada.

“Originalmente, yo le solicité al DRNA que me indicara su posición oficial sobre la dispensa del proceso de cumplimiento ambiental solicitada por LUMA Energy para la implementación del plan de manejo de vegetación. No hubo respuesta de la agencia en el término que provee la ley así que recurrí al tribunal y poco después el DRNA contestó diciendo que no tiene acuerdo, dispensa o plan de manejo de vegetación de LUMA Energy, aprobado con LUMA Energy, y que la ley no le obliga a crear un documento para responder a mi petición”, explicó la legisladora.

Nogales Molinelli señaló que esta respuesta contradice expresiones realizadas por la secretaria del DRNA, la licenciada Anaís Rodríguez Vega, quien en al menos dos ocasiones en octubre y diciembre de 2023 le afirmó a medios de comunicación que la agencia estaba en negociaciones con LUMA Energy para que hubiera algún tipo de mitigación.

“No nos parece razonable que si, en el 2023, la Secretaria del DRNA dijo que ‘LUMA Energy ha estado en conversaciones con el Departamento de Recursos Naturales para este tipo de trabajo’ y que ‘ya tenían un acuerdo preliminar cuyos detalles se van a plasmar por escrito más adelante’ y que ‘estamos en negociaciones para que haya algún tipo de mitigación’, casi un año después el DRNA no tenga en su poder un documento que establezca cuáles van a ser las condiciones en las que se van a permitir los trabajos de poda y cuáles son las medidas de mitigación que LUMA Energy tiene que implementar para reducir los daños que va a provocar. Más aún cuando ya comenzaron a talar en el área metropolitana”, recalcó.

La representante añadió que el plan presentado por LUMA ante el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) no contiene un cálculo del impacto de la tala y de la aplicación de herbicidas, ni especifica las medidas de mitigación que se van a tomar al realizar esas tareas.

“Yo también le solicité al NEPR que me entregara copia de su determinación en cuanto a la solicitud de dispensa del proceso de cumplimiento ambiental y ahora resulta que, después de que eso fue algo que se habló y de lo que nos enteramos por los medios de comunicación, ahora dicen que no existe tal solicitud de dispensa y que todos los documentos relacionados al plan están en un expediente digital en el portal del NEPR. Pues no hay nada, no hay un solo documento ambiental, ni siquiera una recomendación (REA) del DRNA, menos aún una evaluación ambiental (EA) y mucho menos una Declaración de Impacto Ambiental (DIA)», afirmó la legisladora.

«Incluso en la última versión del Plan presentada en junio de 2024, se eliminó la lista de los herbicidas que podrían utilizar, en lo que no puede tener otro propósito que intentar ocultar los potenciales peligros del crimen ambiental que LUMA se propone perpetrar. La falta de transparencia y el desprecio que muestran a nuestro pueblo son otras de tantas razones para cancelar el contrato de LUMA. Pero si ellos no hablan claro, pueden estar seguros de que seguiremos trabajando para desenmascarar las intenciones de LUMA: seguir saqueando los fondos públicos para repartirlos entre corporaciones propias y amigas a un costo grandísimo para el ambiente, la salud y el bienestar de la gente en Puerto Rico”, concluyó Nogales Molinelli.