La medida fue presentada por Márquez Lebrón, Adriana Gutiérrez Colón y Nelie Lebrón Robles. El proyecto propone derogar la Ley 104 de 1956 y sustituirla por la Ley para Delimitar las Facultades Delegables e Indelegables del Gobernador de Puerto Rico.

Representantes del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) radicaron el viernes el Proyecto de la Cámara 1333 para limitar facultades delegadas por el gobernador y prohibir que cabilderos recientes reciban poderes de alto impacto en la rama ejecutiva.

“Durante años hemos visto cómo, mediante órdenes ejecutivas, se han delegado y concentrado facultades que exceden el propósito original de la ley vigente”, expresó Denis Márquez Lebrón en declaraciones escritas.

La medida fue presentada por Márquez Lebrón, Adriana Gutiérrez Colón y Nelie Lebrón Robles. El proyecto propone derogar la Ley 104 de 1956 y sustituirla por la Ley para Delimitar las Facultades Delegables e Indelegables del Gobernador de Puerto Rico.

Según la delegación del PIP, la propuesta busca definir qué funciones pueden delegarse y cuáles deben permanecer en manos del gobernador o de funcionarios a quienes la ley asigna responsabilidades específicas.

El proyecto limitaría las delegaciones a funciones de coordinación administrativa, seguimiento e implantación de política pública.

También prohibiría delegar poderes relacionados con contratación pública, nombramientos, acciones de personal, administración presupuestaria y cualquier autoridad conferida por ley a secretarios, administradores, directores ejecutivos, juntas de gobierno u otros funcionarios.

“Con esta medida establecemos límites claros para proteger la separación de poderes, garantizar que las funciones conferidas por ley permanezcan en manos de los funcionarios autorizados y fortalecer los mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas”, sostuvo Márquez Lebrón.

La legislación dispone que solo funcionarios cuyo nombramiento requiera consejo y consentimiento del Senado puedan recibir facultades delegadas.

Además, incorpora reglas de transparencia, rendición de cuentas, inhibición por conflictos de interés y una prohibición para designar a personas que hayan ejercido funciones de cabildeo durante los 15 años anteriores a su nombramiento.

“Este proyecto, entre las cosas que atiende, incluye acabar con el ‘zarismo’ administrativo que ha impulsado la gobernadora mediante la delegación excesiva de poderes”, indicó Márquez Lebrón.

El portavoz cameral del PIP mencionó a Francisco Domenech como ejemplo de una persona no electa que, a su juicio, obtuvo poderes sin escrutinio legislativo y con historial como cabildero.

Gutiérrez Colón sostuvo que la medida busca evitar que intereses político partidistas o privados prevalezcan sobre la gestión pública.

“Queremos garantizar que la coordinación gubernamental no se convierta en un mecanismo para concentrar facultades al margen de la ley que la distribuyó entre distintos funcionarios y agencias”, expresó.

Lebrón Robles planteó que la legislación fortalece la transparencia al exigir confirmación senatorial para quienes reciban facultades delegadas y reglas claras sobre conflictos de interés.

La delegación del PIP sostuvo que el proyecto procura preservar eficiencia administrativa sin afectar principios de responsabilidad pública, transparencia y fiscalización democrática.