La querella contra los suegros de la comisionada por destrucción de vegetación y construcción ilegal en La Parguera tiene vista hoy en el DRNA.

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) alistó al excandidato independiente a la gobernación Eliezer Molina Pérez como uno de sus testigos en la querella contra los suegros de la comisionada residente, Jenniffer González Colón, por construcción ilegal, destrucción de vegetación y depósito de relleno en la Reserva Natural La Parguera.

La inclusión de Molina Pérez ocurre por su participación como uno de los querellantes ciudadanos originales que alertaron sobre las actividades ilegales en la propiedad del matrimonio de José del C. Vargas Cortés e Irma Llavona Rivera en ese sector protegido de Lajas. Puntualmente, testificaría sobre videos que tomó del área en mayo de 2023.

La querella con la que el DRNA busca aplicar una multa de $25,000 vuelve hoy ante la oficial examinadora María V. Ortega Ramírez para una conferencia con antelación a vista. La oficial mantuvo ese señalamiento, que es el paso previo a una vista administrativa formal, a pesar de que permanece una disputa entre el DRNA y el abogado del matrimonio, Miguel Torres Torres, sobre el descubrimiento de prueba.

Torres Torres plantea que la agencia no ha cumplido con entregarle copias de querellas, fotografías, lista de testigos y otros elementos con los que probaría su caso. También, que un interrogatorio, solicitud de documentos y requerimiento de admisiones que se le remitió a sus clientes es “opresivo e irrazonable” y que la agencia pretende usarlo para “probar su caso”. El abogado también admitió que todavía no tiene el informe pericial que mencionó que estaba gestionando desde el primer encuentro de las partes ante la oficial examinadora en septiembre pasado.

La oficial denegó la solicitud de Torres Torres porque no cumplió con el requisito de acreditar que había hecho un intento de buena fe por acercarse al DRNA para resolver la controversia sobre la prueba, a lo que este ripostó que la oficial “aparenta un tono adversativo y no adjudicativo justo e imparcial”.

A través de los abogados Rafael González Ramos y Mildred Sotomayor Bourbón, el DRNA sometió el 15 de diciembre su informe para discusión en la vista de hoy en la que resume el tracto investigativo, los hechos, el derecho aplicable y la prueba que presentarían para sostener la querella.

Es en ese documento que incluyen a Molina Pérez en la lista de testigos junto a otro activista, José Luis Negrón, dos vigilantes y cuatro técnicos. El alcalde del municipio de Lajas, Jayson Martínez Maldonado, también comparecería como testigo. Este alcalde es uno de los que apoya activamente la campaña primarista de González Colón por la candidatura a la gobernación del Partido Nuevo Progresista (PNP). La comisionada ha reclamado que la querella del DRNA contra el matrimonio Vargas Llavona es una persecución política de la Administración Pierluisi por su reto primarista.

Tras las denuncias ciudadanas en mayo, personal del DRNA constató que en una propiedad cuyo servicio de energía eléctrica está a nombre del matrimonio se hizo un corte ilegal de mangle y una construcción no autorizada de “un tablado y terraza recientemente reconstruido con 45 pies de tablones de madera 4’ x 8’ y 30 pilotes nuevos (3 por fila) de PVC rellenados de cemento”.

En su informe del 15 de diciembre, el DRNA apunta que la protección constitucional que tienen los recursos naturales en Puerto Rico implica que hay una presunción de ilegalidad en las acciones de los querellados y que tienen el peso de la prueba de demostrar su contención de que no cometieron ilegalidades. Uno de los ataques que ha hecho González Colón a la agencia es que hay otras propiedades en esa reserva natural contra las que el DRNA no ha presentado querellas. Pero los abogados del DRNA recordaron que la doctrina que ha establecido el Tribunal Supremo es que “los querellados no pueden justificar su violación de las leyes sobre la base de que no se ha perseguido a otros infractores”.

La querella acusa que la estructura que tiene el matrimonio en La Parguera está ubicada “en los bienes del dominio público marítimo terrestre” y Torres Torres, en su respuesta a la querella, admitió “que la propiedad puede estar en bienes de dominio público marítimo terrestre para lo cual se requiere de un deslinde de la zona marítimo terrestre para determinar la conformidad”.

La oficial examinadora tiene pendiente de resolución una solicitud del DRNA para hacer una vista ocular “dado que permitiría poner en perspectiva las alegaciones y las refutaciones”.

“La parte querellada es un precarista que ha estado usando y aprovechando bienes de dominio público marítimo terrestre y enriqueciéndose injustamente de terrenos que son parte de la colectividad del Pueblo de Puerto Rico y sobre los cuales no le acoge ningún derecho”, resumieron los abogados del DRNA en su informe.

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