La Comisión de Juegos estableció el 30 de septiembre como plazo final para los pagos bajo el reglamento de máquinas de juegos de azar en ruta.

En anticipo al plazo del 30 de septiembre que la Comisión de Juegos estableció para acabar de cobrar las licencias de las máquinas de juegos de azar, un grupo de propietarios de estas demandó a la entidad alegando que el «caos» administrativo que tienen les afecta sus derechos y para dejar «en suspenso todo trámite relacionado (al) cobro y renovación de licencias de máquinas de juegos de azar en ruta».

Cinco de los 16 demandantes en el pleito radicado ayer estuvieron también en la actividad de recaudación de fondos para la exgobernadora Wanda Vázquez Garced llevado a cabo en Dorado un día antes de emitir la primera orden de encierro por la pandemia. En esa actividad, la campaña primarista de la exmandataria recibió $25,000 en efectivo de un grupo todos relacionados a la operación de máquinas de juegos de azar. Dos meses después del donativo, y en medio de la pandemia, la Compañía de Turismo finalmente emitió dos reglamentos por el que estos dueños estaban abogando y que fueron objeto de sus propias controversias, tanto legales porque inicialmente fueron declarados nulos, como fiscales, ya que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ordenó la paralización de los reglamentos hasta que los revisara, lo que no ocurrió hasta este verano.

En parte, los reglamentos facultaban a la comisión a cobrar licencias, lo cual el exdirector ejecutivo de esa entidad, Orlando Rivera Carrión, comenzó a ejecutar aún cuando la legalidad de los reglamentos estaba en duda. Habiendo superado los retos legales y pasado el cedazo de la JSF, la comisión emitió una orden administrativa el 26 de agosto pasado firmada por tres de los seis comisionados y su presidente, el secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Cidre Miranda, que establece las pautas para el cobro y un plazo final para satisfacer todos los pagos, el 30 de septiembre próximo.

La premisa de la orden administrativa es que los operadores que recibieron licencias durante el período de implantación de la nueva ley que regula estas máquinas, incluyendo el periodo en el que hubo incertidumbre sobre la aplicación de los reglamentos, tiene que cumplir con los pagos correspondientes para ese periodo y también cumplir con los pagos para el próximo periodo de vigencia de las licencias. El acto, por tanto, valida las acciones de Rivera Carrión que fueron retadas en tribunales. El 30 de septiembre es tanto el último día de pago de cualquier balance pendiente, como también el día para pagar el primer plazo del próximo año de licencias.

La licencia de dueño mayorista de máquinas de juegos de azar cuesta $500 anuales, la licencia individual de cada máquina, conocida como el marbete, cuesta $1,500 anual por máquina, la licencia de dueño de negocio de máquinas de juegos de azar no tiene costo y la licencia de proveedor de bienes y servicios para máquinas de juegos de azar cuesta $3,000 cada dos años, explica el documento. Hay dueños que tienen hasta 100 máquinas adjudicadas, así que tienen que pagar por lo menos $150,000. Una vez las máquinas estén interconectadas, el gobierno tendría visibilidad sobre la cantidad de dinero que se mueve en jugadas y parte de los recaudos relacionados serían para aportar a un fondo de retiro de los Policías. Pero la subasta del sistema de interconexión está pendiente de trámite en la Administración de Servicios Generales hace más de un año sin que se haya adjudicado.

Los demandantes son: Advantage Amusement, Inc. (de Karlitza Belén Lebrón), Game Zone, Inc. (Cristóbal Peña Rodríguez), Gold Games LLC (Jonathan Pérez Nieves), Gold Rush Slots, LLC (Dennis Francisco Sánchez), International Games, LLC (Pedro García Hinojosa), JO Enterprises & Pirates of the Sea, Inc. (Omar López Vélez), Legacy Slots LLC (José A. Díaz Montañez), Lucky Games LLC (Abimael Rivera Oliveras), PJ Entertainment, Inc. (Juan Colón Colón), PR Reel Games LLC (Wilbert Ramón Pérez) y P.R. Slots LLC (Roberto Rivera Rodríguez).

Además, coinciden entre el grupo de demandantes y el grupo de donantes en la actividad para la exgobernadora, Ana Bonnet Cedeño (de 4A’s Entertainment, Inc.), Carlos Lebrón Cruz (Ocean Amusement LLC), Pablo Javier Rivera Corraliza (Pablo Javier Rivera LLC), Jorge Torres Martínez (Spin & Win LLC) y Loida Ramírez Centeno (Stop & Play, Corp.).

Los demandantes acusan que la comisión se ha manejado con «improvisación», que no tienen personal y que no realizan fiscalización.

«A casi cuatro años de entrar en vigor la Ley 11, la Comisión no tiene (1) un Reglamento de Procedimientos Adjudicativos, (2) un Reglamento para la Confiscación de Máquinas Ilegales, (3) ni un procedimiento para enforzar el pago de las multas que se imponen. Es evidente que existe un patrón de la Comisión de no cumplir con las disposiciones de la Ley 11, según enmendada. A casi cuatro años de la aprobación de esta ley y agotadas todas las excusas de huracanes, terremotos y pandemias, es forzoso concluir que las omisiones de la Comisión son intencionales y que en lugar de cumplir con la intención legislativa y proteger a los dueños mayoristas de máquinas de juegos de azar licenciados, los ha dejado en un estado de indefensión», se indica en el documento.

La comisión está al mando actualmente del director ejecutivo interino Jaime Rivera Emmanuelli, todavía pendiente de confirmación senatorial.

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