Aparte de la Policía Estatal y Municipal que atiende el área de San Juan.

La compañía de Turismo (CT) cuenta desde julio de 2019 con un servicio de seguridad privada para atender algunas de las áreas turísticas que están bajo su custodia y que recientemente ha sido escenario de algunos incidentes con turistas que no respetan la Orden Ejecutiva para frenar los contagios por Covid-19.

Esta seguridad es adicional a la ofrecida por la Policía Municipal y Estatal en zonas de alto flujo de visitantes y que en días recientes han ido escenario de aglomeración de personas sin guardar el distanciamiento físico, el uso de mascarillas o respetando el toque de queda con muy pocas intervenciones de las autoridades.

Según documentos provistos por la propia Compañía de Turismo, el acuerdo de servicios de seguridad con la compañía O’Neill Security Consultan Services y la CT es de alrededor de $300,000 y se renueva cada seis meses y se tramitó a través de una subasta de la Administración de Servicios Generales (ASG).

La última renovación del contrato está vigente y comprende el periodo del 1 de enero al 30 de junio del 2021 por $285,834.40.

Los servicios se prestarían en áreas como el edificio central de la CT en La Princesa, Paseo La Princesa, Paseo de la Muralla, Jardines, Bastión San Justo, Paseo del Morro, estacionamiento La Puntilla, Plaza La Casita y Dársenas, Centro de Información Ochoa y Ventana al Mar-Condado. Estas áreas ubican en Viejo San Juan y Condado, dos de las áreas que más flujo de turistas han tenido recientemente.

Según el acuerdo, las áreas están cubiertas por guardias desarmados por entre cinco hasta 24 horas diarias. Específicamente en Ventana al Mar-Condado, la cobertura es un guardia desarmado entre 6:00 a.m. y 2:00 p.m.; otro de 2:00 p.m. a 10:00 p.m.; y dos guardias entre 10:00 p.m. a 6:00 a.m.

Sin embargo, el Condado es una de las zonas que más aglomeración de personas e incidencias de violencia se han registrado entre visitantes en las últimas semanas.

Vídeos que circulan por las redes sociales muestran enorme aglomeración de personas en establecimientos son mascarillas, y a altas horas de la noche. De igual forma, se han registrado peleas entre los mismos visitantes y exposiciones honestas con poca o ninguna intervención de las autoridades.

El documento refleja que cada guardia desarmado cobrará $10.25 la hora. Sin embargo, aquellos a los que se les requiera el uso de vehículo eléctrico (segway), como en el Morro, por ejemplo, cobrará $11.95 la hora, que representa la suma del salario del guardia desarmado ($10.25/h) más $1.70 costo por hora del equipo, según su basta de la Administración de Servicios Generales.

De igual modo, aquellos oficiales que requieran el uso de carros de golf, destinados al área del Paseo de la Princesa y el Paseo del Morro, en el Viejo San Juan, cobrarán $10.85, producto del salario del oficial más $0.60 por hora correspondiente al vehículo según subastado por ASG.

Falta integrarlos al plan de seguridad de la Policía

Sin embargo, este esfuerzo no está integrado en un plan general de seguridad, según la exsuperintendente de la Policía, Michelle Hernández de Fraley.

La exfuncionaria, quien ahora presta servicios voluntarios para la seguridad vecina del Condado, dijo en El Push de la Mañana de NotiCel que Turismo ha estado “en la mejor disposición” de ayudar a prevenir incidentes pero que hace falta que “alguien tome las riendas para hacer un plan de trabajo que incluya a todo el mundo”, en referencia a las policías estatales, municipales, los voluntarios vecinales, la seguridad privada de hoteles y la de Turismo.

El secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Alexis Torres, se reunió con comerciantes del área de San Juan para intentar buscar una solución al problema.

Mientras, la Policía estatal prometió mayor vigilancia en las zonas más concurridas del Condado y del Viejo San Juan, e incluso contempla implantar un sistema de control de flujo de tráfico en las zonas pasadas las 11:00 p.m. para minimizar la aglomeración de personas en zonas turísticas.

Por otro lado, el Departamento de Justicia sometió cargos contra tres turistas que violaron el código penal y la Orden Ejecutiva.

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