El Tribunal Supremo estableció un plazo de 15 días para que las autoridades de Energía Eléctrica (AEE) y de las Alianzas Público Privadas (AAPP) planteen su posición sobre si ese foro debe resolver directamente sus demandas en contra del operador privado de la red eléctrica, LUMA Energy.

Esto, a la luz de las reconvenciones, o contrademandas, que el operador sometió en el foro donde actualmente están los casos, el Tribunal de Primera Instancia.

Esta reactivación de los tribunales de Puerto Rico en esta controversia ocurre después de que la jueza Laura Taylor Swain rehusara retener jurisdicción de las reclamaciones después de que LUMA fallara en conseguir que se atendieran en el foro federal, en vez del foro estatal.

La controversia sobre si la jurisdicción sigue viva en el Primer Circuito de Apelaciones de Boston, y allí LUMA tiene el apoyo de la Junta de Control Fiscal (JCF). Pero, mientras eso se resuelve, los tribunales federales rehusaron mantener los casos en suspenso, por lo que los remitieron al foro estatal para que sigan su curso aquí.

Cuando eso ocurrió, LUMA sometió una reconvención en la que sostiene que las demandas del gobierno están animadas por propósitos políticos electorales y que la gobernadora Jenniffer González Colón y las corporaciones públicas demandantes han actuado con mala fe, dolo intencional y de manera temeraria en total detrimento del interés público.

Tras una promesa de campaña de que LUMA dejaría de ser el operador privado de la red, el gobierno sometió dos demandas que, con algunas diferencias de fundamentos, en esencia plantean el mismo punto: que cuando la Administración Pierluisi Urrutia extendió el contrato suplementario bajo el que LUMA opera en la isla mientras termina la quiebra de la AEE, lo hizo de manera ilegal porque no tuvo el voto requerido en la junta de las AAPP.

LUMA ha calificado las demandas como un “sinsentido”, ha acusado al gobierno de actuar en contra de sus propios actos y ha advertido que la cancelación del contrato provocaría costos por $4,500 millones y un “caos” en la red eléctrica.

Una vez la AEE y la AAPP contesten, el Supremo decidirá si interviene directamente en las demandas y también si las consolida.

LUMA reforzó su equipo legal con dos exjueces del Supremo, el expresidente Federico Hernández Denton y el exasociado Edgardo Rivera García. Adelantaron también que esperan hacer un proceso amplio de descubrimiento de prueba en el que identifiquen intervenciones del secretario de la gobernación, Francisco Domenech Fernández, en el trámite sobre su contrato.