Las alegaciones fueron realizadas hace unos días por un senador popular y por un aspirante a la Cámara por esa colectividad.

La presidenta de Foundation for Puerto Rico, Annie Mayol, rechazó el jueves, denuncias vertidas por el senador del Partido Popular Democrático (PPD, Aníbal José Torres y candidato a representante por Acumulación de esa colectividad, Gabriel López Arrieta en relación con la otorgación de un supuesto contrato millonario de publicidad con fondos de recuperación (CDBG-DR).

“Debemos aclarar que la información publicada está basada en datos imprecisos e incorrectos”, dijo Mayol en declaraciones escritas.

“Para nosotros es sumamente importante dejar claramente establecido que FPR no ha recibido ningún contrato por parte del gobierno de Puerto Rico para gastos exclusivos de publicidad. Por el contrario, fuimos seleccionados por el Departamento de la Vivienda para administrar e implementar el programa de Programa de Planificación Integral para la Resiliencia Comunitaria (Whole Community Resilience Planning Program o WCRP, por sus siglas en inglés) cuyo presupuesto total es de 37.5 millones de dólares que se distribuyen a través de un proceso de reembolso. Las funciones y responsabilidades de FPR con este programa incluyen el diseño de este, el desarrollo de las guías, los procesos y procedimientos, elaborar el componente de educación, orientación e implementación del programa, así como la distribución de fondos, adquisición de proveedores y supervisión de las entidades seleccionadas, en colaboración con el Departamento de la Vivienda”, añadió.

Torres y López Arrieta alegaron que las contrataciones se hicieron con fondos CDBG-DR para gastos de promoción y publicidad, entre otros.

“Otorgar 60 millones de dólares en contratos para promoción y publicidad, entre otros asuntos, con fondos CDBG-DR, es una barbaridad. Mientras miles todavía viven bajo toldos azules, otros carecen de viviendas seguras y existe un reclamo, a viva voz, por parte de los alcaldes de las necesidades de recuperación, rehabilitación y reconstrucción de sus municipios”, criticó Torres el pasado martes mediante un comunicado de prensa.

Explicó que los contratos fueron otorgados por el Departamento de Vivienda entre el 2018 y el 2020, con fondos CDBG-DR que fueron asignados a Puerto Rico para invertir en la recuperación, rehabilitación y reconstrucción de la isla. Entre las empresas contratadas se encuentran Foundation for PR por 37.5 mil millones de dólares, el DMO por 8 millones de dólares y Tere Suárez por 5 millones de dólares. Según los legisladores, del análisis de los contratos se desprende que los mismos son para realizar labores de promoción, publicidad y coordinación de campañas digitales.

“Cuando leemos los contratos vemos también que se subcontrata personal que facturará a razón de 150 dólares la hora. Además, la mayoría de los contratos son por pocos meses”, mencionó López. “Hoy, el país es testigo de la falta de ayudas brindada por el Departamento de Vivienda que es el responsable de administrar estos fondos. Son ellos los que pueden ayudar a cientos de familias que todavía sufren, que tienen necesidades. Madres solteras, personas envejecientes, niños y niñas que viven bajo un toldo azul. Ante este escenario la respuesta del Departamento es atender como prioridad asuntos relacionados con promoción y publicidad. Esto demuestra la incapacidad del gobierno y como las prioridades están trastocadas”.

Torres y López demandaron conocer el resultado de las contrataciones y cómo las mismas beneficiaron a los puertorriqueños.