Jueza federal rechazó solicitud para que las controversias fueran decididas dentro del caso de quiebra del Gobierno de Puerto Rico.

Varios casos de envergadura contra la banca que pueden redefinir algunas prácticas en las inversiones privadas y gubernamentales están sometidos ante los tribunales de Puerto Rico todavía a la espera de que jueces de primera instancia tomen decisiones finales sobre los argumentos, en una de las instancias el caso está activo desde 2011.

Dos de los casos quedaron sometidos finalmente a la jurisdicción de los tribunales de Puerto Rico ayer cuando la jueza federal de quiebras, Laura Taylor Swain, rechazó una solicitud de los demandados para que las controversias fueran decididas dentro del caso de quiebra del Gobierno de Puerto Rico.

Pero otros dos casos, uno sometido en 2011 y otro sometido en 2014, siguen a la espera de sentencias de parte de los jueces de primera instancia que permita ponerle punto final al caso, o moverlo a etapa apelativa si la parte perdedora lo decide.

En el caso de 2011 (K AC2011-1067), se imputa a UBS Financial Services Incorporated of Puerto Rico, Samuel Ramírez & Company y Santander Securities causar daño a la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR) por el manejo de la emisión de $3,000 millones en 2008 que se considera el principio del fin para la salud fiscal de esa entidad, que ahora está en quiebra y que ya no paga las pensiones de los empleados públicos porque ese dinero ahora sale del Fondo General. Por la insolvencia de la ASR, el pago a las pensiones está mezclado, y compite con, los demás gastos del gobierno.

La jueza Rebecca de León Ríos tiene pendiente desde mayo de 2019 una solicitud de sentencia sumaria para la reclamación en la que se pide compensación de $800 millones para la ASR y de unos $50,000 par cada demandante individual por las alegadas irregularidades y violaciones de ley en el manejo de la emisión de bonos. Si la ASR consigue compensación, sería un alivio para el Fondo General en el pago de pensiones.

El caso de 2014 (K AC2014-0072) está ante el juez Eric R. Ronda del Toro y gira también sobre UBS, esta vez en su capacidad como manejador de varios fondos mutuos a través de los que, según la reclamación, ejecutaron un esquema “para defraudar a los inversionistas, aumentar sus ingresos, e inflar artificialmente los precios de los [f]ondos”. En este pleito se argumenta las posiciones conflictivas que tuvo UBS al ser lo mismo emisor que comprador de bonos.

Los demandados son los ejecutivos y directores de varios fondos “Puerto Rico Fixed Income Fund”: Mario S. Belaval, Miguel A. Ferrer, Vicente J. León, Carlos V. Ubiñas, José Villamil, Agustín Cabrer-Roig, Gabriel Dolagaray Balado, Carlos Nido, Luis M. Pellot-González, Clotilde Pérez, Leslie Highley, Jr. y Stephen C. Roussin.

A estos se añaden los dos casos que la jueza de quiebras devolvió a los tribunales. El primero (SJ2019CV07932), ante la jueza Ladi V. Buono de Jesus, lo presentaron las aseguradoras de bonos National Public Finance Guarantee y MBIA Insurance contra los bancos UBS Financial Services, UBS Securities, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs & Co., J.P. Morgan Securities, Morgan Stanley & Co., Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith, RBC Capital Markets y Santander Securities.

El segundo (SJ2020CV01505), ante la jueza Myrna E. Ayala Díaz, es también de una aseguradora de bonos, Ambac Assurance, y también es contra un grupo de bancos, a saber, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs & Co., J.P. Morgan Securities, Morgan Stanley & Co., Samuel A. Ramírez & Co., Raymond James & Associates, y UBS Financial Services.

Las alegaciones de los pleitos son esencialmente las mismas y los demandantes, en su rol de aseguradoras de bonos, buscan que a los bancos se les responsabilice porque ellos tuvieron que responderle íntegramente a sus clientes bonistas por las emisiones en las que los bancos participaron y que dejaron de ser pagadas cuando el Gobierno se acogió a la quiebra. El supuesto de las demandas es que los bancos tenían información suficiente para saber que las emisiones eran una mala inversión por la condición financiera del gobierno pero, aún así, siguieron adelante con ellas. Las reclamaciones, entonces representan uno de los pocos eventos en que actores del mercado financiero relacionados con las emisiones públicas en Puerto Rico tendrían que responder por sus acciones en las mismas.

“Al originar la emisión de los bonos municipales y comercializar y vender los bonos, estos bancos de inversión se representaron como guardianes (‘gatekeepers’) del mercado de bonos municipales de Puerto Rico… A diferencia de los otros participantes en el mercado, los bancos de inversión tuvieron un especial acceso a información sobre las operaciones y solvencia financiera de las agencias e instrumentalidades que emitieron los bonos… De acuerdo con las práctica establecidas hace años en ese sector, los demás participantes en el mercado tenían derecho a confiar y en efecto confiaron en la buena fe y debida diligencia de los bancos de inversión. Sin embargo, éstos violaron esa confianza”, es como se articula la controversia en la demanda de National Public Finance.

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