Municipios tendrían que cerrar por crisis.

En una reciente visita a Comerío, la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (JCF), Natalie Jaresko admitió que el trabajo del ente creado por PROMESA es buscar dinero para que el Gobierno le pueda pagar a los bonistas.

De acuerdo con el alcalde de Comerío, Josian Santiago esa fue la respuesta de Jaresko mientras discutían alternativas en su pueblo para solucionar la crisis fiscal que provocaría la eliminación en tres años de las transferencias del Gobierno como exige la JCF.

Aunque han tomado medidas como la implantación de reducción de jornada, reducción de gastos, y algunos casos ya han tenido que despedir empleados, Santiago y otros alcaldes anticiparon a este diario que eliminar las transferencias para el año fiscal 2022.

Tal parece que tanto la directora de la JCF y como el presidente del ente, José B. Carrión III, que han estado visitando municipios en los pasados meses como parte un proyecto piloto que impulsa la creación de consorcios regionales para reducir las responsabilidades fiscales de los gobiernos municipales, se mantienen inamovibles en el recorte de las transferencias del Gobierno pese al colapso de servicios esenciales que esta medida podría provocar.

Con las expresiones de Jaresko, por primera vez la JCF admite que su responsabilidad es buscar hasta debajo de las piedras, el dinero necesario para cumplir con los acreedores aunque se afecten los servicios a los ciudadanos.

‘Ella (Jaresko) me dice a mí en su visita a Comerío: alcalde yo lo entiendo, le admiro por todo lo que están haciendo con tan poco presupuesto, pero yo vine a cobrar a nombre de todos los bonistas. Eso es un asunto que tiene que trabajarlo su gobierno’, indicó Santiago a este diario cuando se le preguntó cuál fue la respuesta de la JCF a los problemas presupuestarios que tendría Comerío de eliminarse las transferencias del Gobierno Central sin que se les releve de pagar las pensiones y las aportaciones al Plan de Salud del Gobierno como pretende la Ley 29.

Por su parte, Jaresko negó rotundamente que haya hecho esas expresiones al alcalde de Comerío. Dijo que por el contrario, el mandato de la Junta es alcanzar la estabilidad financiera, presupuestos balanceados, y reestructurar la deuda de $74 billones de modo que Puerto Rico pueda acceder nuevamente a los mercados de capital.

‘En cuanto a los municipios se refiere, el objetivo de la Junta es contribuir a su desarrollo económico, lograr auto-sustentabilidad, y alcanzar estabilidad fiscal en beneficios de sus ciudadanos’, indicó mediante declaraciones escritas.

La ley firmada por el pasado gobernador Ricardo Rosselló Nevares busca eximir a los municipios de dichas aportaciones que se utilizarían para crear un fondo que sustituiría las transferencias que ahora reciben. El caso está pendiente de resolver por la jueza de quiebras, Laura Taylor Swain, tras una demanda radicada por la JCF para que se anule el estatuto.

Un documento que NotiCel publicó en primicia identifica la dependencia de los municipios a estos fondos como uno de los riesgos que tiene el Gobierno para cumplir con el Plan Fiscal. La peor parte se la llevarían 17 de los 40 municipios que según el análisis de la JCF, las transferencias representan más del 40% de su presupuesto anual, por lo que el ente les ha requerido que sometan un plan de desarrollo económico en el que establezcan las medidas a tomar para sustituir -con sus ingresos- el dinero que dejarían de recibir en un plazo de tres años.

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‘No hay duda de que, si los recortes se mantienen, la nómina se va a afectar porque no hay forma. Si esto se mantiene, para el año 2021-2022 o 2022-2023 quedaríamos prácticamente inoperantes’, admitió el Alcalde de Comerío, tras cuestionar que no se hayan definido los servicios esenciales para salvaguardar hasta dónde se tira la raya en los recortes.

Para este ayuntamiento las transferencias representaron el 50% del presupuesto de poco más de $9 millones para el año fiscal 2019.

En esa misma situación, podrían estar Las Marías, Maricao, Orocovis, Florida, Barranquitas y Maunabo ya que ese dinero que reciben del Gobierno supone más de la mitad de sus respectivos presupuestos.

Por su ubicación geográfica y la ausencia de grandes comercios o zonas industriales estos municipios no tienen la capacidad de tener actividad económica que les genere ingresos propios, por lo que dependen del dinero que Gobierno Central le transfiere anualmente a los 78 municipios. Este dinero es distribuido proporcionalmente por el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) en lo que se conoce como el Fondo de Equiparación.

El Plan Fiscal Certificado contempla que para el año fiscal 2023 se habrá eliminado este pote -que en principio era de $360 millones y que actualmente es de $179 millones- y que recibirá otro recorte de $44 millones a partir del 1ro de julio de 2020. Su reducción se hará gradualmente hasta su eliminación al año fiscal 2023.

‘Es bien fácil decirlo, pero difícil es estar en los pantalones de los que ofrecemos los servicios y tenemos que bregar con las necesidades día a día de nuestros ciudadanos. Ellos [la JCF] no tienen sensibilidad humana. Ellos nunca han estado en la pobreza’, expresó con frustración el alcalde de Maunabo, Jorge L. Márquez.

Márquez anticipó que, al igual que Comerío, su municipio no podrá operar a partir del 2022, ya que de un presupuesto de $7.8 millones anuales, $4.56 millones provienen del Fondo de Equiparación.

Tanto Comerío como Maunabo han hecho ajustes desde el 2017 cuando iniciaron los recortes en las transferencias que reciben del Fondo de Equiparación. Entre las medidas se encuentran la congelación de plazas, eliminación de gastos no esenciales y la reducción o eliminación de partidas y aportaciones a instituciones comunitarias, entre otros.

No obstante, continuar con la eliminación dispuesta en el Plan Fiscal, provocará reducción de personal, despidos y eventualmente la insolvencia ya que es imposible sustituir ese dinero con ingreso propio en tan corto tiempo.

‘No hay manera de ofrecer servicios. Nos van a llevar a la quiebra a los municipios. Garantizado, nos van a dejar sin fondos para operar’, insistió el Alcalde de Maunabo, al tiempo que cuestionó que cada vez son más las responsabilidades del Gobierno Central, como recogido de escombros en escuelas, mantenimiento de carreteras y servicios de salud que son asumidas por los ayuntamientos por falta de fondos estatales.

En el caso de Orocovis, el alcalde Jesús Colón Berlingeri proyectó que con la eliminación del Fondo de Equiparación tendría que despedir a dos terceras partes de su personal, lo que hará prácticamente imposible ofrecer servicios. Recordó que actualmente el municipio cuenta con 240 empleados y 40 contratistas de propuestas federales luego de que en el 2017 tras el primer recorte de $175 millones en ayudas a municipios, tuviera que cesantear a 125 empleados e implantara un recorte de 1/2 hora de jornada diaria a todos los trabajadores, incluyendo al alcalde. De eliminarse el pote, se pondría en riesgo programa de Head Start que el municipio ofrece a ayuntamientos vecinos como Corozal, Barranquitas y Orocovis.

Para evitar el precipicio fiscal municipal, Colón Berlingeri planteó que el CRIM se encuentra trabajando junto al Gobierno Central para identificar el dinero necesario para liberar a los municipios de las aportaciones que anualmente hace al sistema Pay-Go y al Plan de Salud del Gobierno como aprobado en la Ley 29. Aunque la JCF ha demandado al Gobierno para evitar que esta ley entre funciones, el alcalde se mostró optimista en que se puedan identificar los fondos recurrentes que permitiría contar con el aval del ente creado por PROMESA.

‘Tengo fe de que se va a resolver y que podremos identificar el dinero para nutrir el fondo’, aseguró el Alcalde de Orocovis, quien forma parte de la junta del CRIM.

Una situación similar ocurre en el municipio de Florida en el que el Fondo de Equiparación representa el 54% de su presupuesto. Desde que iniciaron los recortes, el alcalde José E. Gerena implantó una reducción de dos días mensuales de la jornada laboral, en gastos operacionales, contratos de servicios profesionales y gastos de utilidades. Además, la administración municipal aseguró que ha tomado medidas adicionales para aumentar la fiscalización del impuesto sobre ventas y uso (IVU), para allegar más recaudos. Aun así, el director interino de la Oficina de Finanzas de Florida no quiso anticipar si podrían continuar operando de eliminarse la subvención en su totalidad.

Los alcaldes entrevistados coincidieron en que los municipios ofrecen servicios directos a la ciudadanía por lo que es necesario buscar alternativas para que prevalezca la Ley 29.

Puede leer el documento sobre los riesgos del Plan Fiscal aquí: