Comerciantes también exigen acción

La Asociación de Alcaldes de Puerto Rico se sumó al nutrido grupo de organizaciones que reclama a la gobernadora Wanda Vázquez Garced que reconsidere su posición de ‘manos afuera’ ante el acuerdo que fusionaría las empresas de transporte marítimo Puerto Rico Terminals y Luis Ayala Colón, a la vez que le concedería la operación de los muelles de San Juan bajo el nombre corporativo Puerto Nuevo Terminals.

Para el presidente de la Asociacón de Alcaldes, José R. Román Abreu, dicha fusión coloca a todo el país en una posición vulnerable ya que la misma tendría el control sobre 80% de la carga que llega al puerto, a la vez que manejaría 11 de las 14 grúas que operan en dichas facilidades.

Vea: Preocupación federal con maniobra en los puertos

‘La Gobernadora tiene que tomar conocimiento de dos hechos que constituyen parte del historial de estas empresas. En primer lugar, las mismas fueron señaladas por las autoridades por fijación ilegal de precios. Segundo, la Comisión Marítima Federal no le otorgó el aval a dicha fusión, expresando serias preocupaciones con respecto al mismo. Resulta inconcebible que la Gobernadora no intervenga ante lo que pudiera significar este control casi absoluto de la mencionada empresa sobre la carga que llega al principal puerto de la Isla’, advirtió en comunicado de prensa Román Abreu.

Para el también alcalde de San Lorenzo, la Autoridad de los Puertos le estaría prestando un flaco servicio al país si no objeta dicha transacción ni la detiene.

‘Argumentar que por tratarse de empresas privadas no se deben activar los recursos de la Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Hacienda y dejar que el director de la Autoridad de los Puertos, Anthony Maceira, actúe por la libre frente a una acción que podría sumar mayores costos a una operación que ya sufre las onerosas condiciones económicas que le imponen las Leyes de Cabotaje, no es actuar en el mejor interés del pueblo puertorriqueño’, concluyó el Presidente de la asociación que reúne los alcaldes del Partido Popular Democrático (PPD).

Que la Gobernadora busque otra opinión

El vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA en inglés), Manuel Reyes, dijo el miércoles que Vázquez Garced debe buscar una segunda opinión sobre la no intervención del gobierno en la transacción de fusión de dos empresas que controlarían el manejo de la carga que llega a la isla.

‘La preocupación más grande y que nos resulta incomprensible hoy es la reacción del gobierno a las preocupaciones que tenemos diferentes sectores sobre esta fusión en el sentido de que la Federal Maritime Commission, que es la agencia a la que se llevó este acuerdo, expresó que tenía serias preocupaciones sobre las implicaciones del mismo y el gobierno de Puerto Rico, no ha expresado ninguna preocupación’, dijo Reyes en entrevista radial (WKAQ).

‘A la Gobernadora, que se busque una segunda opinión de quién le está informado y que por favor nos dé la audiencia que estamos solicitando’, agregó.

El martes Vázquez Garced alegó que el gobierno no puede intervenir en el acuerdo fusionaría las empresas de transporte marítimo Puerto Rico Terminals (PRT) y Luis Ayala Colón (LAC), bajo el nombre de Puerto Nuevo Terminals (PNT) y que mantendría la operación total de los muelles de San Juan.

Según se ha informado, bajo el acuerdo PNT manejaría el 80 por ciento de la carga marítima que llega al puerto en contenedores y 11 grúas de las 14 que posee el Puerto de San Juan, mientras que Crowley manejaría el restante 20 por ciento y las tres grúas restantes.

‘Lo que establecieron como reacción a nuestro señalamiento es que no tienen jurisdicción o que lo está investigando el Departamento de Justicia. Falta o faltó al menos, una cintila de preocupación’, dijo Reyes.

Alegó que ambas empresas hicieron admisión de culpa en 2012 por un caso de monopolio en Puerto Rico que fue atendido por el Departamento de Justicia federal.

Además, indicó que el gobierno sí puede intervenir pues la Autoridad de los Puertos es dueña de los terrenos donde operan las empresas y que la Oficina de Asuntos Monopolísticos también puede tener jurisdicción sobre la fusión.

‘Hay mucho que se puede hacer pero lo primero que tiene que haber es una genuina preocupación de las implicaciones que tiene esto para la economía de Puerto Rico, para el país, para todo… Nuestra conexión con el mundo va a depender de dos empresas, una de las cuales adquiere un poder enorme sobre la otra, incluso’, finalizó el líder de la MIDA.