En medio de un inminente recorte a las pensiones de los empleados públicos certificado por la Junta de Control Fiscal (JCF), el Gobierno de Puerto Rico estudia la implementación de un nuevo Plan de Aportaciones Definidas que permita asegurar los fondos que miles de trabajadores aportan mensualmente.

Mediante la Resolución de la Cámara 1348, que busca evaluar el establecimiento y las disposiciones del Plan creado bajo la ‘Ley para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los Servidores Públicos’, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) detalló el costo anual estimado del nuevo modelo de pensiones, que además establece una aportación fija mensual de 8.5% del salario de cada empleado.

Según indica una ponencia sometida a la Cámara, el Plan que ya inició, mantiene el dinero aportado en un fideicomiso especial en el Banco Popular de Puerto Rico. Dicho fideicomiso se mantiene en operación a un costo de $300,000 anuales.

La movida requiere además ‘servicios de fideicomiso, custodia y asesoría de inversiones’ que según se continúa detallando, podrían costar otros $2,220,000. Estas movidas estarían dirigidas a la implementación total y la administración del nuevo Plan de Aportaciones Definidas. La intervención del Banco Popular de Puerto Rico, pese a ser una emergente a la situación, se contempla como el ente que funja como fideicomisario totalmente. No se especifica si la tarifa que se cobra actualmente -de $300,000- continuaría siendo la misma si se logra un acuerdo para que el Banco se mantenga como fideicomisario. Además, se nombra a Bank of New York Mellon como custodio de los fondos del Plan. De concretarse esas movidas, la participación del Bank of New York costaría cerca de $103,000 anuales.

Mira: Rosselló contra el recorte a las pensiones pero sin medidas para evitarlo

Estas nuevas acciones ocurren ante un panorama de insolvencia que ronda el Sistema de Retiro de los empleados centrales del Gobierno de Puerto Rico, de la Judicatura y de los Maestros.

Particularmente, el Sistema de Retiro de empleados centrales, a la fecha, cuenta con 120,000 participantes activos y tiene unos 125,000 retirados. Pese a tener que emitir 1.7 mil millones de dólares anuales en pensiones, posee un déficit actual de 38 mil millones de dólares.

La Junta certificó un recorte de 10% a todos los pensionados. Pese a que el gobernador, Ricardo Rosselló Nevares ha sido enfático en que no apoya la movida establecida por el ente fiscalizador, no ha detallado medidas particulares para atajar la misma.

En el pasado, el Gobernador ha protagonizado otros encontronazos con la Junta. Entre ellos, por el bono de Navidad, cuya permanencia intentó conseguir Rosselló Nevares a través de un acuerdo para eliminar la Ley 80 de despido injustificado. Ante la negativa del Senado de Puerto Rico a aprobar esta movida, el Mandatario optó por tampoco aceptar la eliminación del bono de Navidad y terminó pagando el aguinaldo en diciembre pese a advertencias del organismo de que era posible que los fondos públicos se agotaran.

Actualmente, más de 70,000 retirados reciben $1,000 o menos de pensión; más de 120,000 reciben $2,000 mensuales o menos.