La OPM, el Municipio y el Tribunal.

Documentación desaparecida del Municipio de Guaynabo, pero en poder la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), podría ser primordial en la resolución del caso judicial federal de acoso sexual en contra de Hector O’Neill Rosa, hijo del exalcalde de Guaynabo, Hector O’Neill García.

Sin embargo, el proceder dentro y fuera del tribunal da a entender que no existe comunicación entre la agencia independiente, la demandante y el Municipio de Guaynabo, lo cual ha logrado que el asunto permanezca irresoluto.

Por un lado, la OPM indicó a este diario digital que aguarda una orden directa del tribunal para intervenir en el caso, ya sea con la entrega del expediente de la investigación sobre O’Neill Rosa. Mientras, el tracto documental del caso federal alude a que los abogados del Municipio de Guaynabo han representado que no encontraron rastros de esos documentos que la OPM aseguró tener.

A finales de marzo del año en curso, la representación legal de la demandante, la abogada Ines María Jelú Iravedra, radicó una moción para que el Tribunal de Distrito Federal sometiera un ‘subpoena’ (requerimiento de información) para obligar a la OPM a entregar el expediente sobre O’Neill Rosa, cuyo contenido se mantiene desconocido. Al momento, el Tribunal no ha resuelto el pedido.

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La agencia independiente, por su parte, desconocía de esa radicación hasta que fue mencionada por NotiCel.

‘Tenemos conocimiento del caso que está en el Tribunal Federal por los medios y hemos estado al tanto. No hemos recibido ninguna notificación. Nos enteramos a traves de la documentación que usted proveyó. […] El Tribunal Federal no ha resuelto esa moción. Nosotros corroboramos y no hemos sido notificados. Claro que estamos en toda la disposición de ser ordenado por el Tribunal Federal, ya que nuestras investigaciones está claro en ley que son confidenciales’, explicó la subprocuradora de las mujeres, la licenciada Madeline Bermúdez.

En octubre de 2018, la defensa de la alegada víctima solicitó al Municipio de Guaynabo que entregara todos los documentos relacionados con la pesquisa de la OPM sobre el caso de O’Neill Rosa, lo cual incluía el informe final. Originalmente, la OPM –bajo el mando de la licenciada Carmen Lebrón González– impuso en mayo de 2017 una multa de $30,000 al Municipio y otra de $250 a Eduardo Faria, director de la Oficina de Recursos Humanos del ayuntamiento, por no activar los protocolos requeridos ante un caso de acoso sexual.

Aunque el Municipio de Guaynabo había informado que radicaría una reconsideración, no fue hasta el 20 de diciembre de 2018 que los abogados del ayuntamiento respondieron que no pudieron encontrar rastros de los documentos o el expediente en los archivos del Departamento de Recursos Humanos ni en la División Legal del Municipio. Hasta esa fecha, se informó que la OPM tampoco había actuado sobre la reconsideración radicada por el Municipio.

‘Tambien fuimos informados que la OPM no ha tomado determinación a favor o en contra de los remedios solicitados por el Municipio de Guaynabo’, según un correo electrónico enviado por el abogado Claudio Aliff Ortiz, quien a nombre del Municipio de Guaynabo recomendó que la solicitud de información se hiciera directamente a la OPM.

La Subprocuradora subrayó que la oficina cuenta con el expediente del caso y de la investigación que la OPM llevó a cabo sobre O’Neill Rosa. El patrón de hostigamiento del hijo del exalcalde de Guaynabo habría ocurrido entre los veranos de 2012 a 2015 contra una abogada. Según las alegaciones, O’Neill Rosa ostentaba una tarjeta de acceso al Municipio tras su labor como director de campaña de su padre, O’Neill García.

Con ese acceso privilegiado, presuntamente O’Neill Rosa llegaba hasta el área de trabajo de la abogada fuera de horas laborables para hostigarla. La mujer negó haber consentido a las presiones sexuales del hombre.

Pese a darse a conocer los montos de las multas fijadas al Municipio de Guaynabo, las conclusiones de la pesquisa de la OPM se mantienen selladas.

Para ver la solicitud de la demandante para la producción de documentos, pulse aquí:

‘Se tomaron algunas determinaciones, pero como el caso está en medio de una demanda en el Tribunal Federal y nuestras investigaciones son confidenciales, pues en relación a eso no puedo dar detalles. […] Hay unos procedimientos posteriores cuando se hace una determinación por parte de la OPM, eso hace que el caso probablemente no haya terminado, porque hay unas apelaciones, hay unas reconsideraciones’, explicó Bermúdez al preguntársele por que las conclusiones de la investigación no eran públicas.

La Subprocuradora de las Mujeres insistió en que si el tribunal así lo dispone, la OPM entregaría toda la documentación en su poder, pues además del expediente hay varios informes.

‘Hay varios informes, lo que sucede es que la moción no especifica que informe, eso es lo que entiendo que están dilucidando en el tribunal federal porque en nuestro proceso nosotros emitimos varios informes e informes preliminares. Cuando se disponga que informe es el que tenemos que entregar, lo estaríamos entregando inmediatamente. Inclusive, si se dispone que tenemos que poner el expediente completo a disposición de la parte demandante así lo haremos tambien’, enfatizó Bermúdez.

Ese informe es una de las cosas que afecta las negociaciones en el caso, ya que el pasado 29 de marzo se intentó llegar a un acuerdo, pero los esfuerzos resultaron infructuosos. Así las cosas, la demanda federal se encuentra en el proceso de descubrimiento de prueba para iniciar el juicio.