Junta quisiera tener más poderes de los que tiene.

El profesor David Skeel, uno de los siete miembros de la Junta de Control Fiscal (JCF), consideró necesario que la entidad financiera reciba mayores poderes por parte del Congreso de los Estados Unidos para ejecutar las medidas necesarias en Puerto Rico.

No obstante, aseguró que el grupo opera bajo la premisa de que la potestad con la que cuentan al presente permanecerá sin alteraciones.

‘¿Si necesitamos más poder? Más poder ayudaría para hacer las cosas que tal vez no podemos hacer, pero estamos trabajando bajo la presunción de que el poder que tenemos es todo el poder que recibiremos por parte de Washington, así que tenemos que usarlo de manera efectiva’, respondió Skeel, profesor especializado en Derecho Corporativo en la Universidad de Pensilvania.

Skeel tambien hizo referencia al nivel de popularidad de la JCF, al expresar que la entidad cuenta con simpatizantes, pero que no son tan vocales como los opositores. En esa línea, argumentó que ‘si vamos a ser impopulares, podríamos tener toda la autoridad que pensamos que teníamos para hacer las cosas que debemos hacer’.

Las expresiones de Skeel surgieron durante su participación en la 3ra Conferencia de PROMESA –ley orgánica de la JCF–, organizado por la Cámara de Comercio de Puerto Rico el viernes pasado. Allí, el profesor mencionó cuatro logros y cuatro retos que ha enfrentado la entidad financiera, así como sus repetidas advertencias al gobierno local respecto al presupuesto y el Plan Fiscal.

Entre los retos, Skeel se adentró en la decisión del Primer Circuito de Boston, la cual declaró como inconstitucionales los nombramientos de los miembros actuales de la JCF. Como remedio, la corte otorgó al Presidente de los Estados Unidos y al Senado federal 90 días para ratificar los miembros o nombrar un nuevo grupo de personas bajo los parámetros legales. De lo contrario, el ente quedaría inoperante.

Parte de esa lección tambien la aprendieron, relató, cuando la jueza Laura Taylor Swain no avaló la imposición de un síndico para la Autoridad de Energía Electrica (AEE), tal como la JCF pretendía hacer durante el 2017.

Tal vez no somos muy populares, ni lleguemos a ser tan famosos como el chef Jose Andres o Lin-Manuel Miranda, pero esperamos que, en retrospectiva, cuando se vea una mejoría, nos vean a nosotros con buenos ojos y no como partes del problema

La JCF, notificó, aún evalúa una posible apelación a la decisión de la corte.

Durante el evento, a Skeel le preguntaron cuál era la insistencia de la JCF con derogar la Ley 80, la cual provee protecciones a los empleados ante despidos injustificados. En respuesta, el profesor resumió que los economistas de la entidad financiera estimaron que habría un ingreso de 30,000 millones de dólares en un plazo de entre 30 y 40 años si el estatuto fuera derogado.

Skeel afirmó que entendía el apego con esa ley, puesto que el no renunciaría de manera voluntaria a su carácter de catedrático universitario y todos los beneficios que eso acarrea, pero se reafirmó en que la existencia de la Ley 80 detiene las nuevas contrataciones en la Isla.

Entretanto, el integrante de la JCF se mostró deseoso de que a largo plazo el público considere que el trabajo realizado en la Isla por la entidad fue uno con un saldo positivo.

‘Tal vez no somos muy populares, ni lleguemos a ser tan famosos como el chef Jose Andres o Lin-Manuel Miranda, pero esperamos que, en retrospectiva, cuando se vea una mejoría, nos vean a nosotros con buenos ojos y no como partes del problema’, exclamó Skeel.

Vea tambien: Miembro de la Junta: ‘Esto no se acaba en 90 días’

En la lista de retos, además de los límites de su poderío, Skeel mencionó lo difícil que ha sido convencer al gobierno de seguir el Plan Fiscal aprobado y que el dinero federal a punto de entrar a la Isla por concepto de la recuperación del huracán María no es una pluma infinita.

‘No habrá esperanza para Puerto Rico si el Congreso no trae ese dinero. Pero por otro lado, va a ser sumamente difícil convencer a los funcionarios electos para que hagan cambios. Si Puerto Rico no reforma su gobernanza, la Isla será arruinada dentro de 15 a 20 años. Sería bien útil si tuvieramos unos constituyentes bien vocales apoyando las reformas que queremos implementar. Los hay, pero tienen miedo de hacer ese argumento público’, declaró Skeel.

Como parte de sus logros, por otra parte, enumeró el empuje que la JCF le ha dado al gobierno para que sea más transparente con sus finanzas, así como la aprobación de planes fiscales como la ruta a seguir por los próximos años. Del mismo modo, celebró que la JCF, como entidad, ahora está más robusta con un equipo de trabajo de más de 20 personas, lideradas por la directora ejecutiva, Natalie Jaresko.

Otro logro mencionado, aunque no ha finalizado, es el plan para reestructurar la deuda de Puerto Rico, una que sobrepasa los $70,000 millones, y se espera que comience a fin de año. Skeel mencionó las reestructuraciones en curso bajo la Ley PROMESA, como la del Banco Gubernamental de Fomento, el acuerdo de COFINA y los planes de hacer lo mismo con la AEE.