Pero afirma que su decisión está ‘bien razonada’

Más de $17,000 millones en bonos emitidos por la Corporación del Fondo del Interes Apremiante (COFINA) fueron reorganizados al amparo de un acuerdo con bonistas de Obligaciones Generales y según terminos establecidos por la Junta de Control Fiscal (JCF) que disponen que esa inmensa deuda -incurrida en menos de una decada para cuadrar el presupuesto del fondo general- se satisfará completamente en el 2058.

La reestructuración de la deuda de COFINA es la primera realizada al amparo del Título III de la Ley PROMESA y a su vez es la segunda entidad gubernamental en reorganizar sus obligaciones, luego que se aprobara el plan de ajuste del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) al amparo del Título VI. De esta manera, poco más de $21,000 millones de los más de $73,000 millones de la deuda pública ahora pasarán a ser debidamente atendidos y saldados.

En la tarde del lunes la jueza federal que preside los casos de Título III del gobierno, Laura Taylor Swain, sometió sendas ordenes para aprobar el acuerdo que divide los recaudos del Impuesto de Ventas y Uso (IVU) entre bonistas de COFINA y el gobierno central, y tambien aprobó el plan de ajuste de COFINA que confeccionó la JCF y el gobierno.

Aunque Swain reconoció las ‘ansiedades bien fundadas’ de ciudadanos y acreedores sobre el acuerdo, recordó que el mismo no determina el camino para el resto de la quiebra, tarea que en adelante la JCF y el gobierno deberá atender de manera significativa. No obstante, su decisión reitera en múltiples ocasiones que el acuerdo y el plan evitaron la continuación de litigios costosos y duraderos cuya resolución tendría el potencial de dejar al gobierno desprovisto de una importante fuente de recaudo.

‘El acuerdo representa una decisión bien razonada para rechazar esa apuesta arriesgada y aceptar un compromiso que es, ciertamente, profundamente decepcionante para innumerables ciudadanos de Puerto Rico e inversores de bonos del gobierno central’, lee uno de los planteamientos iniciales de Swain.

Con el aval judicial al plan de ajuste de COFINA, Swain resuelve seis pleitos adversativos ante su consideración y relacionados al asunto, dos apelaciones pendientes ante el Primer Circuito y otra demanda fuera de la corte de quiebras, pero en el foro federal. La última supone ser la demanda presentada por el colectivo VAMOS y el representante Manuel Natal Albelo que perseguía dejar sin efecto la ley que habilita la reorganización de COFINA.

‘En este caso, ningún objetor presentó evidencia persuasiva, tanto en oposiciones radicadas por escrito como durante la vista de confirmación, de cualquier defecto que socave la aprobación de la presunta validez de la nueva legislación de bonos. Por tanto, la presunción de validez no ha sido refutada tal como es requerido por ley en Puerto Rico’, explica la jueza en su orden al validar la ley que habilita la reestructuración de COFINA, aprobada en noviembre del año pasado.

Es por tanto que los nuevos bonos que emitirá COFINA para reemplazar los anteriores contarán con un sello que indique que son válidos, jurídicamente vinculantes y ejecutables al amparo de la orden de confirmación determinada por el Tribunal Federal de Distrito de Puerto Rico.

Swain tambien denegó las objeciones del abogado Peter Hein, representante de bonistas subordinados del GMS Group. Sobre su reclamo de que el proceso de mediación no fue abierto para todos los bonistas, la jueza señaló que la mediación no fue presidida por jueces, sino por las partes interesadas en acogerse a los terminos establecidos por el equipo de mediación, cuyas decisiones no eran vinculantes y por tanto no se afectaron los derechos de sus representados.

Swain denegó otra objeción de Hein que planteaba violaciones a la Cláusula de Contratos de la constitución federal por no poder demostrar que el Plan Fiscal estaba sujeto a esa disposición, y denegó otra objeción argumentando violación a la Cláusula de Tomas por no demostrar que se afectaron derechos de retención.

A juicio de Swain, la viabilidad del plan de ajuste se estableció adecuadamente en la declaración del asesor de Citi, David M. Brownstein, cuya declaración jurada establece que COFINA podrá cubrir su servicio de deuda de $420 millones este año. Según Brownstein, los recaudos del IVU se proyectan aumentando por 4% anualmente. Actualmente, el IVU genera $1,400 millones al año.

La viabilidad del plan de ajuste fue objetada por el sindicato PROSOL-UTIER mediante un estudio elaborado por el economista Jose Alameda, quien advirtió que el arreglo establecido provocaría otro impago en COFINA antes o despues del 2034. Sin embargo, durante la vista de confirmación del plan de ajuste, Swain denegó ese testimonio por la unión no tener legitimación activa en el caso.

En adelante, la próxima reestructuración de magnitud similar será la del gobierno central, la cual asciende los $15,000 millones. Pero previo a comenzar cualquier proceso de mediación, la JCF primero buscará anular $6,000 millones en bonos que se emitieron de forma ilegal.

Vea aquí la orden de Swain sobre el acuerdo de COFINA:

Vea aquí la orden de Swain aprobando el plan de ajuste de COFINA: