Pesquisa llevaba tiempo y ahora se reactivó.

La movida de la secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez, de citar al ‘chief of staff’ del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, para una investigación sobre contratos fantasmas en el Capitolio podría tener repercusiones más profundas de las consideradas hasta ahora.

Tocar a Gabriel Hernández Rodríguez proyecta un golpe quirúrgico a la estructura de poder que el senador de Trujillo Alto maneja desde el Senado con ramificaciones extensas en agencias y municipios. Junto a la excomisionada electoral, ahora jefa de Recursos Humanos del Senado, María Dolores ‘Lolín’ Santiago, Hernández Rodríguez es integrante del círculo más íntimo de Rivera Schatz.

En el caso de Hernández Rodríguez, el ámbito de acción no se limita a sus funciones en el Senado ya que, por años, ha sido secretario y tesorero del comite de campaña de Rivera Schatz lo cual, dependiendo de cómo se muevan los investigadores, puede llevar a conectar puntos que van desde las decisiones oficiales del Presidente del Senado hasta las conveniencias político partidistas del candidato.

Hernández Rodríguez comenzó su carrera pública en 2009, precisamente bajo el ala de Rivera Schatz, y la misma incluye haber sido miembro de la Junta de la Autoridad de Energía Electrica bajo la Administración Fortuño y ser legislador municipal en Camuy.

Pero a la sorpresa de haber llamado a capítulo a la mano derecha de Rivera Schatz en el contexto de una investigación criminal se suma la sospecha de que esa investigación de posibles empleados fantasmas en el Capitolio llevaba anestesiada desde junio, y no es hasta la semana pasada que parece reactivarse, coincidiendo con el fuego que le abrieron a la Secretaria de Justicia el propio Rivera Schatz y la Oficina para el Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI).

El fuego cruzado causó que, casi simultáneamente, la mano derecha de Rivera Schatz tenía que comparecer ante fiscales de Justicia para una investigación criminal y la mano derecha de Vázquez en el área criminal, la jefa de fiscales Olga Castellón, tenía que comparecer ante fiscales independientes que investigan a su jefa.

La presidenta del OPFEI, Nydia Cotto Vives ha confirmado que está abierta una investigación colateral al caso de WhatsApp y que está ‘íntimamente ligada’ a las alegaciones de Vázquez sobre un intento de coacción de la exsubsecretaria asociada a la gobernación, Itza García. Lo que pasa es que la alegación de Vázquez en sí en contra de García ya ha sido descartada por los fiscales, así que esa nueva pesquisa colateral tiene como sujeto a Vázquez y requirió la comparecencia de Castellón como testigo.

Además, la semana pasada, y tras meses de cuestionar públicamente las actuaciones de Vázquez, el presidente senatorial anunció que investigará a Justicia por el manejo irregular de imputaciones de conducta impropia contra un fiscal en Ponce.

La investigación de Justicia sobre alegados contratos fantasmas en el Capitolio no es asunto nuevo.

Tiene su origen en la querella etica que provocó la renuncia del representante Partido Nuevo Progresista (PNP) Samuel Pagán Cuadrado y que, a su vez, destapó un catálogo de irregularidades en la contratación en ambos cuerpos legislativos de las empresas International Legislative and Government Consulting Group y Global Instant Consulting Group, vinculadas al estrecho colaborador del presidente senatorial Isoel Sánchez Santiago. Casualmente, los contratos fueron cancelados justo antes que explotara públicamente el escándalo.

Aunque la querella radicada el 16 de mayo por Luis Hiram Delgado Rivera era por acoso sexual y laboral, sacó a relucir un esquema de subcontratación ilegal de los empleados de la oficina de Pagán Cuadrado a traves de una de las empresas de Sánchez Santiago, que según el querellante, era quien realmente ‘corría’ la oficina del legislador.

Delgado Rivera como otros en la oficina de Pagán, realizaba labores de empleado regular, aunque realmente era subcontratado por International Legislative, empresa a la que se otorgó contratos ascendentes a $238,000.

Los tentáculos de Sánchez Santiago se extendían hasta el Senado donde a traves de un contrato con la empresa Global, su compañera consensual Chrystal Robles aparecía fungiendo como ‘coordinadora gubernamental’ mientras era administradora a tiempo completo en el negocio Crepes By Us, en Humacao, según reveló el programa Jay y sus Rayos X.

Las indagaciones sobre Robles tambien destaparon que la Oficina de Asuntos Gubernamentales del Senado, donde estaba adscrita Robles, tiene unos 92 empleados y contratistas cuya función no está clara. En el grupo figuran candidatos derrotados y otros que se presentan como alternativas electorales para los próximos comicios bajo el auspicio de Rivera Schatz.

La comisión cameral de Ética no pudo culminar la investigación contra Pagán Cuadrado al perder jurisdicción con su renuncia, por lo que la Cámara de Representantes aprobó el 11 de junio referir el expediente a la Oficina del Contralor y al Departamento de Justicia.

Muy poco había pasado durante los meses subsiguientes con el caso referido al Departamento de Justicia. Todavía a principios de agosto Justicia no había recibido el informe de auditoría encomendado por el presidente cameral.

Delgado Rivera alegaba tener evidencia que los presidentes de los cuerpos legislativos conocían de las irregularidades en la oficina de Pagán Cuadrado, en la que además habían otros empleados fantasmas. El hombre ha denunciado que funcionarios de la Oficina del Presidente cameral intentaron evitar que radicara las denuncias que tambien están bajo investigación por las autoridades federales, según fuentes de este diario.

Tambien puso a disposición esa evidencia al Departamento de Justicia. Aunque, entre el 31 de julio y el 22 de agosto, Delgado Rivera acudió en cuatro ocasiones ante los investigadores de la agencia pero nunca le tomaron juramento, denunció en aquel momento. En esa última citación, el joven entregó para que copiaran todo el tracto de comunicaciones guardado en su móvil.

Como un tercer foro surge la esfera federal, ya que las alegaciones sobre el esquema de empleados fantasmas en la Casa de las Leyes tambien está referido a agencias investigativas del Gobierno de los Estados Unidos en Puerto Rico.